"Si no es por humanidad, háganlo por la economía": por qué interesa (también a Vox) una regularización masiva

No es habitual que una campaña para recoger firmas acabe como punto del día en el Congreso. Y menos aún que la iniciativa en cuestión cuente con el consenso de la mayor parte del hemiciclo. Es lo que sucedió este martes con la iniciativa popular para regularizar a medio millón de personas que viven en España pero que no cuentan con un documento oficial que lo pruebe. Los impulsores de la iniciativa, que consiguió más de 700.000 firmas, y recibe el apoyo de asociaciones tan diversas como la Conferencia Episcopal, el Soviet de Getafe, la Hermandad Obrera de Acción Católica o el Colectivo de Prostitutas de Sevilla , ha contado con el apoyo —para su admisión a trámite— de todas las formaciones de la Cámara a excepción de Vox.

Los promotores de la regularización la defienden por la situación de "vulnerabilidad y desprotección" de este medio millón —según sus cálculos serían entre 390.000 y 470.000 personas, de las cuales una tercera parte son menores— y destacan los beneficios que obtendría el Estado después de la regularización, que conllevaría, según la exposición de motivos de la ILP, un gran aporte económico y fiscal para el Estado, toda vez que afloraría la economía sumergida a la que se ven abocadas las personas que son objeto de la medida.

Lo cierto es que, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en su último informe sobre la inclusión de los migrantes en el mercado laboral, desde el año 2002 la población en edad de trabajar nacida en el extranjero ha crecido en casi 4,2 millones. La pasada legislatura, el equipo encabezado por el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, situaba ese saldo migratorio —diferencia entre inmigración y emigración— en unas 300.000 personas en 2024, 200.000 en torno a 2030 y de 400.000 en 2045 y defendían que los flujos migratorios "compensarían las carencias de la mano de obra del mercado".

Son, además, los que se dedican a las tareas más precarias. Un 75% de ellos se ocupa en empleos elementales y mal pagados tengan o no formación universitaria, según el informe Un arraigo sobre el alambre, elaborado por la asociación Cáritas junto con el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas (IUEM).

Los promotores de la iniciativa también destacan que se trata de un mecanismo que ha sido utilizado por un importante número de países a lo largo de las últimas décadas. Solo en la Unión Europea, subrayan, "se han llevado a cabo 43 programas de regularización en 17 Estados miembros" —las más recientes fueron las realizadas por Portugal e Italia en plena pandemia— mientras España, desde el año 1985 hasta el 2005, realizó seis regularizaciones extraordinarias, de las conocidas como masivas o en bloque, bajo los mandatos de Felipe González (PSOE), José María Aznar (PP) y José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE).

Sumar teme que el PSOE deje morir la norma en el plazo de enmiendas

La incógnita sobre si la iniciativa saldría adelante se mantuvo hasta el final, pero incluso el PP votó a favor pese a las críticas que ha enarbolado con el mantra del "papeles para todos". Por su parte, la socialista Elisa Garrido aseguró que su grupo votaba a favor por el "respeto" que merece este procedimiento constitucional de participación directa de los ciudadanos en la política legislativa, pero en privado fuentes de la dirección del PSOE ya avanzaban que la enmendarían durante el trámite parlamentario. Así, el socio minoritario del Gobierno, Sumar, teme que los socialistas quieran "dejar morir" la norma en el trámite de enmiendas.

La diputada Gala Pin, representante del grupo dirigido por Yolanda Díaz, pidió la regularización de las personas extranjeras "por justicia social, porque ninguna persona es ilegal" e insistió que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene el "mandato" de "llevar a cabo" esta regularización si así lo decide la Cámara Baja. "Esperamos que mañana, a más tardar, se cree un grupo con los diferentes ministerios implicados y que tienen competencias, para poder llevar a cabo esta iniciativa y el cumplimiento de este mandato", señaló. El portavoz del grupo, Íñigo Errejón, atribuyó a motivos electoralistas el cambio de posición de su socio.

Los socios parlamentarios del Gobierno también se mostraron favorables a la iniciativa, desde el BNG a Junts Per Cataluña. Sin embargo, incluso entre ellos hay matices. Mientras que algunos como Néstor Rego destacaban la "inmensa carga de humanidad y de decencia" de la iniciativa, al igual que el diputado de Podemos, Javier Sánchez, que lo circunscribió a una cuestión de pura "democracia", otros como el diputado de Junts Josep María Cervera defendían, al igual que el PSOE, que el voto favorable de su grupo era por "respeto" a las organizaciones pero que no suponía necesariamente un apoyo al "fondo" de la cuestión.

Uno de los más contundentes fue Jordi Salvador, de Esquerra Republicana. "Si no se vota sí por convicciones democráticas, humanitarias, hagámoslo por convicciones económicas, porque la regularización beneficia a la economía y a la sociedad de acogida": "Si somos coherentes con los derechos humanos, no podemos permitir que miles de personas vivan en las condiciones de precariedad y vulnerabilidad más profundas a causa de su situación administrativa irregular", defendió el parlamentario republicano. En la misma línea se pronunció Jon Iñárritu, de EH Bildu, que alertó también del riesgo de que esta iniciativa "quede en un congelador durante toda la legislatura" y exigió "papeles para todos y para todas".

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Con Felipe González hubo dos regularizaciones de este tipo, en 1985 y 1991. La Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros de 1985 establecía que "la situación de los extranjeros que se encuentran en España insuficientemente documentados, en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, podrá ser regularizada", introduciendo una serie de excepciones y requisitos. Hubo 38.181 solicitudes, de las que salieron 34.832 regularizaciones, un 91,2%. La segunda regularización de González se aprobó en el Congreso sin votos en contra en abril de 1991.

Por su parte, con José María Aznar en La Moncloa se produjeron en tres momentos de su mandato, 453.891 regularizaciones, de un total de 623.995 solicitudes, lo que supuso un 72,7%. Aznar regularizó casi 310.000 inmigrantes más que González, aunque el porcentaje de resoluciones favorables fue 12,6 puntos menor.

A finales de 2004 se introdujo la reforma de la normativa de extranjería que amparó la regularización del año siguiente. Hubo 691.655 solicitudes, lo que desveló la ingente cantidad de inmigrantes irregulares existente. Se resolvieron favorablemente 565.121, un 81,7%. Fue la única regulación de Zapatero, que de una tacada se convirtió en el presidente que más situaciones había regularizado