Seis ONG piden la retirada de la ‘ley Gallardón’ porque podría violar los derechos humanos

El anteproyecto de ley del aborto del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón se ha encontrado con un nuevo enemigo: las ONG. Seis organizaciones no gubernamentales remitieron el pasado viernes una carta al ministro para pedir la retirada de la reforma porque, dicen, "supone una grave amenaza para la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres dado que elimina su derecho a elegir y restringe el acceso al aborto seguro y legal".

Alianza por la Solidaridad, el Centro de Derechos Reproductivos, EuroNGOs, la Federación de Planificación Familiar Estatal, Human Rights Watch y Rights International Spain firmaron el texto que expone que la nueva ley del aborto que prevé aprobar el Gobierno "crearía barreras injustificadas –médicas y prácticas– para acceder a abortos legales, lo que supondría una violación de los derechos humanos".

En este sentido, calificaron el anteproyecto como una "intromisión ilegítima" en los derechos de la mujer y se hicieron eco de las recomendaciones y normas de distintos órganos internacionales en materia de derechos sexuales de las mujeres como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la ONU o el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

Así, explicaron por escrito al ministro Gallardón que las leyes sobre la interrupción voluntaria del embarazo con contenido restrictivo "pueden constituir, en sí mismas, una discriminación contra la mujer". Además, aseguran que este tipo de legislación "tiene un impacto desproporcionado sobre los sectores más pobres y marginados, al aumentar el coste y los riegos asociados con la interrupción de un embarazo no deseado fuera de los parámetros de la ley".

Cargas innecesarias

Las organizaciones firmantes denunciaron también que la conocida como ley Gallardón incluye procedimientos para determinar el derecho y acceso al aborto legal que "imponen una carga innecesaria sobre las mujeres". La exigencia de que dos especialistas diferentes (además del médico que practicaría el aborto) tengan que proporcionar informes que acrediten riesgo para la vida o para la salud mental de la mujer supone para las ONG "una barrera injustificada".

Arremetieron, además, contra la medida que exige a las víctimas de violencia sexual haber interpuesto una demanda ante la policía para poder acceder al aborto. Para reforzar sus argumentos recuperaron una declaración del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que advierte que "una vez el Estado [...] adopta reglamentaciones que permiten el aborto en ciertas situaciones, no debe estructurar su marco legal de un modo que limitaría las posibilidades genuinas de obtenerlo".

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Vulneración del derecho a la información

El anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada (este es su nombre oficial) contempla la prohibición de publicitar medios, técnicas o procedimientos para la interrupción del embarazo. Este hecho supone para las ONG una vulneración del derecho a la libertad de información y los principios de no discriminación e igualdad.

Por todo lo expuesto pidieron al Ejecutivo que adopte todas las medidas requeridas para asegurar que las mujeres puedan acceder a un aborto gratuito, seguro y legal y que dispongan, a su vez, de toda la información necesaria para decidir.