Sanidad, expertos y sindicatos insisten: los test de empresas a todos sus empleados no son ni convenientes ni útiles

Llevan meses haciéndolo, a pesar de que el Ministerio de Sanidad ha dicho, por activa y por pasiva, que no lo recomiendan. Grandes empresas del país están haciendo test, tanto PCR (que detectan la presencia del patógeno en un momento determinado) como serológicos (que detectan si el testeado ha desarrollado anticuerpos contra la enfermedad, indicando que en algún momento la ha sufrido y que probablemente sea inmune a una nueva infección). No solo lo hacen a quienes desarrollan síntomas, aunque sean leves: los están haciendo indiscriminadamente. La práctica no cuenta ni con el visto bueno del gabinete de Salvador Illa, ministro de Sanidad, ni con el de los sindicatos, ni con el de los expertos en Sanidad Pública: aunque hay matices y un correcto uso de las pruebas puede ayudar al sistema sanitario a detectar y aplacar nuevos brotes, el gran objetivo de la desescalada.

Ya en abril empresas como Seat, Inditex, Unicaja, Santander, Bankia, Iberia o Telefónica, entre otras muchas, se lanzaron a comprar kits de PCR y pruebas de seroprevalencia, aun cuando el Gobierno no se había pronunciado claramente al respecto. En mayo, publicó un nuevo documento de referencia titulado "Instrucciones sobre la realización de pruebas diagnósticas para la detección del covid-10 en el ámbito de las empresas". En resumen, el Ministerio recomienda que se siga el mismo criterio que, en teoría, deben seguir todas las comunidades a partir de ahora en cuanto a la vigilancia epidemiológica: testear a sintomáticos y a los que han tenido un contacto "estrecho" con ellos. Rechaza que sean indiscriminados, aunque no puede prohibir la práctica a las compañías, que compran las pruebas en el mercado de laboratorios que los ofrecen.

Las instrucciones no han frenado a las empresas, que siguen con sus planes. El Gobierno establece, además, que las pruebas deben contar con el visto bueno de las administraciones autonómicas y que deben comunicar en todo momento los resultados que obtengan. Entiende Sanidad que, hechos con rigor y solo a sintomáticos y contactos, las empresas pueden ser aliadas muy valiosas de la estrategia de rastreo y de detección inmediata, para evitar que los nuevos casos contagien sin control (como pasó al principio de la pandemia). Pero también advierte sobre los peligros de los test indiscriminados.

En primer lugar, se utiliza un argumento de eficacia. En cuanto al test PCR, solo indica la presencia del virus en el momento en el que se toma la muestra: a los dos días se puede producir el contagio. Y en cuanto a los test serológicos, solo sirven, argumenta el Ministerio, para estudios a gran escala que generalicen obligatoriamente: no son lo suficientemente fiables en evaluaciones individuales y pueden arrojar falsos negativos que impulsen al testeado a confiarse, creyendo que es inmune. "La OMS, en base en la evidencia actual, las recomienda solo en entornos de investigación e indica que no deben usarse en ningún otro entorno, incluso para la toma de decisiones clínicas, hasta que esté disponible la evidencia que respalde el uso para indicaciones específicas", insiste el documento.

En segundo lugar, la realización de test indiscriminados por parte de las empresas puede sobrecargar el sistema sanitario. O bien se encargan de todo el proceso, añadiéndoles trabajo extra, o bien "asume la carga de confirmación diagnóstica y manejo posterior de anomalías detectadas por proveedores privados de servicios que han realizado únicamente la prueba de cribado inicial". Coincide el portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), Ildefonso Hernández: "Si se hacen PCR y serológicas y no se hacen de una forma organizada y, para colmo, no se atiende a las demandas de información y se remiten de manera desorganizada, en vez de ayudar estás entorpeciendo. Si se hace de manera no fundamentada, no se indican cuáles son los objetivos y para qué se hacen... ¿para qué quieren conocer quién ha pasado la infección o no? ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son las decisiones?".

Hernández rechaza "hacer test por el hecho de hacer test". "No sé muy bien el sentido que tiene". Abre la puerta a que se realicen, eso sí, con una estrecha coordinación con las autoridades sanitarias y siguiendo sus indicaciones, para no entorpecer. "El papel de los servicios de prevención de las empresas tiene que ser contribuir a la detección inmediata de casos, contribuir al servicio general". Advierte de la sensación de falsa seguridad que puede embargar a los trabajadores que se hagan una prueba PCR y les salga negativo: nada indica que no puedan contagiarse días después. "Y que crean que no pasa nada si se les cae la mascarilla", ejemplifica. La única opción viable sería hacer test varias veces a todos los empleados, para así monitorizar de cerca a la enfermedad: pero es difícil creer que cualquier empresa puede emplear tanto dinero y recursos en unos kits que pueden costar hasta 100 euros la unidad.

Con respecto a los serológicos, admite que puede tener sentido para "algunos puestos clave, muy específicos" saber quién ha pasado la infección. "Pero con un objetivo muy concreto", insiste. En este punto, Sanidad discrepa: tampoco vale. Pese a que la mayoría de la evidencia científica apunta con cada vez más claridad hacia la inmunidad de quienes ya han sufrido el covid-19 por la generación de anticuerpos, el Ministerio no se fía. "Además de los falsos positivos que pueden aparecer en su práctica, se ha debatido también si podrían predecir que una persona sea inmune a la reinfección con el virus. No hay evidencia hasta la fecha para apoyar esto", afirma el documento de Sanidad.

Por su parte, el responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras, Pedro Linares, explica que su prioridad es evitar que se obligue a los empleados de cualquier empresa a someterse a los test: ya sean más o menos útiles, siempre deben ser voluntarios. Además, explica, se sube al carro de los que dudan de la pertinencia de testear a asintomáticos. Para Linares, la segunda prioridad, compartida por el catedrático en Salud Pública, es que las empresas tomen todas las medidas de prevención y distancia adecuadas: comprando trajes de protección, mascarillas y garantizando la separación entre empleados. "Es lo que hemos dicho desde el principio. Las condiciones de seguridad son obligatorias para los empresarios", recuerda. Además, advierte del peligro de usar la serología para establecer "trabajadores de primera y de segunda" en función de su experiencia con el covid: algo discriminatorio, a su juicio.

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Hernández repite en varias ocasiones en la conversación que las empresas deben tener un objetivo claro y específico a la hora de hacer los test. Las compañías consultadas por infoLibre solo declaran que desean “proteger” a los trabajadores del covid-19, sin detallar cómo consideran que les protege la práctica. La automovilística SEAT, por ejemplo, realiza pruebas PCR a todos los que se reincorporan a sus puestos, pero solo una vez: no se vuelven a repetir. "Esta medida, acordada con el conjunto de los representantes sindicales, se comunicó a las autoridades sanitarias y forma parte de un amplio protocolo para garantizar la salud de los empleados y evitar contagios de covid-19", aseguran. La estrategia "no repercute en la actividad de la sanidad pública", explican, y está coordinada por el doctor Bonaventura Clotet, miembro del comité científico de la compañía.

La aerolínea Iberia es un ejemplo de una estrategia distinta: no hace test PCR, sino serológicos. Más allá del uso del EPIs y de las campañas de concienciación y prevención que afirman que realizan, detallan en conversación con infoLibre que "a cada empleado se le hacen tres test: uno cuando se reincorpora al trabajo presencial, otro a los 15 días y un tercero al mes". Las pruebas se elaboran en coordinación con Quirón Salud, un centro sanitario privado. Si el resultado es positivo, se realiza una PCR para comprobar si la enfermedad sigue o no activa.

Más allá del acierto de las distintas estrategias de las grandes empresas, siguen sin acatar la recomendación tanto del Ministerio de Sanidad como de las comunidades autónomas que asumen como propio el criterio del Gobierno central. La batalla se libra en cada territorio. En Cataluña, la conselleria de Salut, patronales y sindicatos están negociando para abrir la mano, a pesar de que el criterio de Alba Vergés sigue siendo el mismo: no a los test indiscriminados.