No hay prisa. El Congreso no se constituye hasta el próximo día 21 y no será hasta después de las elecciones autonómicas, municipales y europeas programadas para el superdomingo del 26 de mayo cuando habrá que encarar el procedimiento de investidura.
Así que el PSOE no va a correr ningún riesgo y evitará que la nueva campaña electoral contamine con sus inevitables tensiones la búsqueda de la mayoría necesaria para que Pedro Sánchez sea reelegido presidente del Gobierno.
Pero no es ese el único motivo. El PSOE quiere que la negociación de la investidura, así como de los acuerdos que puedan dar estabilidad al Gobierno durante toda la legislatura —uno de los objetivos centrales de Sánchez— se vincule a la búsqueda de pactos de gobernabilidad en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas que votan el 26M (todas menos Galicia, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Comunitat Valenciana). Las elecciones del 26M “van a cerrar el cuadro de gobernabilidad en España”, reconoció este lunes en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Y “más allá de los discursos y las estrategias de la campaña, habrá resultados que habrá que integrar en la gobernabilidad”.
Pedro Sánchez se ha propuesto formar un Gobierno estable que tenga como horizonte los cuatro años de legislatura y que ponga fin a la incertidumbre en la que vive la política española desde la irrupción de los nuevos partidos —Podemos y Ciudadanos— en las elecciones generales de 2015. El candidato socialista está convencido de que nadie le va a discutir la Presidencia pero sabe también que no le va a salir gratis.
El PSOE se dispone a hablar con todos los grupos presentes en el Congreso y, según Ábalos, estará dispuesto llegar a acuerdos con aquellos que coincidan “con su programa de justicia social de inspiración socialdemócrata” y “dentro del marco del respeto a la Constitución y a la institucionalidad”. Dicho de otro modo: con Unidas Podemos y las formaciones nacionalistas e independentistas, siempre que no planteen nada fuera de la ley, como la celebración de un referéndum de autodeterminación. Y por si había alguna duda, el número tres del PSOE volvió a elogiar la experiencia del acuerdo programático firmado con la formación de Pablo Iglesias en la legislatura que acaba de terminar.
Cuando llegue el momento, previsiblemente después del 26M, habrá que “hablar de programas y de políticas”, precisó. ¿Hay alguna posibilidad con Ciudadanos? No lo parece. El “programa de izquierdas” que el PSOE ha planteado “no ha tenido mucho aval por parte de esta formación”, subrayó Ábalos. “Nosotros queremos hacer políticas progresistas, no nos estamos planteado esa posibilidad [de un pacto con Ciudadanos]”.
A la espera de que se resuelvan las elecciones del 26M, el PSOE no tiene intención de concretar nada sobre la mejor manera de acordar la estabilidad del nuevo gobierno. “Tenemos mucha experiencia en generar mayorías y alcanzar acuerdos sin necesidad de coaliciones, tenemos cultura de entendimiento”, explicó Ábalos.
Mientras tanto, los socialistas se van a tomar unos días de descanso aprovechando el puente de mayo. El parón irá bien, calculan fuentes socialistas consultadas por infoLibre, para que todos los partidos reposen los resultados del domingo y hagan sus cuentas. Y también para que sus dirigentes “hablen entre ellos”. Las mismas fuentes aseguran que los primeros contactos, seguramente informales, pensando en la constitución del Congreso y el Senado y la obligada elección de las Mesas de gobierno de ambas Cámaras, no comenzarán hasta la semana que viene.
Esa será la primera prueba de fuego de la sintonía del PSOE con otras formaciones, especialmente Unidas Podemos y Esquerra, el partido catalán que, a partir de ahora, dominará el espacio independentista —logró 15 escaños por sólo siete de la candidatura posconvergente impulsada por Carles Puigdemont—.
Las mismas fuentes confirmaron a infoLibre que las relaciones con Unidas Podemos son “correctísimas”, hasta el punto de dar por hecho que será posible alcanzar un acuerdo, más allá de que adopte la forma de una coalición de gobierno, de un pacto de legislatura o de uno de investidura. Otra cosa es lo que pueda pasar con Esquerra, cuyo voto a favor de Sánchez o su abstención en la segunda votación puede acabar siendo imprescindible para la reelección del líder socialista.
A este asunto se refirió el lunes la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, verbalizando el deseo de los socialistas de que el partido de Oriol Junqueras declare su voluntad de mantenerse dentro de la ley y confirme el abandono de la vía unilateral. “Esperamos que los resultados no les hagan pensar que tienen razón en mantener su línea. Tienen la confianza de muchos votantes pero tienen que tener gran responsabilidad”. El PSOE, añadió, mantendrá abierta la puerta al diálogo, pero “siempre en el marco de la Constitución. Nunca vamos a aceptar un referéndum de autodeterminación”, subrayó.
Más allá de la calculada ambigüedad mantenida en las últimas semanas, que tiene que ver con la voluntad de seguir captando votos del espacio de centro, en el PSOE tiene nclaro que Ciudadanos ni apoyará ni facilitará la investidura de Sánchez,apoyará especialmente ahora, que se dispone a disputar al PP la jefatura de la oposición y hacerse con los restos del naufragio de Pablo Casado con el objetivo de convertirse s medio plazo en la referencia del centroderecha entre PSOE y Vox.
La nueva mesa del Congreso
El reparto de las Mesas del Congreso y del Senado es clave para el Gobierno. En los últimos diez meses PP y Cs las utilizaron para bloquear sistemáticamente las iniciativas del Ejecutivo. Sobre el papel, son varias las hipótesis de reparto de los puestos. Por ejemplo, tres puestos —incluida la Presidencia— para los socialistas, dos para el PP y uno para Cs, Unidas Podemos, Vox y Esquerra. Sea cual sea el escenario, los socialistas intentarán que la izquierda tenga mayoría en la Mesa, a diferencia de lo ocurrido en la legislatura que acaba de terminar.
La mecánica de votación de los puestos de la Mesa del Congreso, sin embargo, obliga al PSOE a llegar a acuerdos con Unidas Podemos y Esquerra si quiere conseguir hacer realidad cualquiera esa hipótesis, clave para que la izquierda pueda desarrollar una agenda legislativa fructífera durante los próximos cuatro años.
Lo que ocurra con la investidura dependerá en parte de que los tres partidos sean capaces de trazar un acuerdo para la Mesa, del resultado de las elecciones del 26M y de las líneas rojas que puedan trazar como condición para votar a favor de hacer a Sánchez presidente. Esta vez no existe un plan B —no hay un candidato alternativo viable— y si el líder del PSOE no consigue ser elegido habrá que repetir las elecciones, un escenario que nadie parece interesado en forzar.
La aritmética del Congreso es más favorable al PSOE que en la legislatura recién terminada, pero está lejos de ser sencilla. Y para complicar más las cosas, en la nueva legislatura se da una anomalía: cuatro diputados —uno de Esquerra, su presidente, Oriol Junqueras, y tres de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull— están en prisión. Fuentes del Supremo citadas por algunos medios aseguran que el Alto Tribunal que les está juzgando por rebelión les va a permitir tomar posesión de sus escaños —lo que implica dejarles asistir al pleno de constitución del Congreso— pero, paradójicamente, en cuanto lo hagan serán privados de sus derechos como diputados en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Entraremos entonces en un complejo escenario que ya ha vivido el Parlament de Cataluña. Si la Cámara Baja lo resuelve del mismo modo, permitirá a los cuatro afectados delegar sus votos en tanto no se resuelva su situación penal. Y si ellos actúan como lo han hecho sus compañeros en la Cámara autonómica catalana, es de prever que sólo Junqueras pueda delegar su voto y que los tres representantes de Junts se nieguen a acatar el criterio de Supremo, lo que privará a su partido de tres votos.
Esto es muy relevante porque si los acontecimientos se desarrollan de ese modo, ocurrirá que la mayoría relativa en el Congreso bajará de 176 a 174 escaños.
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En estos momentos, y a la espera de lo que den de sí las conversaciones entre Sánchez e Iglesias, la suma de PSOE y UP alcanza los 165 escaños, 11 menos que la mayoría absoluta del Congreso. El PNV puede sumar seis, Compromís uno y el Partido Regionalista Cántabro otro, lo que elevaría la cifra a 173, tres menos de los que necesitaría Sánchez para ser elegido presidente en la primera votación de investidura.
Del otro lado del hemiciclo ya se han situado PP, Cs, Navarra Suma y Coalición Canaria, que unidos suman 151 escaños. Así que si el candidato socialista quiere salir elegido en la primera votación necesita del apoyo de cualquiera de los partidos soberanistas representados en el Congreso: Esquerra (15 o 14 escaños, depende del Supremo), Junts (siete o cuatro) y EH Bildu (cuatro). Eso sí: en la segunda votación, a Sánchez le bastaría con que al menos uno de ellos se abstuviese.
Podemos reunió este lunes a su ejecutiva para analizar la situación. Fuentes de la organización liderada por Iglesias aseguran que entre sus conclusiones está la convicción de que España desea que la izquierda se ponga “de acuerdo y que haya gobiernos de coalición” no solo en el ámbito estatal sino también en el autonómico y municipal. Es el momento de “hacer pactos entre fuerzas políticas diferentes” para lograr “estabilidad”. “Así han votado los españoles”, aseguran las mismas fuentes.
No hay prisa. El Congreso no se constituye hasta el próximo día 21 y no será hasta después de las elecciones autonómicas, municipales y europeas programadas para el superdomingo del 26 de mayo cuando habrá que encarar el procedimiento de investidura.