Una vez cerrados los interrogatorios a los doce líderes independentistas acusados de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia, el juicio del procés encara desde este miércoles su segunda fase: las pruebas testificales. De entre el más de medio millar de testigos llamados a declarar por defensas y acusaciones, los primeros en desfilar por el Salón de Plenos del Supremo han sido aquellos con un marcado perfil político, en una clara intención del alto tribunal de alejar al máximo sus comparecencias del agitado calendario electoral que se avecina. La octava sesión de la vista oral arrancó con las declaraciones del parlamentario de ERC en el Congreso de los Diputados Joan Tardá y del expresisident de la Generalitat Artur Mas. Pero uno de los platos fuertes llegó poco antes del mediodía, cuando tomó asiento frente al tribunal presidido por Manuel Marchena la que fuera durante aquél otoño caliente de 2017 vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Durante su declaración, la exnúmero dos del Ejecutivo de Mariano Rajoy, obligada a decir la verdad y a responder a todas las preguntas que se le planteen, aseguró que nunca trató el asunto del referéndum del 1-O “con ningún miembro de la Generalitat”, aunque confirmó que se reunió hasta en tres ocasiones con el exvicepresidente del Ejecutivo catalán Oriol Junqueras. Estas citas, según detalló, se produjeron fuera de la “delegación” del Gobierno central en Barcelona y en ninguna aceptó entrar en la cuestión de la consulta independentista: “Sobre el referéndum nada tenía que hablar porque no corresponde a ningún Gobierno abordar esa cuestión”. Además, la exvicepresidenta del Ejecutivo aseveró que aplicaron el artículo 155 de la Constitución cuando lograron “un acuerdo político” y lo hicieron, añadió minutos después, al entender que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) no era meramente simbólica.
Sáenz de Santamaría compareció en el Tribunal Supremo a petición exclusiva de la acusación popular, encarnada por el partido ultraderechista Vox, que se estrenó este miércoles en el juicio del procés después de que ninguno de los doce líderes independentistas encausados aceptase responder a las preguntas de esta parte. Consciente del altavoz político que puede suponer el que se considera uno de los procesos más mediáticos en democracia, el magistrado Manuel Marchena se arremangó desde el primer minuto de las testificales para dejar claros los límites del juego. “Este tribunal quiere hacer constar una cuestión de orden que estamos absolutamente convencidos de que es innecesario pero que permitirá evitar interrupciones y dará más agilidad a la práctica de las testificales. Estamos interrogando a testigos, y nuestro sistema no reconoce al testigo opinante. (…) El testigo sólo debe responder sobre todo aquello que él percibió. (…)”, aseveró el magistrado.
El interrogatorio se inició abordando la denominada Operación Diálogo. A preguntas del letrado de Vox Javier Ortega-Smith, que también ejerce como secretario general de la formación ultraderechista, la exvicepresidenta del Gobierno quiso dejar claro que nunca trató el asunto del referéndum del 1-O “con ningún miembro de la Generalitat”. “Eso corresponde a la soberanía del pueblo español”, apostilló Sáenz de Santamaría, que al ser preguntada por las defensas por la ausencia de diálogo en relación con la consulta insistió que “uno habla de lo que tiene capacidad de disposición”. Sobre el despacho que tuvo a su disposición en Barcelona, apuntó que nunca se reunió allí con “ningún miembro de la Generalitat” y celebró haber podido “reforzar la presencia del Estado y del Gobierno en Cataluña. “Era importante que nos hiciéramos allí presentes”, sentenció la exnúmero dos del Ejecutivo.
El artículo 155 “era la medida más acorde”
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Otra de las cuestiones clave que se abordaron durante el interrogatorio fue la intervención de la autonomía. La acusación popular, en este sentido, preguntó a Sáenz de Santamaría si “con anterioridad” al referéndum del 1-O tuvo conocimiento “por parte de la Fiscalía o la Abogacía General del Estado sobre la necesidad de aplicar el artículo 155 antes de que se produjera” la consulta. “La aplicación del 155 es una cuestión política y constitucional, por tanto no corresponde a la Fiscalía hacer sugerencias de este tipo”, respondió la exvicepresidenta, que explicó que para la intervención de la autonomía catalana el Gobierno central tuvo en cuenta “premisas como la defensa de la soberanía y la unidad nacional, garantizar el cumplimiento de la ley, de forma rigurosa, prudente y proporcional, y mantener el acuerdo político”. “Nos parecía oportuno que buena parte de los partidos políticos estuvieran de acuerdo”, explicó Sáenz de Santamaría.
La exnúmero dos del Gobierno de Mariano Rajoy también fue preguntada por si se plantearon la aplicación del artículo 116 de la Constitución, que regula los estados de alarma, excepción y sitio. En este sentido, apuntó que el gobernante “tiene que tener un conocimiento exhaustivo” de la Ley Fundamental “si quiere ejercer bien su tarea”. Tras poner esto sobre la mesa, Sáenz de Santamaría insistió en que “el mecanismo cuando una comunidad autónoma atenta gravemente contra el interés general de España es el 155” y señaló que “era la medida más acorde” porque sólo “se actuaba respecto a los responsables de la declaración de independencia y de los hechos que llevaron a la misma”. “Los estados de excepción y sitio pueden comportar la suspensión de derechos fundamentales de los ciudadanos. Era más oportuno actuar contra [los responsables] que contra los ciudadanos de Cataluña. Se tenía que preservar la convivencia”, apuntó la exvicepresidenta.
Las protestas sociales y las cargas policiales también estuvieron muy presentes en la comparecencia. La exvicepresidenta del Gobierno apuntaló durante su declaración ante el tribunal el discurso de violencia que esgrimen tanto la Fiscalía como la acusación popular. “Lo vimos todos por televisión. Cuando una comisión judicial tiene el encargo de llevar a cabo un registro, va a una dependencia pública y se le impide salir, lo considero violencia”, afirmó Sáenz de Santamaría, que en todo momento quiso dejar claro que “lo que se vivió en Cataluña en muchos sitios no era un escrache, era un acoso violento”. En cuanto a la actuación policial, señaló que “en cualquier intervención policial para mantener el orden público pueden producirse imágenes que a nadie nos gusta ver”, aunque puntualizó que dichas cargas podrían haberse evitado si no se hubiera llamado a la población a actuar “como murallas humanas”. “España es una democracia consolidada. (…) La policía actúa cumpliendo la ley”, sentenció.
Una vez cerrados los interrogatorios a los doce líderes independentistas acusados de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia, el juicio del procés encara desde este miércoles su segunda fase: las pruebas testificales. De entre el más de medio millar de testigos llamados a declarar por defensas y acusaciones, los primeros en desfilar por el Salón de Plenos del Supremo han sido aquellos con un marcado perfil político, en una clara intención del alto tribunal de alejar al máximo sus comparecencias del agitado calendario electoral que se avecina. La octava sesión de la vista oral arrancó con las declaraciones del parlamentario de ERC en el Congreso de los Diputados Joan Tardá y del expresisident de la Generalitat Artur Mas. Pero uno de los platos fuertes llegó poco antes del mediodía, cuando tomó asiento frente al tribunal presidido por Manuel Marchena la que fuera durante aquél otoño caliente de 2017 vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.