Prisión de hasta cuatro años e inhabilitación. Esa es la pena a la que se enfrenta el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en caso de que prospere la causa abierta contra él en el Tribunal Supremo por revelación de secretos. ¿El motivo? Desmentir un bulo aireado por el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, sobre los dos delitos fiscales confesados por la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. El caso es insólito por la persona investigada: es la primera vez que el máximo responsable del Ministerio Público se enfrenta a un proceso penal en España. Pero su excepcionalidad está también en los hechos que investiga el alto tribunal. La exposición razonada que le envió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se inició la investigación, acotó la causa al envío, por orden del fiscal general, de una nota de prensa que desmentía la patraña difundida por el asesor de la presidenta. El Supremo, sin embargo, ha descartado que ese comunicado tenga trascendencia penal, pero sí el hecho de que algunos medios difundieran su contenido horas antes de que se transmitiera oficialmente.
Tal y como el tribunal ha reconfigurado la causa, el órgano ha abierto la puerta a que se investiguen las comunicaciones de García Ortiz para comprobar si fue él quién filtró una información a la que tenían acceso 18 personas. Así lo ha entendido el propio González Amador, el compañero de Ayuso, que ya ha solicitado al instructor del caso, Ángel Hurtado, que acceda al correo personal de García Ortiz para investigar si fue él quien reveló, antes del envío del comunicado oficial, el correo en el que el delincuente confeso reconocía la comisión de los hechos solicitando un pacto al fiscal al Ministerio Público para evitar ir a prisión. Todo ello pese a que el primero en difundir correos intercambiados entre el novio de la presidenta y el fiscal que lo investigaba fue el principal asesor de Ayuso, como él mismo ha reconocido públicamente.
El rigor judicial contra el fiscal general en la gestión de un caso de evidente trascendencia mediática y política como el de los delitos presuntamente cometidos por la pareja de Ayuso no tiene precedentes en la historia reciente del periodismo de tribunales en España, donde este tipo de causas suelen archivarse ante la dificultad de identificar al culpable y el derecho al secreto profesional de los periodistas. "En cualquier juzgado de Instrucción normal y corriente, una causa como esta acabaría en archivo", asegura un veterano magistrado madrileño.
La filtración de la sentencia del 'procés'
12 de octubre de 2019. El diario El Mundo titula a toda página Sentencia del procés: El Supremo acuerda condenar de forma unánime por sedición a los líderes del 1-O. La información daba los nombres concretos de los dirigentes independentistas condenados por ese delito e incluso parte del razonamiento de los magistrados. La noticia, que citaba "fuentes de toda solvencia", se publicó dos días antes de que el alto tribunal notificara la sentencia y la enviara a todos los medios, lo que ocurrió el 14 de octubre. Alguien había filtrado la resolución más trascendente dictada en España en los últimos años antes de que se diera a conocer. A ese documento tenían acceso el ponente y presidente de la Sala, Manuel Marchena -el mismo que preside ahora el tribunal que investiga a García Ortiz- y otros seis magistrados y, probablemente, otros funcionarios del órgano que hubieran participado en su tramitación. Ante la gravedad de lo ocurrido, el Consejo General del Poder Judicial aseguró que abriría una investigación.
Cuatro días después de que se publicara la filtración, el 16 de octubre, Marchena compareció ante el pleno del órgano de gobierno de los jueces como candidato para renovar la presidencia de la Sala Segunda por un segundo mandato. En el turno de preguntas, el entonces presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, le preguntó expresamente por la revelación antes de tiempo de la resolución que Marchena se había encargado de redactar. En su respuesta, el presidente de la Sala Segunda manifestó que lamentaba "de todo corazón", lo ocurrido. "La palabra filtración", la que había utlizado Lesmes, era, según el candidato "equívoca". "La sentencia nunca ha sido filtrada como tal a un medio de comunicación", continuó Marchena. "El único consuelo es que la sentencia no ha salido de aquí y estaba siendo trabajada por muchas personas", añadió. También se refirió a "las informaciones más correctas y más exactas", que se publicaron sobre el fallo y las atribuyó a "comunicaciones informales" que habrían permitido a los periodistas inferir su contenido.
El pseudosindicato ultra Manos Limpias -también personado ahora en la causa contra García Ortiz- presentó una denuncia en el Consejo para buscar al culpable. Pero las pesquisas que anunció Lesmes no merecieron ninguna sanción disciplinaria por parte del gobierno de los jueces. La filtración del contenido de la sentencia tampoco fue investigada penalmente por el alto tribunal, el único que habría podido hacerlo al estar aforados a él sus magistrados. Dos semanas después, el 30 de octubre, el CGPJ volvió a elegir a Marchena como presidente de la Sala de lo Penal del Supremo con 19 votos a favor y dos en blanco.
El chivatazo a Ignacio González en el caso Lezo
Dos años largos antes, en mayo de 2017, se produjo otra filtración en una causa de gran trascendencia política, el caso Lezo. Con el secreto de sumario declarado varios medios publicaron un informe de la Fiscalía Anticorrupción que sugería que el entonces número dos de Interior, el ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto (PP), podría haber sido el autor del chivatazo que alertó al expresidente de la Comunidad de Madrid, el también popular Ignacio González -entonces en prisión preventiva por esa investigación- de que estaba siendo investigado. La noticia provocó la indignación de Nieto que exigió públicamente una rectificación al Ministerio Público. El documento secreto había sido validado tanto por el entonces jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, como por el fiscal general del Estado, que por entonces era el ya fallecido José Manuel Maza.
Pese a que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional había decretado el secreto de las actuaciones, tanto Maza como Moix se apresuraron a desmentir públicamente que Nieto estuviera implicado en el caso revelando de esa manera nuevos datos de la investigación. El Ministerio Público llegó a emitir un comunicado negando que el ex número dos del ministro José Ignacio Zoido estuviera siendo investigado y Maza incluso pidió perdón al secretario de Estado en una entrevista radiofónica. A la indignación de los dos fiscales del caso por la filtración del documento, se sumaron las quejas por las revelaciones de sus superiores al considerar que no solo afectaban a información reservada, sino que desautorizaban sus pesquisas.
Durante una comparecencia en las Cortes, el fiscal general negó que hubiera sido el autor de la filtración del documento, pero ni el Tribunal Supremo ni ningún otro órgano judicial investigaron cómo había llegado a los medios de comunicación. Tampoco se indagó sobre el desmentido oficial y las declaraciones de Maza y Moix. El único reproche que merecieron ambos fue político: la reprobación del Congreso de los Diputados. Pocos días después, Moix tuvo que dimitir de su cargo después de que infoLibre revelara que compartía con sus tres hermanos una sociedad radicada en Panamá con la que camuflaba en chalé de lujo en la sierra madrileña.
Prisión de hasta cuatro años e inhabilitación. Esa es la pena a la que se enfrenta el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en caso de que prospere la causa abierta contra él en el Tribunal Supremo por revelación de secretos. ¿El motivo? Desmentir un bulo aireado por el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, sobre los dos delitos fiscales confesados por la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. El caso es insólito por la persona investigada: es la primera vez que el máximo responsable del Ministerio Público se enfrenta a un proceso penal en España. Pero su excepcionalidad está también en los hechos que investiga el alto tribunal. La exposición razonada que le envió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se inició la investigación, acotó la causa al envío, por orden del fiscal general, de una nota de prensa que desmentía la patraña difundida por el asesor de la presidenta. El Supremo, sin embargo, ha descartado que ese comunicado tenga trascendencia penal, pero sí el hecho de que algunos medios difundieran su contenido horas antes de que se transmitiera oficialmente.