La posición de Pedro Sánchez sobre Cataluña no consigue salir del punto muerto. De un lado, las vías de diálogo con el independentismo que siguen abiertas y su propuesta de una reforma constitucional y estatutaria que amplíe el autogobierno en el marco de un Estado plurinacional no han conseguido mover ni un milímetro las posiciones de los independentistas catalanes, que continúan sin aceptar ninguna solución que no sea un referéndum de autodeterminación. Del otro, la amenaza de asumir la seguridad pública enviando a la Policía y a la Guardia Civil para hacer frente a las movilizaciones de los CDR está muy lejos de contentar al PP y a Ciudadanos, que no pasan por menos que por una suspensión indefinida de la autonomía catalana y por la ruptura de relaciones con PDeCAT y Esquerra.
A pesar del evidente enrarecimiento de la situación, ni el presidente ni los independentistas catalanes, ni el PNV ni Unidos Podemos quisieron este miércoles, en el Pleno celebrado en el Congreso de los Diputados, dar por enterrado el diálogo. Pedro Sánchez, como lleva haciendo desde que llegó a la Moncloa, insistió en que la única salida pasa por el diálogo dentro de la ley. Joan Tardà (ERC) aseguró que se está “a tiempo” de llegar a acuerdos. Carles Campuzano (PDeCAT) propuso recuperar “el espíritu de la moción de censura”. Aitor Esteban (PNV) pidió negociación política y “generosidad”. Y Pablo Iglesias (Unidos Podemos) reclamó no ceder a las presiones que tratan de inflamar la situación para impedir un acuerdo.
Por no descartar, ninguno de ellos quiso dar por muerta incluso la posibilidad de llegar a acuerdos sobre los presupuestos, aunque no faltaron las críticas al Gobierno por haberse esforzado poco a la hora de buscar los apoyos que necesita.
Eso sí: nadie dio muestras de estar dispuesto a modificar la posición que ha venido defendiendo durante los últimos meses. Los independentistas siguen reclamando un referéndum de autodeterminación que consideran “inevitable” y el archivo de las acusaciones contra los dirigentes del procés acusados de rebelión —ni Tardà ni Campuzano accedieron a renunciar a la unilateralidad como les pidió Sánchez—. Y el presidente no se movió de sus límites: diálogo dentro de la ley, empezando en Cataluña. Un acuerdo para mejorar el autogobierno, el único que en su opinión tiene el potencial de reunir los dos tercios necesarios para poner en marcha una reforma del Estatuto que, si llegara a producirse, se comprometió a respetar en el Congreso, lo que inmediatamente indignó al presidente del PP, Pablo Casado, que quiso ver en esa oferta una nueva cesión al independentismo.
La propuesta de Sánchez es la misma que el PSC trasladó a la mesa de diálogo recientemente abierta por el president Quim Torra: reconocimiento del estatus nacional de Cataluña y hacienda federal en el marco de una reforma constitucional que redefina España como Estado plurinacional. El problema es que las tesis del PSC sólo merecieron el respaldo de menos del 14% de los catalanes en las elecciones de hace un año y desde entonces los socialistas han sido incapaces de atraer a nadie a su territorio, ni a la izquierda ni a la derecha.
El empeoramiento de la situación en Cataluña en los últimos días, con la defensa de la vía eslovena hacia la independencia —que provocó una guerra con decenas de muertos— por parte de Torra y la decisión de la Generalitat de no actuar contra los CDR que paralizaron durante horas varias vías de comunicación clave ha forzado a Sánchez a endurecer el tono de los mensajes que envía a los independentistas, en parte empujado por su propio partido, en el que han empezado a aflorar las voces de quienes creen que el diálogo sobre Cataluña les está perjudicando.
El problema, en este caso, es que la amenaza de enviar a la Policía y a la Guardia Civil a Cataluña si los Mossos siguen sin actuar contra los autodenominados Comités de Defensa de la República, es el escalón más bajo del catálogo de recursos a disposición del Gobierno para hacer garantizar el orden. Y no ha conseguido atraer a PP y a Ciudadanos a apoyar al Ejecutivo. Ambas formaciones exigen desde hace meses la adopción de medidas mucho más extremas: una suspensión indefinida de la autonomía catalana que incluya no sólo la destitución del Govern sino la intervención de los medios públicos y el control del sistema educativo.
Esfuerzo inútil
Los esfuerzos de Sánchez para intentar que tanto Pablo Casado como Albert Rivera cierren filas con el Gobierno como él mismo hizo cuando Mariano Rajoy tuvo que enfrentar la crisis secesionista de 2017 no han servido para nada. Ambas formaciones siguen retratándole como un rehén del independentismo, por más que PDeCAT y Esquerra no hayan hecho otra cosa que negarle su apoyo para sacar adelante los Presupuestos de 2019.
Para colmo, el nuevo tono de firmeza adoptado hacia Quim Torra tampoco parece que vaya a ser suficiente para tranquilizar a los barones más críticos con Sánchez, que en seis meses se enfrentan a las urnas y creen que Cataluña ha tenido un gran peso en el pésimo resultado electoral de Susana Díaz en Andalucía. Emiliano Garcia-Page, presidente de Castilla-La Mancha y uno los dirigentes más destacados del ala derecha del PSOE, se unió este miércoles al PP y Ciudadanos al sugerir la conveniencia de que los partidos independentistas sean excluidos del sistema político.
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, resumió con claridad el pesimismo reinante al reconocer que el Gobierno ha tenido “poco éxito” en su intento de rebajar la crispación en Cataluña, razón por la cual ha apostado por “compaginar la templanza con la firmeza” y no por aplicar el artículo 155 de la Constitución, como piden PP y Ciudadanos.
Cuando el Ejecutivo creía que “las cosas habían entrado en una fase que permitía mayor diálogo”, la Generalitat ha vuelto “a encrespar” la situación y ha “obligado al Gobierno a hacer lo que toca hacer”, pedir explicaciones, decir que la situación no es aceptable y advertir de que si se repiten los hechos del fin de semana tendrá que aplicar la ley.
Borrell explicó, en un acto organizado or el diario conservador Abc, que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo “un enorme esfuerzo” para bajar la tensión y “encontrar problemas reales y resolverlos” pero, tal como ha mostrado el debate parlamentario de este mismo miércoles, no hay “mucha esperanza” de que vaya a conseguirlo.
Los independentistas, indicó, siguen en posición de “sí o sí, queremos independencia y un referéndum para conseguirla”. Es difícil establecer una negociación entre “dos variables binarias, cero y uno, sin término medio”, admitió.
El escenario depende ahora de lo que pase en los próximos días en el contexto del Consejo de Ministros que se celebrará en Barcelona el 21 de diciembre y del inicio de la vista oral en el Tribunal Supremo contra los presos del procés. Dos citas contra las que una gran parte del independentismo planea movilizarse y que pondrán a prueba el compromiso real de la Generalitat de controlar el orden público y del Gobierno de cumplir su amenaza de enviar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La posición de Pedro Sánchez sobre Cataluña no consigue salir del punto muerto. De un lado, las vías de diálogo con el independentismo que siguen abiertas y su propuesta de una reforma constitucional y estatutaria que amplíe el autogobierno en el marco de un Estado plurinacional no han conseguido mover ni un milímetro las posiciones de los independentistas catalanes, que continúan sin aceptar ninguna solución que no sea un referéndum de autodeterminación. Del otro, la amenaza de asumir la seguridad pública enviando a la Policía y a la Guardia Civil para hacer frente a las movilizaciones de los CDR está muy lejos de contentar al PP y a Ciudadanos, que no pasan por menos que por una suspensión indefinida de la autonomía catalana y por la ruptura de relaciones con PDeCAT y Esquerra.