España recibirá este fin de semana un millón y medio de test rápidos para detectar el Covid-19. El Ministerio de Sanidad ultima la llegada de un importante cargamento, según fuentes próximas al ministro de Sanidad consultadas por infoLibre, tras la fuerte polémica por una partida de 9.000 pruebas defectuosas que fueron devueltas por no cumplir con las homologaciones necesarias.
Este jueves, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, confirmó en rueda de prensa la devolución de las pruebas, tras detectar que "las especificaciones de este lote enviado no corresponden a lo que venía en los certificados de calidad". Aunque la noticia impactó de forma atronadora en la opinión pública, lo hizo con especial fuerza en las filas de la oposición. El mismo jueves, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, José Ignacio Echániz, anunció su intención de pedir el expediente completo de los "test falsos". A través de sus redes sociales, el conservador agregó al respecto que "los profesionales sanitarios y las familias de los 4.089 muertos merecen la verdad".
En añadido, la embajada china en suelo español aclaró también a través de redes sociales que la empresa suministradora de la partida defectuosa "no ha conseguido todavía la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China para vender sus productos", aunque la adquisición de los test "no tiene nada que ver con la importante compra" que las autoridades han realizado "en base a la reciente lista de empresas oficialmente recomentadas por el Gobierno de China".
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, había confirmado este miércoles la formalización de un contrato de compra de material sanitario a China, por un importe de 432 millones de euros, asegurando además que esta misma semana empezaría a cristalizar la entrega. En concreto, fueron adquiridos 5,5 millones de test rápidos cuya primera partida, con nueve mil pruebas diagnósticas, resultó no ser fiable. El Gobierno anunció este jueves estar ultimando acuerdos con nuevos proveedores. "Este fin de semana llega otra compra de otro fabricante con 1,5 millones de test". han explicado a infoLibre fuentes cercanas al ministro de Sanidad.
Los primeros test retirados por las autoridades sanitarias proceden de la empresa Shenzhen Bioeasy Biotechnology. En una misiva remitida este mismo jueves al Ministerio de Sanidad, a la que ha tenido acceso este diario, la compañía se define como una "empresa de alta tecnología", creada en el año 2007 y con "plataformas destinadas a la inmunología, la biología molecular, la síntesis química, la construcción molecular y el desarrollo de equipos de prueba". La empresa, que cuenta con 385 empleados, presume de su dedicación al "desarrollo de la tecnología de pruebas rápidas" y asegura estar "comprometida" en esta tarea.
Bioeasy, asimismo, afirma cuidar la calidad de sus productos como prioridad absoluta y recuerda que su objetivo estratégico es internacional, por lo que no necesita figurar como proveedor chino. "Somos una empresa registrada legalmente y autorizada para diseñar, desarrollar, producir y distribuir los productos ofrecidos, pero en mercados internacionales". En ese sentido, la compañía insiste en que cuenta con los "certificados locales e internacionales necesarios para producir y suministrar" los productos demandados.
Y como proveedor con la mirada puesta en el mercado internacional, la empresa subraya la distribución de sus pruebas médicas en al menos diez países de todo el mundo. "Nos dedicamos a proporcionar a nuestros clientes productos de alta calidad, servicios y soluciones generales para hacer frente a los problemas actuales y emergentes". En la carta, la empresa proveedora se ofrece a enviar un nuevo lote de test y recalca algunos de los países que ya han recibido sus pruebas. Son, entre otros, Italia (1.500 test), Corea del Sur (337.000 y otros 5 millones en producción), Georgia (2.000), Malta (10.000) y Ucrania (40.000).
Carta de Shenzhen Bioeasy Biotechnology al Gobierno by infoLibre on Scribd
Compra y reparto de mascarillas
Además de priorizar el diagnóstico, las autoridades sanitarias se esfuerzan por poner el acento en la protección de los profesionales. Lo cierto es que la falta de material –mascarillas, respiradores, batas, guantes– es el grito común que clama el personal expuesto. Con razón: en torno al 14% de los infectados en el país son profesionales sanitarios. Algunos de los afectados han decidido tomar las riendas del problema acudiendo a los juzgados, otros han expresado su malestar a través de un comunicado conjunto –firmado por dentistas, enfermeros, farmacéuticos, médicos y veterinarios–, para solicitar "con carácter urgente que en todos los niveles asistenciales sanitarios se disponga de todas las medidas de protección sanitarias para garantizar la seguridad" global de todos los implicados.
El doctor Simón asume la preocupación manifiesta de los sanitarios. Este martes, el coordinador epidemiológico admitió que "la disponibilidad" de Equipos de Protección Individual (EPI) "es limitada y muy justa", pero también recalcó que "se está solucionando". Simón detalló que se están recibiendo ya "muchos más recursos y probablemente se irá solucionando en los próximos días".
En la compra anunciada por Salvador Illa este miércoles también se adquirieron más de 550 millones de mascarillas –quirúrgicas y de protección respiratoria– con tres proveedores distintos y mediante un suministro que se prolongará durante ocho semanas. A su vez, se cerró la compra de 11 millones de guantes para suministrar en cuatro semanas a través de dos proveedores y 950 respiradores, procedentes de dos proveedores, a distribuir entre los meses de abril a junio.
Tal y como detalló Salud Pública este mismo jueves, el Ministerio de Sanidad destinó, desde el pasado 10 de marzo y hasta el 25 del mismo mes, un total de 6.748.268 mascarillas a las comunidades según sus necesidades. En ese sentido, 1.922.068 fueron repartidas a la Comunidad de Madrid, 887.073 a Cataluña, 798.554 fueron a parar a Andalucía y 480.753 a la Comunitat Valenciana.
Viseras y tecnología 3D
Al tiempo que la administración coordina todos sus esfuerzos en adquirir y distribuir material de protección, otros frentes batallan por avanzar por caminos paralelos. La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha comenzado a desarrollar viseras valiéndose de impresoras 3D, destinadas a la protección de los sanitarios. José Luis Corral, técnico responsable del proyecto, explica a infoLibre que la iniciativa parte de la "impotencia por todo lo que está pasando" y de la voluntad de aportar conocimientos y ayuda material en la contienda contra el virus. Corral recalca la importancia de cumplir con determinados parámetros para blindar la garantía de los recursos materiales. "Se puede imprimir de muchas maneras, pero es necesaria una normativa legal", razona el técnico, para evitar el deterioro de las piezas o los fallos que puedan surgir con su puesta en marcha.
El proyecto se asienta sobre la base de dos grupos de trabajo: uno de diseño y otro de impresión. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid acaba de aprobar y validar el uso del diseño planteado por los técnicos, que trabajan con cerca de cuatro decenas de impresoras y en suman unas sesenta personas, entre alumnos de la universidad, profesores y voluntarios. Trabajan esencialmente sobre "máscaras de acetato que son necesarias en las UVIS y las UCIS". Además de hospitales madrileños como el Infanta Leonor o el Carlos III, los investigadores han recibido peticiones de otros territorios como Toledo o Guadalajara.
Todas las impresiones, explica el técnico, se llevan a cabo siguiendo especificaciones bien cuidadas: desinfección, bolsas estancas, recogida y entrega por Protección Civil. Paralelamente, los expertos han iniciado el desarrollo de mascarillas FPP2, pendiente de aprobación hospitalaria, con las que podrían protegerse "sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad y diversos colectivos". La capacidad, calcula el técnico, alcanzaría un ritmo de mil mascarillas cada tres días. El grupo de diseño lleva igualmente "dos días trabajando en un diseño de gafas casi definitivo", que esperan fabricar en cuanto consigan la validación pertinente.
Corral mantiene contacto diario con los hospitales y sabe que las carencias no son pocas. "Duplicadores para los caudales de los respiradores, protectores para los equipos móviles o equipamiento", hace memoria. El problema, manifiesta, es que las capacidades particulares del equipo son limitadas. Por eso esperan la llamada de alguna institución "para que ceda máquinas de impresión 3D", cuya adquisición es relativamente asequible. Corral apela a la propia Comunidad de Madrid o a empresas privadas dispuestas a colaborar, siempre de forma altruista. "Tenemos toda la voluntad del mundo, pero estamos muy limitados", lamenta.
En ese contexto, recalca la urgencia de tomar decisiones. Los hospitales hablan de un "caos completo: no tienen batas, no tienen gafas, no tienen protección para los equipos, las máquinas trabajan diez veces a su ritmo normal… me parte el alma hablar con los profesionales", admite el técnico. "Empiezas a echar cuentas de todo lo que se necesita" y la tarea parece inabarcable. "Es una emergencia nacional, tenemos que ir todos a una", concluye.
Las particularidades de los respiradores
Otra de las universidades que se ha puesto manos a la obra es la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). En colaboración con la plataforma Celera, el centro ha puesto en marcha el diseño de un respirador con la supervisión del Hospital 12 de Octubre. Andrés Martínez, vicerrector de la universidad, explica los detalles de la fabricación de respiradores, un elemento fundamental en la crisis del coronavirus.
Los respiradores, explica el vicerrector, son equipos que por lo general se sitúan en dos puntos de los hospitales: los quirófanos y la zona de cuidados intensivos. "Cuando empezó la crisis, los profesionales empiezan a darse cuenta de que necesitan más respiradores, porque esta crisis va de esto", comenta. Cuando un paciente con coronavirus "entra en distrés respiratorio necesita ayuda, debe ser entubado y trabajar con un respirador artificial". Pero ocurre que, con el avance descontrolado del virus, el material disponible se ha ido revelando del todo insuficiente. "Los hospitales saben que si ahora compran respiradores, que cuestan unos 20.000 euros, luego no los van a necesitar", de manera que la compra acarrea un uso específico y limitado. Por ello, apunta Martínez, "tiene que ser una compra centralizada, por países o comunidades autónomas". El problema es que estamos ante una crisis global, de manera que los pocos países que fabrican respiradores –Martínez cita a EEUU, China o Alemania– no quieren exportarlos.
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La realidad es que, ahora mismo, la crisis avanza en paralelo a la "casi imposibilidad de conseguir respiradores". Ante tal coyuntura, Martínez propone tres estrategias. En primer lugar, "intentar conseguir respiradores buenos de marcas clásicas y que lleguen todos los posibles". De agotar esta vía, el vicerrector sugiere poner la mirada sobre las fábricas que elaboran "respiradores de transporte, equipos homologados que están funcionando muy bien". Una de esas fábricas es Hersill, en Móstoles (Madrid). El problema aquí es que se trata de "equipos muy sofisticados, con muchísimos componentes", por lo que si falla cualquier elemento de la cadena, su fabricación se paraliza de inmediato.
La tercera vía apunta a las iniciativas de "respiradores alternativos", con toda la prudencia que este tipo de proyectos obligan a tomar. "Son soluciones que en algunos casos cumplen con unos mínimos, pero en otros no", advierte el experto. Estamos hablando, recuerda, de equipos que deben contar con precisiones técnicas muy cuidadas para garantizar su buen funcionamiento. "Controlar la presión máxima o el volumen de aire, que debe ser proporcional al peso de la persona. Todo eso hay que verlo despacio y cumplir con unos mínimos de especificación", reflexiona Martínez, quien reclama a la Agencia Española del Medicamento la publicación de una homologación adecuada para la concreción de tales especificaciones. Actualmente, subraya, "muchos grupos están mandando sus propuestas para que la agencia las evalúe y seleccione cuáles pueden tirar para adelante". El resultado, añade, permitirá determinar la fabricación de respiradores, aunque su vida útil se limite a la duración de la crisis del coronavirus.
El proyecto impulsado por la universidad madrileña, a iniciativa del exalumno Javier González, "ha pasado por diferentes fases hasta alcanzar ya un prototipo muy robusto", todo ello con la incorporación de "empresas que se han ido sumando cuando veían cierta viabilidad". A partir de este viernes, el respirador abordará una "segunda prueba con animales mucho más protocolizada" y espera convertirse en referente y posible salida para atajar la crisis.
España recibirá este fin de semana un millón y medio de test rápidos para detectar el Covid-19. El Ministerio de Sanidad ultima la llegada de un importante cargamento, según fuentes próximas al ministro de Sanidad consultadas por infoLibre, tras la fuerte polémica por una partida de 9.000 pruebas defectuosas que fueron devueltas por no cumplir con las homologaciones necesarias.