El fiscal de sala y jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, será nombrado fiscal general del Estado en sustitución de Dolores Delgado, según las fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press.
Ortiz, que hasta ahora ha ejercido de mano derecha de Delgado, será su sucesor en el cargo después de que este martes haya anunciado su dimisión del cargo poco después de reincorporarse de una baja médica por una operación en la columna vertebral y tras dos años y medio de mandato.
La vicepresidenta para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, han hecho un llamamiento a la unidad a los grupos parlamentarios del Congreso de cara a un posible corte del gas por parte de Rusia.
El encuentro, al que estaban convocados los grupos a petición del Ministerio de Transición Ecológica a partir de las 12.30 horas, ha tenido lugar en el marco de elaboración del Plan de contingencia de seguridad energética, dirigido a afrontar un escenario de escasez de gas en la Unión Europea como resultado de la guerra en Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia.
Al término del encuentro, que se ha prolongado durante una hora y media y en el que también ha estado presente el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, Ribera ha justificado el encuentro en la necesidad de que el futuro plan cuente "con el máximo consenso social e institucional".
Por parte de los grupos parlamentarios, varias fuentes -que han participado en la reunión- consultadas por Europa Press han comentado que el Gobierno se ha centrado en exponer el estado de la situación, destacando en la necesidad de no caer en el alarmismo y el mejor punto de partida de España respecto a otros socios europeos, más dependientes del gas ruso.
Sin embargo, varios diputados han destacado que sólo el hecho de que Ribera les convocase de esta manera ya da a entender la gravedad de la situación que sobreviene. "Si nos convocan a todos a una reunión de estas características es que esto no pinta bien", apuntaba una de las personas presentes en el encuentro.
El mensaje trasladado es que, por mucho que España no se encuentre con problemas de suministros, también deberá estar preparada ante posibles "sacrificios" ante una eventual restricción del gas o para reducir su dependencia.
La ministra de Defensa de Alemania, Christine Lambrecht, ha advertido de que Berlín no está ya en disposición de enviar "mucho más" material de sus Fuerzas Armadas a Ucrania en el marco de la guerra, iniciada a finales de febrero por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.
"Ya no podemos regalar mucho más de la Bundeswehr (Ejército alemán), lo digo muy claramente, y mi colega también lo sabe", ha dicho Lambrecht en alusión a su homólogo ucraniano, Oleksei Reznikov, recoge el diario Frankfurter Allgemeine.
La ministra germana ha visitado este martes a la brigada franco-alemana en la ciudad de Müllheim, ubicada en el suroeste del país y fronteriza con Francia.
Desde allí, Lambrecht ha reconocido tener una relación constructiva y de confianza con Reznikov y ha apuntado que Alemania "seguirá apoyando (a Ucrania) en el futuro".
La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha avanzado que el Ejecutivo tiene que demostrar "mano dura" ante las eléctricas y, en esa línea, solicitará al PSOE crear una nueva figura de delito fiscal que penalice a las grandes empresas que repercutan el coste de los impuestos a sus consumidores.
Es más, ha defendido que esa nueva figura también contemple el agravante cuando esa práctica se acometa por parte de empresas que operen en sectores estratégicos del país.
"Mandaríamos el mensaje correcto de que no se va a tolerar ningún tipo de ataque al interés general y que vamos a proteger a la ciudadanía cueste lo que cueste, en los momentos más difíciles", ha explicado durante su intervención en la mesa redonda 'De la pandemia a la guerra de Ucrania: democracia, derechos y paz', en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid.
La semana pasada el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ya abogó por poner en marcha mecanismos para controlar y sancionar si las grandes empresas energéticas y financieras trasladan el coste de los nuevos impuestos a sus clientes.
"Vamos a meter cláusulas para que la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) pueda vigilar y sancionar si trasladan este impuesto a los precios y les pueda sancionar", aseguró entonces.
El 74% de los españoles valora positivamente la pertenencia de España a la OTAN y el mismo porcentaje sigue con preocupación la guerra de Ucrania, con el temor de que Rusia pueda en algún momento invadir otro país, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
El sondeo se interesa por la invasión de Ucrania y la percepción de los ciudadanos respecto a la Alianza Atlántica con una encuesta realizada durante los primeros doce días de julio, justo después de la celebración en Madrid de la Cumbre de la OTAN.
En este sentido, hasta el 90,3% de los preguntados aseguran haber tenido noticias de este cónclave que reunió a todos los líderes de la Alianza y poco más de la mitad siguió con cierto interés las noticias relacionadas con la Cumbre.
Con ello, hasta el 74% de los ciudadanos califican de positiva la pertenencia de España a la Alianza y este porcentaje sube hasta el 83% cuando se trata de la participación de las Fuerzas Armadas españolas en misiones internacionales.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la distribución territorial del nivel acordado en materia de dependencia entre las comunidades autónomas y los criterios de reparto de créditos por un importe de más de 483 millones de euros para la financiación de la atención a las personas en situación de dependencia.
Con esta resolución, además de aumentar la inversión, el Ministerio de Derechos Sociales asegura que se "amplía y mejora" los criterios de reparto con tres objetivos: reducción de las listas de espera, mejora de la calidad del empleo en el sector y mejora de la calidad de las prestaciones y servicios.
Además, destaca que en los Presupuestos Generales de 2021 y de 2022, ha incrementado de manera "notable" las cuantías que aporta a las autonomías para la atención de personas en situación de dependencia.
De esta forma, desde el Ejecutivo explican que así se han "revertido los recortes" de las legislaturas previas y se ha "duplicado prácticamente" la inversión estatal en dependencia en apenas dos años, alcanzando su "mayor cifra histórica.
Concretamente, Andalucía percibirá 89,6 millones para invertir en el nivel acordado de Dependencia, seguida de Madrid con 67,3 millones, Cataluña con 60,2 millones, Castilla y León (46,6 millones), Comunidad Valenciana (43,1 millones) y Castilla-La Mancha (31,9 millones).
El Tribunal de Cuentas ha aceptado este martes devolver a Esquerra Republicana, tras admitir los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), los 2,1 millones de euros que depositó como garantía de la presunta responsabilidad contable de exaltos cargos del Govern por el presunto desvió de fondos para la acción exterior -las 'embajadas catalanas' y el Diplocat- en el procés.
El Departamento Segundo de Enjuiciamiento del tribunal ha estimado en un auto la petición del exconseller catalán Raül Romeva; después de que denegara una petición en el mismo sentido del partido político independentista, por tener que partir de los propios encausados.
El órgano fiscalizador ha adoptado esta decisión después de que durante la vista oral celebrada el pasado 12 de julio la Fiscalía cambiara de criterio para apoyar la devolución del dinero a ERC.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto por el que se modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, una medida que busca garantizar a las víctimas de violencia de género un asesoramiento de calidad, sin que sea posible la participación en dicho servicio de abogados que hayan sido condenados por violencia de género.
Según ha informado el Ministerio de Justicia, se trata de que las víctimas sean correctamente asesoradas por los letrados de los turnos de oficio que están especializados en esta área. Este real decreto, explican, tiene su origen en una recomendación efectuada por el Defensor del Pueblo al Ministerio de Justicia.
Todo ello, apunta el Ministerio, a raíz de una queja formulada por una federación de asociaciones de mujeres en la que se denunciaban que abogados condenados por violencia de género ejercen como abogados de oficio en asuntos relacionados con estos delitos en turnos especializados.
En este contexto, y ante la existencia de otras víctimas también vulnerables -como las víctimas de terrorismo y de trata de seres humanos, víctimas menores de edad y víctimas con discapacidad-, la norma se hace extensible a otros casos.
La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha pedido este martes "a las administraciones, a los empresarios y a los sindicatos" que revisen "las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos laborales" ante las temperaturas extremas, para evitar la muerte de los trabajadores por olas de calor.
Rodríguez ha manifestado el "pesar" del Ejecutivo por "aquellos que han fallecido como consecuencia de la ola de calor" en sus puestos de trabajo, en concreto, un barrendero y un empleado de un taller de neumáticos, ambos en Madrid.
"El Gobierno actuará con contundencia a través de la Inspección de Trabajo, como ya está haciendo, y seguiremos atentos y vigilantes a estas situaciones", ha asegurado la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El Partido Popular ha recordado este martes que el nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hizo campaña electoral hace apenas dos años junto a los socialistas gallegos en contra del entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, según han señalado fuentes del PP.
Se trata de la primera valoración del primer partido de la oposición nada más conocer que Dolores Delgado ha anunciado su dimisión como fiscal general del Estado por "motivos de salud", un puesto en el que le sustituirá Álvaro García Ortiz.
García Ortíz, fiscal de sala y jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE), será nombrado fiscal general del Estado en el Consejo de Ministros que se celebra este mismo martes.
El fiscal de sala y jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, será nombrado fiscal general del Estado en sustitución de Dolores Delgado, según las fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press.
Ortiz, que hasta ahora ha ejercido de mano derecha de Delgado, será su sucesor en el cargo después de que este martes haya anunciado su dimisión del cargo poco después de reincorporarse de una baja médica por una operación en la columna vertebral y tras dos años y medio de mandato.