El Pleno del Senado ha dado luz verde este miércoles al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que devuelve a las menores de 16 y 17 años el derecho a abortar sin consentimiento paterno y blinda el acceso al aborto frente a protocolos antiabortistas como el de Castilla y León, según informa Europa Press.
El proyecto de ley ha salido adelante este miércoles con el voto a favor del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Junts, PNV, Más Madrid, Més per Mallorca, Compromís; el voto en contra del PP, Vox, Ciudadanos; la abstención de Geroa Bai, Teruel Existe, UPN, PRC. En total ha contado con 146 votos a favor, 110 en contra y 6 abstenciones.
Al texto, que llegó a la Cámara Alta el pasado 20 de diciembre y que se tramita por la vía de urgencia, se presentaron tres propuestas de veto, de las cuales quedaron dos, una de Vox y otra del PP, que han sido rechazadas, y 186 enmiendas, de las cuales solo se ha aprobado una de Compromís que modifica el artículo 19.2, que dice que los centros sanitarios "proporcionarán el método quirúrgico o farmacológico, de acuerdo con los requisitos sanitarios de cada uno", añadiendo que se habrá de "informar a la mujer sobre los procesos y sus efectos secundarios".
Además, este miércoles se ha presentado y, posteriormente, aprobado, una enmienda transaccional firmada por todos los grupos con una modificación técnica del artículo 31, que se refiere al aborto forzoso y la esterilización y anticoncepción forzosas, "por calidad normativa en la redacción", según han informado fuentes parlamentarias.
Desde su escaño, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha agradecido "de corazón" a la "mayoría feminista del Senado" que ha permitido la aprobación de esta reforma.
El proyecto de ley, que ahora tendrá que volver al Congreso para su aprobación definitiva, sale del Senado con un blindaje del acceso al aborto, a través de una enmienda transaccional del PSOE sobre otra de Más Madrid al texto procedente del Congreso, que fue firmada por todos los grupos e introducida en la fase de ponencia.
Con esta enmienda, la ley recoge en su artículo 24 que las administraciones deberán "garantizar el libre ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo en los términos de esta ley y, especialmente, velarán por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo" con "la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente".
"Queda blindado el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo para evitar aprobar un inexplicable protocolo antiabortista para culpabilizar y tutelar a las mujeres que libre y voluntariamente deciden abortar, para evitar lo acontecido en Castilla y León y que ninguna otra CCAA intente hacer como el PP y Vox, porque las mujeres no precisamos ser tuteladas", ha remarcado la senadora del PSOE María Esther Carmona.
También desde el PSOE, la senadora Eva María Granados ha defendido que "con el PSOE se avanza y con el PP se retrocede" y ha asegurado que con esta reforma se "corrige un retroceso" porque "se devuelve a las mujeres de 16 y 17 años y a las mujeres con discapacidad su derecho". "Solo una de cada diez menores abortó sin el consentimiento de sus padres, esta ley está pensada para esa menor", ha precisado.
La senadora socialista ha subrayado que las mujeres quieren "ser libres" y ha exigido "respeto". "No necesitamos, como decía el señor Casado, que alguien nos explique lo que llevamos dentro, o como pretende el señor Mañueco y García Gallardo, con el silencio del señor Feijóo, que escuchemos el latido", ha remarcado, avisando de las "olas de reflujo" que se han visto "de Gallardón a García Gallardo, Mañueco y Feijóo".
Críticas a la 'ley del sí es sí'
En defensa del veto presentado por el PP, el senador Antonio Román ha calificado esta reforma de "innecesaria y precipitada" y ha criticado que responde a la "agenda ideológica del Gobierno", al igual, según ha dicho, que la ley del solo sí es sí que ha provocado la rebaja de penas a "400 violadores", algo de lo que ha culpado a Pedro Sánchez.
"Dicen que con el PSOE se avanza y con el PP se retrocede, eso es lo que deben estar pensando los más de 400 violadores a los que se ha bajado las penas, esos son los avances de la ministra Montero, que no dimite, y Sánchez no la puede cesar porque son los acuerdos para mantener en pie este Gobierno. Si este Gobierno tuviera dignidad, Sánchez habría cesado ya a la señora Montero", ha subrayado.
En concreto, sobre la ley del aborto, ha lamentado que se producen "cerca de 100.000 abortos al año" y ha valorado que son "demasiados". En defensa del veto presentado por Vox, la senadora Yolanda Merelo ha mostrado el "total desacuerdo" de su grupo con la ley, la cual ha tachado de "monstruosa reforma ideológica"; ha acusado al Gobierno de promover una "cultura de la muerte", y ha puesto como ejemplo casos como el de "Jack Nicholson o Cristiano Ronaldo, a cuyas madres se aconsejó abortar pero que no lo hicieron".
La senadora de Junts María Teresa Rivero Segalàs ha criticado la "visión retrógrada" del PP y de Vox, algo en lo que ha coincidido la senadora del PNV María Dolores Etxano Varela que ha reprochado a estos partidos que quieren devolver a la sociedad a "un modelo en blanco y negro"; a "un pasado de abortos clandestinos", según la senadora de Esquerra Republicana, Sara Bailac. Para el senador de Més per Mallorca, Vicenc Vidal, estos vetos significan "poner el retrovisor" y ponen de manifiesto "que lo de Castilla y León no fue casualidad".
Por parte de UPN, el senador Alberto Pruedencio Catalán ha criticado que las menores necesiten autorización para hacerse un piercing o un tatuaje y no para abortar. También ha aprovechado para afear al Gobierno que "nadie asume responsabilidades" por las rebajas de condenas a agresores sexuales y ha pedido la dimisión o cese de Irene Montero.
Sacar la gestación subrogada
Otro de los asuntos que preocupa a algunos de los grupos parlamentarios es la introducción "de rondón" de la gestación subrogada. Así, el senador de Ciudadanos Miguel Sánchez se ha preguntado "por qué no se deja a las mujeres decidir sobre la gestación subrogada" y ha expresado su voto en contra de la ley porque le parece "rápida, poco reflexiva, por la puerta atrás y que aporta poco o nada".
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Según el senador de Geroa Bai Koldo Martínez, cuya enmienda ha sido rechazada, la gestación subrogada se incluye "a hurtadillas" y ha advertido de que lo ocurrido con la ley del sí es sí será "una broma comparado con el desaguisado si esta ley se aprueba tal y como está", ya que "se declarará ilegal la gestación subrogada y se estigmatizará a mucha familias generadas gracias a esta técnica". "¿Van a decirle a esos niños que son fruto de un delito?", ha preguntado. También desde Junts y PNV han apostado por sacar este asunto de la ley del aborto.
Por su parte, el senador de Compromís Carles Mullet ha apoyado la ley "frente a las derechas retrógradas y los gobiernos fascistas" y ha pedido que se incluya la lucha contra la violencia obstétrica y la asistencia a quienes sufren una muerte perinatal, algo en lo que también ha ahondado ERC, que pedía un permiso remunerado ante una muerte gestacional.
Mientras, desde Más Madrid, el senador Pablo Gómez ha defendido que todas las mujeres puedan abortar en la sanidad pública, un derecho que, según ha denunciado, "está absolutamente vulnerado en la Comunidad de Madrid pues el 100% de abortos se practican en centros privados". Además, la senadora de Junts ha pedido que las medidas que incorpora la ley lleven aparejada la financiación necesaria y aumentar a 6 meses el plazo para manifestarse sobre el orden de los apellidos.
El Pleno del Senado ha dado luz verde este miércoles al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que devuelve a las menores de 16 y 17 años el derecho a abortar sin consentimiento paterno y blinda el acceso al aborto frente a protocolos antiabortistas como el de Castilla y León, según informa Europa Press.