Pedro Sánchez dejó claro desde el principio a la federación andaluza de Susana Díaz cuáles eran sus condiciones para las candidaturas al Congreso de los Diputados. Y la Comisión Nacional de Listas, el órgano del partido que tiene la penúltima palabra en este asunto —la decisión final corresponde al Comité Federal, que se reunirá este domingo— se propone cumplir este viernes su mandato y consumar que en las listas del PSOE por Andalucía no vaya ninguno de los dirigentes susanistas que destacaron en la conjura que acabó forzando la dimisión de Sánchez el 1 de octubre de 2016 e impuso la gestora que facilitó la investidura de Mariano Rajoy. Entre ellos Antonio Pradas, mano derecha de la expresidenta andaluza Susana Díaz.
Hasta el domingo todo es posible, pero la propia federación andaluza reconoció en privado en los últimos días el derecho del secretario general a confeccionar las listas a su medida y nada hace prever que ni Andalucía ni Aragón visibilicen su discrepancia en la reunión del Comité Federal. Lo que no ha impedido a ambas federaciones hacer oír sus propuestas ante la Comisión de Listas.
La comisión ejecutiva provincial de Sevilla había propuesto como número uno por Sevilla a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como quería Sánchez, pero incluía en segundo lugar a Pradas. La lista situaba en el tres a Carmen Cuello (también susanista) y ponía en cuarto puesto al actual delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodriguez Gómez de Celis, reconocido sanchista.
La dirección de Sánchez tampoco está de acuerdo con la distribución de los puestos de salida de las listas de Córdoba, Cádiz y Almería, las tres encabezadas por ministros del Gobierno —Luis Planas, Fernando Grande-Marlaska y Jose Guirao— y se proponía cambiarla para ajustarla a sus deseos.
Si la Comisión de Listas o el Comité Federal modifican las candidaturas que les han propuesto los comités provinciales no estarán imponiendo su voluntad sino ejerciendo las competencias que les otorgan los estatutos y los reglamentos internos del PSOE. En el caso de las listas al Congreso y al Senado las agrupaciones locales sólo tienen capacidad de “proponer” candidatos y la última palabra corresponde a Ferraz, no es un sistema de primarias.
A diferencia de lo que ocurría hasta ahora, y valiéndose de la capacidad que le otorgan los estatutos y de la autoridad que ha ganado como presidente del Gobierno, Sánchez quiere contar a partir del 28 de abril con un grupo parlamentario leal y compacto, sin espacio para disidencia. Algo que no ocurría desde que el actual secretario general sucedió en el cargo a Alfredo Pérez Rubalcaba, hace ya casi cinco años.
Eso es exactamente lo mismo que hizo Susana Díaz cuando confeccionó a su medida las listas que presentó a las elecciones al Parlamento de Andalucía, de las que excluyó todo rastro de partidarios de Pedro Sánchez.
Por eso el secretario general también parece decidido a imponer su voluntad a la federación de Aragón. En la lista al Congreso por Zaragoza, que encabezará de nuevo Susana Sumelzo —responsable de Política Municipal de la Ejecutiva— Ferraz quiere situar como número dos al Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, Pau Marí-Klose, en vez de la candidato del PSOE aragonés, Óscar Galeano.
Sánchez tampoco quiere al sociólogo Ignacio Urquizu, que en su día apostó claramente por Díaz en las primarias, al frente de la lista por Teruel. Y tiene que resolver qué hace con la lista al Ayuntamiento de Zaragoza, donde la candidata, Pilar Alegría, discrepa de la lista de acompañantes que ha diseñado para ella la dirección de Javier Lambán.
Castilla y León y Galicia
Además de Andalucía y Aragón, el Comité de Listas tiene previsto resolver los problemas planteados por las candidaturas de algunas provincias de Castilla-La Mancha (León y Palencia) y Galicia (Lugo) que, en principio, tampoco se ajustan a los deseos de Sánchez.
El líder del PSOE ha incorporado a las listas en puestos de salida a todos sus ministros, con la única excepción de la titular de Economía, Nadia Calviño, que declinó encabezar la candidatura por A Coruña, su provincia natal. Su objetivo es aprovechar el tirón electoral que atribuye a los miembros del Ejecutivo. Del mismo modo ha buscado acomodo a un buen número de colaboradores del partido y altos cargos del Gobierno.
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Sánchez se hará acompañar en la candidatura por Madrid de la vicepresidenta Carmen Calvo, y de las ministras Teresa Ribera, Dolores Delgado y Reyes Maroto, así como del secretario general de la federación socialista madrileña, José Manuel Franco. Rafael Simancas, actual secretario del grupo parlamentario, caerá previsiblemente al séptimo puesto.
La Comisión de Listas debe resolver también la composición de la candidatura europea, que encabezará el ministro de Exteriores, Josep Borrell, y de la que, a falta de conocer el futuro del exministro José Blanco, está prevista la salida, entre otros, de la que fuera número uno hace cinco años, Elena Valenciano, y del histórico Ramón Jáuregui. Sí estarán la responsable de la delegación socialista en Estrasburgo, Iratxe García, Javier López, del PSC, y posiblemente el politólogo Sami Naïr.
Los acuerdos de la Comisión de Listas serán revisados y aprobados definitivamente este domingo por el Comité Federal del PSOE —un órgano dominado, ahora sí, por una amplia mayoría de fieles al secretario general— en una reunión en la que, pase lo que pase, no se prevén grandes discrepancias, ni siquiera por parte de los dirigentes andaluces y aragoneses que intentaron plantear sus propias candidaturas.
Pedro Sánchez dejó claro desde el principio a la federación andaluza de Susana Díaz cuáles eran sus condiciones para las candidaturas al Congreso de los Diputados. Y la Comisión Nacional de Listas, el órgano del partido que tiene la penúltima palabra en este asunto —la decisión final corresponde al Comité Federal, que se reunirá este domingo— se propone cumplir este viernes su mandato y consumar que en las listas del PSOE por Andalucía no vaya ninguno de los dirigentes susanistas que destacaron en la conjura que acabó forzando la dimisión de Sánchez el 1 de octubre de 2016 e impuso la gestora que facilitó la investidura de Mariano Rajoy. Entre ellos Antonio Pradas, mano derecha de la expresidenta andaluza Susana Díaz.