El Gobierno declarará este sábado el estado de alarma. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia sin preguntas en el Palacio de la Moncloa. Las medidas concretas no han sido desveladas por el jefe del Ejecutivo a la espera de un Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará el sábado y tomará, como indica la Constitución, formalmente la decisión.
Sánchez ha asegurado que el estado de alarma durará 15 días, aunque puede ser prorrogado con autorización del Congreso de los Diputados, con cuya presidenta, Meritxell Batet, ya ha hablado Sánchez. "La emergencia sanitaria y social provocada por el coronavirus" crea "circunstancias extraordinarias" que aconsejan otorgar al Gobierno central poderes reforzados para adoptar un "conjunto de decisiones excepcionales", ha dicho el presidente.
Entre ellas estará la movilización de recursos "tanto públicos como privados" y "tanto civiles como militares". El Gobierno apunta así a la movilización de la sanidad privada y la intervención en empresas estratégicas que permitan blindar la atención a los contagiados y también sugiere la utilización del Ejército, algo que podría ser clave si se decide una restricción de movimientos.
"Estámos solo en la primera fase de un combate contra el virus", ha dicho Sánchez sin paños calientes. "Nos esperan semanas muy duras", ha pronosticado. "No cabe descartar que en la próxima semana alcancemos desgraciadamente más de 10.000 afectados", según el presidente. En la actualidad, según datos del mediodía del viernes, hay 4209 positivos por el virus y 120 muertos, por lo que Sánchez ya estima como muy probable la multiplicación de las cifras actuales.
La prioridad es "evitar una propagación demasiado rápida". "Tardaremos semanas, va a ser muy duro y difícil, pero vamos a parar el virus", ha dicho Sánchez, recordando de nuevo que la prioridad que todos los ciudadanos adopten medidas en su día a día, se proteja a las personas vulnerables y se eviten los movimientos no imprescindibles, descartando los viajes en la medida d elo posible.
La decisión de decretar el estado de alarma ha sido una iniciativa personal de Sánchez, que los ministros han asumido con total rapidez, según las fuentes consultadas. En la reflexión del presidente ha estado la necesidad de tomar medidas teniendo en cuenta decisiones de otros países y la necesidad de adoptar todas las determinaciones que consigan, de manera efectiva, que la población se aisle para evitar nuevos contagios.
La medida permite al Gobierno tomar decisiones con más agilidad y expertos en derecho creen desde hace días que está perfectamente indicada para una situación así. Es más, en su artículo cuatro se faculta al Gobierno a decidirlo en caso de "crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves".
El estado de alarma debe ser controlado por el Congreso de los Diputados, ante el que Sánchez tendrá que comparecer para explicar qué medidas quiere adoptar en ese marco.
Entre otras posibilidades, el Gobierno puede tomar el control de "los integrantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas" para que respondan ante su mando y actúen de forma coordinada. El empleo de medios policiales y militares para controlar los movimientos de personas dentro del país es otra opción, además de preservar los centros de salud y hospitalarios para la atención a enfermos o contagiados.
El estado de alarma concentrará la autoridad en el Gobierno central, reforzará su control de los servicios públicos, así como la garantía de la producción, suministro y abastencimiento de sectores clave. Entre las posibilidades está también la activación de un control de precios y el uso de bienes privados, como los recursos de la empresas de sanidad.
Medidas de urgencia en todas las comunidades
Las medidas anunciadas este mediodía por Moncloa se suman al goteo de acciones que han venido tomando las comunidades autónomas a lo largo de estos días y que se han visto intensificadas con la expansión del coronavirus. La Comunidad de Madrid, que continúa siendo la región más castigada por el Covid-19 —con 2.078 casos confirmados, según el Ejecutivo autonómico— adoptó este viernes por la mañana la decisión de cerrar toda la actividad del sector de la hostelería a partir de este sábado. Lo acordó el Consejo de Gobierno en una reunión, convocada con carácter extraordinario, en la Real Casa de Correos. La medida se suma al cierre de todos los centros educativos, así como al de los centros de día y las restricciones de visitas a centros de mayores. Además, se han aplazado o suspendido algunas intervenciones sanitarias y se ha desinfectado diariamente el transporte público.
Por su parte, el Gobierno del País Vasco declaró este viernes por la mañana la alerta sanitaria en la comunidad. Es, junto a Madrid, una de las regiones más afectadas por la extensión del virus, puesto que según el último balance del Ministerio de Sanidad ya hay 417 casos confirmados. La medida, adoptada tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, fue anunciada por el lehendakari Iñigo Urkullu, que aseguró que se están tomando medidas que implican un esfuerzo "extraordinario" para la población, aunque ha asegurado que se trata de unas actuaciones "justificadas" ante la "gravedad" la pandemia.
Lo decretado está regulado por el artículo 8 de la Ley de Gestión de Emergencias del País Vasco, que abre la puerta a la posibilidad de aplicar medidas "que afecten a derechos de la ciudadanía en los términos establecidos por las leyes, así como adoptar medidas de obligado cumplimiento para sus destinatarios". Esto significa, en resumen, que se abre la puerta al “confinamiento de personas en sus domicilios o en lugares seguros", la "evacuación o alejamiento de las personas de los lugares de peligro", la "restricción de acceso a zonas de peligro o a zonas de operación", y "la limitación o condicionamiento del uso de servicios públicos y privados o el consumo de bienes".
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Además de estas dos comunidades, Cataluña también adoptó nuevas medidas para frenar el avance del coronavirus, que ya suma 316 casos positivos en la comunidad. Así, el conseller de Interior, Miquel Buch, compareció este viernes al mediodía para anunciar que la reunión del Procicat en el Palau de Pedralbes había decretado el cese de actividades de zonas comerciales, pistas de esquí, gimnasios, discotecas y centros comerciales no destinados a la alimentación o los productos de primera necesidad. Según añadió Buch, el Govern concretará a lo largo de la tarde de este viernes estas medidas, aunque no se descartan decisiones "más drásticas".
Murcia, la última autonomía en confirmar un positivo, ya tiene 35 casos en su región. Por ello, este viernes decretó el confinamiento de sus zonas turísticas. Así lo confirmó el presidente autonómico, Fernando López Miras, que aseguró en una rueda de prensa que no va a "a permitir ninguna irresponsabilidad más". “Hemos visto que una persona con la enfermedad viajó en tren y llegó a la costa, debiendo ser ingresada en el hospital de los Arcos, donde permanece en la UCI y su estado de salud es muy preocupante en estos momentos y esto es inadmisible", advirtió.
Por su parte, Castilla y León pidió este viernes declarar el estado de alarma, en sintonía con lo anunciado por el País Vasco. Además, y tal y como anunció el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, la autonomía suspende las clases en colegios, institutos y universidades. Esta medida, no obstante, ya había sido decretada por el resto de comunidades autónomas que, gradualmente, fueron adoptando esta decisión a lo largo de toda la semana. Así, todas las aulas de España quedarán cerradas desde el próximo lunes 16 de marzo, una medida que afectará a aproximadamente 10 millones de estudiantes.
El Gobierno declarará este sábado el estado de alarma. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia sin preguntas en el Palacio de la Moncloa. Las medidas concretas no han sido desveladas por el jefe del Ejecutivo a la espera de un Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará el sábado y tomará, como indica la Constitución, formalmente la decisión.