Colectivos de inquilinos están poniendo sobre la mesa en las ultimas semanas la posibilidad de realizar una huelga de alquileres, consistente en dejar de pagar al casero para protestar contra el aumento desenfrenado de los precios, que ha convertido el acceso a la vivienda en el principal problema de una parte importante de la población. Los alquileres han aumentado un 51% en Galicia desde 2015 , con incrementos superiores al 60% en las ciudades, mientras que los salarios han aumentado sólo un 22%.
A lo largo de la historia existen numerosos ejemplos de actuaciones en diferentes lugares del mundo como consecuencia de las dificultades para acceder a una vivienda digna. Es lo que ocurrió en los conventillos de Buenos Aires en 1907 (con una destacada participación de la comunidad gallega), en Glasgow en 1915, en Barcelona en 1930 o en la Universidad de Sussex, en el Reino Unido, en 1971. Pero también hubo en Galicia, hace unos 45 años, un movimiento de protesta contra la subida de los alquileres que barajó entre sus acciones para dejar de pagar el arrendamiento.
Ocurrió en el curso universitario 1979-80, sobre todo en Santiago de Compostela, pero también en otras ciudades gallegas. Se trató de un movimiento de protesta liderado por estudiantes en el que se mezclaba su rechazo a la Ley de Autonomía Universitaria (LAU) aprobada en 1979, con los problemas habitacionales que padecía la ciudad. De hecho, el movimiento de protesta acabó llamándose a loita dos pisos (la lucha de los pisos), como tituló el historiador Carlos Morais en el libro que publicó sobre las protestas, publicado en 1996 por Ediciós do Castro.
Es necesario tener en cuenta el contexto en el que se produce esta movilización: el número de estudiantes de la Universidade de Santiago había crecido muy rápidamente en los años anteriores en una ciudad que en ese momento no estaba preparada para acoger este contingente de población temporal. Los barracones del Burgo das Nacións acogieron a cientos de estudiantes durante años, hasta su cierre en 1976. En esos años se empezaron a alquilar habitaciones y pisos en los barrios que se estaban construyendo en aquellos años, como el Ensanche.
En 1979, había en Santiago 26.000 estudiantes universitarios que, dada la falta de residencias públicas y el limitado número de plazas en colegios superiores privados (538 en total), vivían en su mayoría en apartamentos de alquiler en las calles Santiago de Chile, Fray Rosendo Salvado, San Pedro de Mezonzo, República Argentina y República del Salvador o la Plaza Roja –que en esos años se ganó el nombre popular que terminó oficializándose–.
La fuerte demanda, en un contexto además de escalada generalizada de la inflación (de 1976 a 1980 el IPC subió anualmente entre un 15 y un 26% en España), disparó cada año el precio del alquiler, de modo que cada septiembre los estudiantes veían cómo sus caseros subían los precios en varios miles de pesetas.
En 1979, en el contexto de las protestas que se estaban produciendo, Perfecto Conde escribía en El País que "el alquiler de viviendas en Santiago ha alcanzado uno de los niveles de precios más altos de toda España y está en manos de inmobiliarias que han especulado sin excesivos escrúpulos durante los últimos años, dejando como consecuencia una oferta de pisos mal construidos, que pocas veces cuentan con calefacción, cargados de humedad, apenas equipados con muebles y contratos de alquiler que cambian anualmente a voluntad del dueño”. Los precios, además, rondaban las 25.000 pesetas (150,25 euros) al mes.
El malestar crecía entre los estudiantes, que exigían la bajada de los precios de los alquileres, que calificaron de "abusivos", y la asignación de plazas en residencias universitarias públicas, empezando por la recuperación del Burgo das Nacións como alojamiento y la habilitación de otros espacios. Fue también una época de gran movilización política entre la juventud universitaria, con fuertes organizaciones como los Estudantes Revolucionarios Galegos (ERGA, vinculada a la UPG) o las vinculadas al Partido Comunista, el MCG, la LCR, el PTG o el POG y otras partidos, además de importantes colectivos de carácter anarquista.
Las protestas comenzaron el 26 de octubre de 1979. "Los trabajadores y estudiantes de Santiago" fueron convocados a una asamblea y una manifestación. Tal y como recoge Carlos Morais en su obra, se exigió que el precio de los alquileres subiera como máximo el IPC. También se pidió una "aclaración jurídica de la situación jurídica de los pisos en alquiler" y "la participación del pueblo en el reparto del suelo". Además, exigieron a la Universidade de Santiago la reapertura de la residencia Burgo das Nacións y también del comedor universitario, que también había sido cerrado.
Desde un inicio, el movimiento alcanzó gran extensión entre los estudiantes, conformándose comités abiertos y una coordinadora, que buscaban organizar las acciones. Desde el primer momento, Estudantes Revolucionarios Galegos (ERGA) se negó a participar en la protesta, calificando el conflicto como "una maniobra del españolismo", según publicó en un análisis en su órgano Lume , que recoge también Morais, que defendieron a los propietarios. Los de los pisos del Ensanche se trataban en gran medida de "emigrantes retornados" que habían invertido sus ahorros en la compra de dichas propiedades y que, por tanto, formaban parte de las "clases populares nacionalistas gallegas". Así denunciaron que los estudiantes sólo buscaban confrontar con estas clases populares, debilitando así "la conciencia nacional y nuestra capacidad organizativa".
Las protestas fueron ganando intensidad, dirigidas tanto contra el Rectorado como contra los propietarios y empresas inmobiliarias, el Ayuntamiento de Santiago o el diario local El Correo Gallego, cuyas sedes fueron apedreadas, al igual que las oficinas de las inmobiliarias. Hubo cierres y huelgas de varias semanas en muchos colegios, mítines, reparto de panfletos, fiestas populares callejeras, caceroladas, manifestaciones y saltos que buscaban evitar el control policial. E incluso se levantaron barricadas –incendiando basuras y cruzando coches– en los accesos a la calle Santiago de Chile y otras vías que impidieron el paso de la policía, que reprimió duramente las protestas, cargando contra manifestaciones y asambleas y provocando un gran número de lesiones por golpes con porras o pelotas de goma. También hubo un gran número de estudiantes arrestados. Grupos violentos de extrema derecha, tan comunes en aquellos años, también actuaron contra los estudiantes.
También fue muy significativo el lanzamiento de un repertorio de movilización con prácticas originales, que van desde la realización de simpas en muchos restaurantes por parte de grupos de estudiantes que marchaban al grito de "que pague el rector", hasta la ejecución de actuaciones originales que iban desde el nombramiento honoris causa de un burro o la elección como rector de un cerdo. También se organizó una "universidad paralela" con ágoras populares en la Praza da Quintana y otros espacios donde se impartieron conferencias al aire libre. Acciones que, por cierto, se volvieron a poner en práctica durante las protestas contra la LOU en el curso escolar 2001-2002.
También se propusieron huelgas de consumidores, pidiendo a los estudiantes que no compraran nada en las tiendas de la ciudad en un día determinado para mostrar su importancia para la economía local. Y, asimismo, se discutió la posibilidad de dejar de pagar alquileres como medida de presión para reducir los precios.
Además, se intentó radiografiar la situación exacta de los inquilinos en la ciudad, por lo que la Coordinadora Aberta repartió entre los estudiantes un cuestionario para conocer los precios que pagaban por el alquiler y las condiciones de vida que presentaban las propiedades.
Durante casi todo el mes de noviembre de 1979, la ciudad de Santiago estuvo paralizada por las protestas, mezclándose también con la movilización social contra la propuesta de autogobierno reducido realizada por la UCD y en demanda de un Estatuto de Autonomía de primer nivel para Galicia. La Universidad, dirigida entonces por el rector José María Suárez Núñez, político de la UCD, reaccionó en primer lugar despreciando las reivindicaciones de los estudiantes "gestionados por una minoría, incluso marginal, que no tiene otro fin que alterar la vida académica". La continuidad y fortalecimiento del movimiento llevó a la USC a decidir suspender las clases durante dos semanas, buscando (y consiguiendo) que una parte de los alumnos abandonaran la ciudad de regreso a sus lugares de origen .
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Un centenar de profesores –especialmente los penenes (profesores no numerarios) sin puesto fijo– firmaron una carta de apoyo a los estudiantes en la que denunciaban las "formas autoritarias de gestión" del rector, exigiendo su dimisión.
La tensión alcanzó su punto máximo en la jornada de lucha convocada por los estudiantes el 27 de noviembre, en la que se produjeron enfrentamientos con la policía en Santiago y en otras ciudades gallegas, con ocupación de facultades y colegios y un gran número de heridos y detenidos.
Finalmente, el rector acabó anunciando la reapertura del Burgo das Nacións como alojamiento para estudiantes y el comedor universitario, dos de las principales reivindicaciones del movimiento –y las que sí dependían directamente de la USC–. Además, el Ayuntamiento se comprometió a "ofrecer terrenos" para la construcción de nuevas viviendas. El resto de reivindicaciones, más complejas y ligadas al precio del alquiler, fueron ignoradas y el movimiento estudiantil, aunque se mantuvo activo durante el resto del curso, se diluyó.
Colectivos de inquilinos están poniendo sobre la mesa en las ultimas semanas la posibilidad de realizar una huelga de alquileres, consistente en dejar de pagar al casero para protestar contra el aumento desenfrenado de los precios, que ha convertido el acceso a la vivienda en el principal problema de una parte importante de la población. Los alquileres han aumentado un 51% en Galicia desde 2015 , con incrementos superiores al 60% en las ciudades, mientras que los salarios han aumentado sólo un 22%.