Los correos de Blesa, cuya publicación inició infoLibre, estuvieron en el origen de la denuncia que Bankia y el Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (Frob) presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción tras detectar el gasto sin control de más de 12 millones de euros que hicieron exdirectivos y exconsejeros con tarjetas opacas. Estos 12 millones es el valor del gasto conjunto realizado por los investigados en esta causa, si bien esa cifra sube a los 15,2 millones si se suman todas la cantidades incluidas en ese sistema de pagos opacos.
Este lunes, el escándalo denunciado sienta en el banquillo de los acusados a 65 exdirectivos y exconsejeros de Caja Madrid y Bankia [uno de los procesados ha fallecido recientemente], entre los que destacan los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato, pero también el ex director general Financiero y de Medios Ildefonso Sánchez Barcoj.
El Ministerio Público ha solicitado seis años de cárcel para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, y una indemnización de 9.344.808 euros, cantidad dispuesta entre enero de 2003 y enero de 2010 por los usuarios de las tarjetas cuya emisión autorizó. Para Rato, primero presidente de Caja Madrid y después de Bankia, el fiscal solicita cuatro años y seis meses y una indemnización de 2.694.850 euros por las cantidades gastadas entre febrero de 2010 y mayo de 2012 por los usuarios de las Visa.
La Fiscalía acusa al resto de usuarios de las tarjetas de un supuesto delito continuado de apropiación indebida, con penas diversas de entre uno y cuatro años de prisión, dependiendo de si se aplica el atenuante de reparación de daño al haber devuelto las cantidades gastadas. Por su parte, la acusación de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) eleva la petición de pena de cárcel para Blesa, Rato e Ildefonso Sánchez Barcoj hasta los diez años.
Estas son las principales claves del caso de las tarjetas opacas:
1. ¿Por qué se DENOMINAN black y cómo se conoció su existencia?black
En su escrito de acusación Bankia reconoce que la entidad financiera presidida por José Ignacio Goirigolzarri tuvo conocimiento "a principios de 2014" de la existencia de estas tarjetas al hacerse público un correo electrónico, adelantado por eldiario.es, que había sido enviado el 1 de septiembre de 2009 por el entonces secretario general de Caja Madrid, Enrique de la Torre, desde su dirección de correo electrónico corporativo, a su sucesor en el cargo, Jesús Rodrigo Fernández.
El mensaje incluía el siguiente párrafo en el que se informaba de los ingresos de los directivos y consejeros: "Los miembros de la comisión de control, conforme a la normativa de Caja Madrid, no pueden pertenecer a consejos de filiales o participadas. Por tanto, sólo cobran dietas por las reuniones de la comisión (1.350 euros brutos). Además, tiene cada uno una tarjeta Visa de gastos de representación, black a efectos fiscales hasta ahorablack (no está nada claro que la nueva jefa de inspección mantega este criterio, sobre todo teniendo en cuenta que Cipriano no conocía los nuevos importes), de 25.000 euros anuales excepto su presidente, que tiene una cobertura de 50.000 euros".
En el mencionado escrito de acusación, el representante legal de Bankia explica que la "insólita literalidad" de ese correo electrónico dio lugar a que la dirección de esta entidad financiera, "alertada por su contenido", pusiese en marcha una investigación, que concluyó con el envío, el 26 de junio de 2014, al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de dos informes encargados por la entidad al director corporativo de Auditoría Interna, Iñaki Azaola Onaindía, en relación con la entrega "fuera de los circuitos ordinarios" y el uso de tarjetas de crédito por consejeros y miembros de la comisión de control y directivos de Caja Madrid y Bankia entre los años 2003 y 2012.
El FROB, que es el organismo que ostenta el control de Bankia y de su matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA), reenvió ambos informes el 4 de julio de 2014 al Ministerio Público, que denunció los hechos en la Audiencia Nacional.
Según las conclusiones de estos documentos, los acusados usaron las tarjetas para gastos de carácter personal completamente ajenos a sus funciones en las entidades: fueron utilizadas en restaurantes y bares, desplazamientos y viajes, hoteles, compras en grandes superficies, tiendas de ropa y complementos, alimentación, joyas, obras de arte, farmacia, equipos deportivos, enseres domésticos, libros, etc. Dichos gastos en muchas ocasiones se realizaron en fin de semana, festivos o época de vacaciones.
Algunos de los acusados y responsables civiles también utilizaron las tarjetas para retirar dinero en efectivo en cajeros automáticos o ventanilla de sucursal (en concreto, 2.938 retiradas de fondos por un total de 1.976.171 euros en Caja Madrid y 138 retiradas de fondos por 74.960 euros en Bankia).
Para Bankia, lo dispuesto "ilícitamente" de esta manera por los acusados y otros responsables civiles asciende a un total de 12.039.659 euros, de los que 11.794.431 euros se cargaron a Caja Madrid entre 2003 y 2012 y otros 245.228.48 euros a Bankia entre 2011 y 2012.
Según el FROB, ni los auditores de Bankia ni el Banco de España conocían la existencia de las tarjetas. "La utilización de estas tarjetas no se reflejaba en las memorias anuales acompañadas con los estados financieros aprobados por las entidades, ni en los informes de gobierno corporativo. Estas percepciones por tanto no son mencionadas ni constan individualizadas para cada uno de los consejeros en las cuentas anuales". Pero tampoco las tarjetas fueron mencionadas cuando en el folleto de la salida a Bolsa en julio de 2011 se hicieron públicas las condiciones retributivas de sus consejeros.
2. ¿Qué otras CONCLUSIONES SE OBTIENEN DE LOS correos de Blesa sobre las black?black
Los correos corporativos de Blesa apuntan también que el expresidente de Caja Madrid negoció con varios de sus consejeros subirles el sueldo a través de las tarjetas de crédito, según se desprende de un correo electrónico secreto incluido en los emails corporativos de la entidad financiera madrileña.
El mensaje, fechado el 9 de enero de 2007, y que fue adelantado por infoLibre, lo envió el entonces secretario general de Caja Madrid, Enrique de la Torre, y tenía como destino el correo corporativo de Blesa. En el mismo, De la Torre relata a su presidente la llamada de un consejero, el fallecido Guillermo Marcos, en la que le comentó que el consejero por Izquierda Unida José Antonio Moral Santín le había llamado para informarle de sus gestiones "para mejorar las retribuciones de algunos consejeros".
"Yo le he comentado que, en efecto, es verdad que el presidente está viendo la manera de mejorar a los consejeros con más dedicación –lo que tendría que ser vía tarjeta o dietas en participadas– dejando las dietas de la Caja con su incremento normal en la Asamblea", resalta De la Torre a Blesa de su conversación con el consejero Marcos, según el email.
Precisamente para Bankia, el papel de De la Torre merece una "mención aparte", al considerar que por sus específicas funciones en la entidad "no podía desconocer la ilicitud de estas tarjetas, que no contaban con justificación legal, estatutaria o contractual ni habían sido autorizadas por ningún órgano de gobierno".
Además, prosigue Bankia en su escrito de acusación, el exsecretario del consejo era junto a Sánchez Barcoj el que entregaba las tarjetas B a los directivos de la entidad. Por su parte, De la Torre responsabilizó de esta práctica al expresidente Blesa, que según su versión se encargaba de fijar los "límites" de gasto, y al exdirector general financiero Ildefonso Sánchez Barcoj, que se ocupaba de la "operativa".
En este sentido, un correo de Blesa de 18 de julio de 2007 muestra que él mismo se dirigió al propio Sánchez Barcoj para que le informara de las cifras de las tarjetas de los consejeros: "Líderes y pueblo llano. Urgente", le exige de forma textual el expresidente de Caja Madrid.
Pero en su escrito de acusación, Bankia apunta claramente a Sánchez Barcoj, y sostiene que las tarjetas de crédito eran gestionadas de forma separada al resto de tarjetas de la entidad por el departamento que dirigía él mismo. "De esta manera, siguiendo las indicaciones que al respecto le impartían los dos sucesivos presidentes, Sánchez Barcoj transmitía a través de sus secretarias al departamento de tarjetas las instrucciones recibidas sobre su emisión, anulación, ampliaciones del límite disponible, instrucciones sobre su entrega física, sobre la posibilidad de disponer o no de efectivo, etc. Sánchez Barcoj firmó los contratos correspondientes a las tarjetas desde septiembre de 2002 hasta febrero de 2012", completa el representante legal de Bankia en la Audiencia Nacional.
Bankia acusa también al ex consejero ejecutivo de Bankia y amigo de Rato José Manuel Fernández Norniella, "quien dispuso de una tarjeta de Caja Madrid y, tras su anulación, consciente de su carácter ilícito, obtuvo una nueva tarjeta de Bankia después de que se dictara el Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, que restringió las remuneraciones de consejeros y directivos de las entidades que hubieran recibido apoyo financiero público para su saneamiento".
Los correos secretos de Blesa constatan quiénes eran las personas que controlaban las tarjetas B de Caja Madrid. Y estos eran, además de Blesa, sus dos hombres de confianza: el director general, Ildefonso Sánchez Barcoj, y el secretario general Enrique de la Torre; los tres integrantes de la comisión de retribuciones (José Antonio Moral Santín, Antonio Romero y el fallecido Guillermo Marcos), y el consejero a propuesta del PP Estanislao Rodríguez-Ponga. Sin embargo, todos niegan haber tenido cualquier responsabilidad sobre las tarjetas.
3. ¿DE qué SE LES acusa?
La Fiscalía Anticorrupción sostiene en su escrito de acusación que el presidente de Caja Madrid entre el 11 de septiembre de 1996 y el 28 de enero de 2010, Miguel Blesa, fue quien autorizó la entrega a los miembros del consejo de administración, de la comisión de control y a altos directivos de unas tarjetas de crédito que podían ser empleadas para gastos de libre disposición: "Se consagró así una suerte de sistema retributivo que carecía de todo amparo legal", señala el fiscal Alejandro Luzón.
El fiscal considera que las tarjetas fueron emitidas al margen del circuito ordinario para mantener la "opacidad". En este sentido, el Ministerio Público explica que Blesa encomendó la gestión de las tarjetas a Sánchez Barcoj, pese a que este no tenía atribuidas esas funciones. Sin embargo, era el propio "Sánchez Barcoj quien, a través de sus secretarias, se encargó materialmente de dar las indicaciones al departamento de tarjetas [...], sorteando así al órgano competente".
Pero Luzón va más allá en su acusación al reseñar que con el mismo propósito de "ocultar" las tarjetastarjetas, Caja Madrid nunca practicó la correspondiente retención fiscal, contabilizándolas "indebida" y "subrepticiamente" en dos cuentas contables de gastos: 'Gastos de órganos de gobierno', en la que se incluyeron como gastos de representación los correspondientes importes cargados a las tarjetas de los miembros del consejo de administración, y la cuenta denominada 'Tratamiento administrativo Circular 50/99', prevista para gastos relacionados con regularizaciones por fraudes, negligencias, errores internos, deficiencias de los sistemas y reclamaciones de los clientes, en la que se incluyeron los gastos satisfechos con las tarjetas utilizadas por los directivos.
Las tarjetas, que estaban destinadas a gastos de representación, se convirtieron con Blesa en una retribución cuya improcedencia "era perfectamente conocida" por sus beneficiarios, que no declararon las percepciones correspondientes al uso de las tarjetas, que hicieron suyas "en perjuicio de Caja Madrid", completa el fiscal Luzón, que extiende las culpas a Rato: "Tras la llegada del acusado a la presidencia de Caja Madrid el 28 de enero de 2010, Sánchez Barcoj, director general Financiero y de Medios, le explicó el uso de estas tarjetas y le hizo entrega de una, decidiendo el nuevo presidente mantener el sistema establecido por su predecesor".
Pero además, Rato fue el que decidió, según el fiscal, que los consejeros ejecutivos y directores generales que procedían de Caja Madrid José Manuel Fernández Norniella, Matías Amat y Sánchez Barcoj conservaran las tarjetas. Y también se la ofreció al consejero ejecutivo Francisco Verdú, que la rechazó. "De este modo, sin acuerdo previo ni soporte legal, estatutario o contractual, Rato trasladó a la nueva entidad una práctica ajena a las otras seis cajas de ahorro".
Por su parte, la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ha sucedido a UPyD como única acusación popular en la pieza separada de las black, y que mantiene al abogado que denunció los hechos Andrés Herzog al frente del caso, sostiene que las tarjetas, "lejos de ser un concepto retributivo, eran una sutil manera de comprar las voluntades y obtener beneficio patrimonial de los miembros de Caja Madrid y Bankia, que los mismos aceptaron a pesar de ser perfectamente conscientes de que su mero uso era ilegítimo".
Para Herzog, sin la participación de los presidentes de las entidades, y sin la colaboración necesaria del director del comité de Medios Sánchez Barcoj, habría sido imposible el uso "delictivo" que se dio a las tarjetas de crédito.
"De lo actuado, resulta evidente que, tanto el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, como el director de Medios, Sánchez Barcoj, desnaturalizaron el sistema de emisión de tarjetas de representación ideado por el anterior presidente de la entidad, Jaime Terceiro Lomba, y después lo multiplicaron", explica el abogado, que sostiene que los directivos administraron "de forma absolutamente fraudulenta el patrimonio de la entidad".
Por su parte, los procesados siempre han defendido la legalidad de sus gastos con las tarjetas, al mismo tiempo que resaltan que el dinero de las black era un "complemento salarial de libre disposición" o una "tarjeta de libre disposición".
4. ¿Quiénes las utilizaron?
Las cantidades dispuestas por los beneficiarios de las tarjetas entre enero de 2003 y enero de 2010, etapa durante la que Blesa ocupó la presidencia ejecutiva de Caja Madrid, ascendieron a 9.344.808 euros, mientras que el gasto producido en la etapa en la que Rato le sustituyó fue de 2.449.622 euros, cantidad a la que hay que sumar los 245.228 euros dispuestos por los consejeros ejecutivos y directivos de Bankia, también bajo la presidencia de Rato.
La lista de procesados que este lunes se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional está formada por 65 exdirectivos de Caja Madrid y Bankia propuestos por PP, PSOE, IU, los empresarios y los sindicatos. En concreto, Blesa gastó 436.688 euros y su número dos, Ildefonso Sánchez Barcoj, 575.071 euros. Rato pagó con su black 99.054 euros, el ex secretario general Enrique de la Torre (320.742), el ex jefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno (235.817), el ex director de Organización Ricardo Morado (450.818), Mariano Pérez Claver (379.513) y el que fuera director general de Negocio Matías Amat (431.067).
También están procesados Juan Manuel Astorqui, director de Comunicación (292.992); Carlos María Martínez (279.396), la exdirectora de Obra Social Carmen Contreras Gómez (281.737); el antiguo responsable de Crédito a Empresas Carlos Vela García (249.202); y Ramón Martínez Vilches, de Dirección de Riesgos (102.326), Luis Gabarda (139.707), Ignacio Navasqüés (194.886), Alejandro Couceiro (70.160), Luis Blasco (51.580) y Juan Emilio Iranzo (46.848).
Los miembros del consejo de administración propuestos por el PP son Estanislao Rodríguez-Ponga (255.372 euros), Pablo Abejas (246.715), Ricardo Romero de Tejada y Picatoste (212.216), Antonio Cámara (177.891), José Manuel Fernández Norniella (185.226), María Carmen Cafranga (175.091), Javier de Miguel (172.752), Alberto Recarte (139.878), Jesús Pedroche (132.193), Francisco José Moure (127.366) y Mercedes Rojo (119.292).
También figuran Cándido Cerón (79.248), Fernando Serrano (78.592), Darío Fernández Yruegas (69.802), José María Buenaventura (62.932), Beltrán Gutiérrez (58.022), Juan Emilio Iranzo (46.848), Miguel Corsini (46.648), Manuel José Rodríguez González (37.134) y Jorge Rábago (8.041).
Los consejeros procesados nombrados a propuesta del PSOE son Antonio Romero (252.009), José María de la Riva (208.979), Ramón Espinar (178.399), Ángel Eugenio Gómez del Pulgar (149.490), José María Arteta (138.903), Francisco José Pérez Fernández (122.615), Jorge Gómez Moreno (98.182), José Acosta (62.460), María Enedina Álvarez Gayol (47.012), Santiago Javier Sánchez Carlos (46.399) y Virgilio Zapatero (35.988).
En cuanto a los representantes de IU, José Antonio Moral Santín (456.522), Rubén Cruz (233.763) y Juan Gómez Castañeda (128.000) se encuentran procesados, al igual que los nombrados a propuesta del sindicato CC.OO: Francisco Baquero (266.433), Antonio Rey de Viñas (191.495), Rodolfo Benito (140.521), Juan José Azcona (99.270), Pedro Bedia (78.151) y Gabriel Moreno (20.472).
En el banquillo de los acusados también están los representantes de UGT Gonzalo Martín Pascual (129.750), Miguel Ángel Abejón (109.182), Rafael Eduardo Torres Posada (82.381) y José Ricardo Martínez (44.154), así como a los antiguos integrantes de las patronales Gerardo Díaz Ferrán, de la CEOE (93.984), Arturo Fernández (37.326) o Francisco Javier López Madrid, de CEIM (34.807).
5. ¿Quiénes no las utilizaron?
Cuatro de los consejeros o directivos receptores de estas tarjetas no hicieron uso de las mismas, algo que para Bankia revela que era posible advertir que su uso personal era "impropio". Estas personas fueron Francisco Verdú Pons, Esteban Tejera Montalvo, Félix Sánchez Acal e Íñigo María Aldaz Barrera. En contraposición, 28 consejeros de Caja Madrid siguieron utilizando las tarjetas hasta ocho meses después de su cese en tal cargo.
Precisamente, el caso de Verdú ha servido a la acusación del sindicato CIC para tratar de demostrar que todos sabían que el uso personal de las tarjetas era "ilegal". En su declaración ante el juez Fernando Andreu, Verdú explicó que no utilizó la black porque no estaba en su contratoblack. "Todo lo que cobro se divide en 12 pagos, y un variable en función de resultados, y nada más. Y en segundo lugar por oficio bancario. Yo he sido antes directivo y yo no puedo usar una tarjeta sin justificación".
Además, el juez Andreu acordó la prescripción de los delitos imputados a José María Fernández del Río Fernández, Ignacio Varela Díaz, Ignacio del Río García Sola, Miguel Muñiz de las Cuevas, José Caballero Domínguez, José Luis Acero Benedicto, Rafael Pradillo Moreno de la Santa, Joaquín García Pontes, Ángel Rizaldos González, José Nieto Antolinos, María Elena Gil García, José María García Alonso, Domingo Navamoral Sánchez y José Carlos Contreras Gómez.
En la fecha en la que el juez cerró la investigación habían fallecido tres de los usuarios de las tarejetas: Guillermo R. Marcos Guerrero, Pedro Bugidos Garay y Maria Mercedes de la Merced Monge. Recientemente ha fallecido Miguel Ángel Araujo, tras ser procesado.
6. ¿Qué penas reclaman la Fiscalía y la acusación popular?
15MpaRato: “La batalla del 'caso Bankia' se ganará en el relato”
La Fiscalía Anticorrupción solicitó la apertura del juicio oral y calificó los hechos como constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida. Y en cuanto a las penas, el fiscal Luzón reclamó seis años de cárcel para Miguel Blesa, y una indemnización de 9.344.808 euros, que es la cantidad que se gastaron los directivos entre enero de 2003 y enero de 2010.
Para Rodrigo Rato, primero como presidente de Caja Madrid y después de Bankia, el fiscal solicitó cuatro años y seis meses, así como una indemnización de 2.694.850 euros por las cantidades gastadas entre febrero de 2010 y mayo de 2012 por los usuarios de las Visa. El resto de procesados, con penas de entre tres y cuatro años, deberán devolver las cantidades que gastaron con las tarjetas.
Por su parte, la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y UPyD pidieron que Rato, Blesa y Sánchez Barcoj sean condenados a penas de 10 años de prisión por un delito de apropiación indebida cometido en el uso de las tarjetas y otro de administración desleal por ser los responsables de la emisión de las Visa.
Los correos de Blesa, cuya publicación inició infoLibre, estuvieron en el origen de la denuncia que Bankia y el Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (Frob) presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción tras detectar el gasto sin control de más de 12 millones de euros que hicieron exdirectivos y exconsejeros con tarjetas opacas. Estos 12 millones es el valor del gasto conjunto realizado por los investigados en esta causa, si bien esa cifra sube a los 15,2 millones si se suman todas la cantidades incluidas en ese sistema de pagos opacos.