Ya ha pasado prácticamente un año desde que el entonces recién estrenado Gobierno socialista de Pedro Sánchez decidiera dar un vuelco a la política migratoria del PP de Mariano Rajoy y optara por acoger al Aquarius. A bordo del barco viajaron, durante ocho días y siete noches, 629 personas rescatadas cuando navegaban a la deriva en el mar Mediterráneo. Cruzaban la que ya ha sido apodada como la ruta migratoria más mortífera del mundo. Salieron de Libia y, al llegar a la zona del Mediterráneo central, fueron recogidos por el buque, operado conjuntamente por SOS Mediterranée y Médicos Sin Fronteras. Pero no pudieron desembarcar en ninguno de los puertos más cercanos. Italia y Malta, en plena política antiinmigratoria, les cerraron las puertas. Fue entonces cuando un comunicado de Moncloa anunció que España no podía dejar a estas personas "abandonadas a su suerte". "Es nuestra obligación ayudar a evitar una catástrofe humanitaria y ofrecer un puerto seguro a estas personas", aseguraron. Cuatro días después del ofrecimiento, los hombres, mujeres y niños que viajaban a bordo del Aquarius desembarcaron en el puerto de València. Pero ni mucho menos tenían su situación resuelta. Una vez en España todas estas personas dejaron de ocupar titulares y de preocupar a la política. ¿Qué ha sido de ellos?
Los trámites burocráticos que comenzaron para estas 629 personas el pasado 16 de junio son complicados. Más aún si se desconoce el idioma. Muchos se quedaron en España; otros, en cambio, prefirieron marcharse a Francia. Lo decidieron en las primeras semanas, unos días en los que, según recuerda en conversación con infoLibre Marta Albiol, responsable territorial de Accem en la Comunitat Valenciana, fueron atendidos por Cruz Roja en el municipio valenciano de Cheste. Allí se les brindó la primera atención social y sanitaria. Una vez finalizada, fueron derivados a distintas entidades en varias comunidades autónomas. Pero según los datos que manejaba el pasado mes de diciembre el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, fue la valenciana la comunidad que, con diferencia, más personas acogió. Es más, fue la única que puso a disposición del proceso de acogida a su institución autonómica.
De las 629 personas que desembarcaron —545 hombres y 84 mujeres—, 372 fueron trasladadas a recursos de acogida del Sistema Estatal y 29 a recursos de la Generalitat Valenciana —antes eran 52, pero 13 renunciaron y otras 10 pasaron a formar parte de los recursos nacionales—. Otros 80 fueron trasladados a Francia. Por tanto, fueron 481 las personas trasladadas a recursos de acogida del total de 629 personas identificadas. ¿Qué fue de las 148 restantes? 73 eran menores extranjeros no acompañados que se instalaron en un Centro de Protección de Menores de la comunidad —junto a un mayor de edad hermano de uno de ellos— y al menos otros 74 abandonaron o renunciaron al proceso. Por tanto, es imposible conocer el paradero de todas y cada una de las personas que llegaron a bordo del Aquarius. Pero sí de las que, desde el primer momento, comenzaron a tejer un vínculo con algunas de las organizaciones que llevan a cabo la acogida. Se trata de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Accem y Cruz Roja.
Sin protección concedida...
Son este tipo de organizaciones las que se encargan de llevar a cabo el proceso de acogida. Un proceso que, según confirman a infoLibre desde Accem y CEAR, todavía no ha finalizado. Verónica Barroso, portavoz de Amnistía Internacional, explica que el primer paso que llevan a cabo estas personas es solicitar la protección internacional. Una vez pedida, se les otorga automáticamente el permiso de residencia que les permite esperar una resolución —favorable o desfavorable— sin poder ser expulsados del país. "Siendo solicitantes de asilo, estas personas ya están de forma legal en España", dice Barroso. Pasados seis meses desde que se realiza la solicitud obtienen el permiso de trabajo.
Y es que la concesión de la solicitud de protección no es un proceso rápido. De hecho, tal y como aseguran desde CEAR y Accem, ninguna de las personas que acogieron en València ha recibido todavía ningún tipo de respuesta. Ni positiva ni negativa. "Habitualmente no contamos con ninguna resolución en un año", lamenta Albiol. Una situación que se agrava, explica Jaume Durá, coordinador territorial de CEAR en València, debido al atasco en las solicitudes. Según los datos que ofreció su organización, en 2018 España acumulaba ya un total de 78.710 resoluciones sin resolver. Un número que, si no se toman medidas, está condenado a engordar año tras año. "Todo esto es fruto del aumento de solicitudes de los últimos años. El sistema y la Oficina de Asilo y Refugio están preparados para un número determinado de peticiones, no para este", critica Durá.
Pero, ¿qué tipo de protección pueden recibir los migrantes que viajaban a bordo del Aquarius? Según Barroso, estas personas —como cualquier migrante— pueden recibir protección subsidiaria, protección por razones humanitarias o el estatuto de refugiado, "lo que conocemos vulgarmente como asilo", explica. La diferencia entre ellas es el tiempo de protección que ofrecen. "Tanto la protección subsidiaria como la protección por razones humanitarias son temporales. Se conceden en situaciones en las que la persona procede de un país en conflicto o que está sufriendo una crisis humanitaria. Se supone que esto es una situación temporal que en algún momento se va a poder resolver, por lo que estas personas van a poder regresar a su país", dice. "La protección internacional o el estatuto de refugiado, en cambio, se concede a aquellas personas que cumplen los requisitos recogidos por la Convención de Ginebra", continúa. Es decir, a aquellas personas que han tenido que huir porque sufren algún tipo de persecución: política, por razones de orientación sexual, de género, etc. "Se entiende que la persona corre un riesgo si regresa a su país y no se le puede obligar a hacerlo", añade.
Según Durá, dentro de todas estas posibilidades habrá que estudiar caso por caso. Todas estas personas vinieron de Libia, pero cada una tiene una nacionalidad distinta. Y habrá que tener en cuenta ambos factores.
... y en la "segunda fase" del proceso de acogida
En paralelo a este proceso, las organizaciones ayudan a estas personas a integrarse socialmente. Lo hacen, explican Albiol y Durá, en dos fases: una inicial donde están "más tutelados" y otra posterior donde se les brinda una mayor autonomía. "En un primer momento viven en los centros de acogida o en los pisos de las entidades que llevamos la materia de asilo", explica Durá. Lo hacen, según añade Albiol, durante un periodo de seis meses, justo el tiempo que tardan en poder obtener el permiso de trabajo. "Luego pasan a vivir en una casa propia", explica Durá. No obstante, no pierden el contacto con la organización, que les continúa ayudando puntualmente. "Perciben ayudas en concepto de alquiler o en concepto de atención a necesidades psicológicas, jurídicas y laborales básicas", dice Albiol.
Rescatan a más de 400 migrantes abandonados a su suerte en el desierto del Sáhara
Esta segunda fase, cuya duración también es de seis meses, es prorroglable en función de las necesidades de cada individuo. Según Durá y Albiol, las personas que llegaron a bordo del Aquarius y que fueron derivadas a los servicios de CEAR y Accem en València continúan en ella. Desconocen si el resto de personas acogidas en otras comunidades todavía siguen a la espera de protección y continúan en esta segunda fase del proceso, aunque Durá entiende que, por los tiempos que se manejan en este tipo de procesos, es casi seguro que así sea.
Javier de Lucas, director del Instituto de Derechos Humanos (IDH) y desde las últimas elecciones senador por el PSOE, critica que desde hace un año la situación de estas personas no haya cambiado nada. Y pide, por ello, que se adopte "alguna medida coherente con la generosidad que se tuvo de advertir cuál era la situación de estas personas y tratar de buscar una solución".
Lara Contreras, de Oxfam Intermón, por su parte, va un poco más allá y denuncia el viraje de las políticas migratorias del Gobierno de Pedro Sánchez, que inició su mandato con esta promesa y dando alas a las organizaciones, que pensaron que algo cambiaría. "La política de Sánchez ha ido a peor, ha pasado de recibir el Aquarius a no dejar salir a los barcos, que los tiene parados en puertosAquarius", critica. Se refiere, concretamente, al Open Arms y al Aita Mari, dos buques de dos organizaciones distintas a los que se les denegó el despacho para realizar las tareas de búsqueda y rescate de migrantes. Pero no sólo queda ahí. Contreras también recuerda que el líder del Ejecutivo en funciones "ha realizado devoluciones en caliente y está siguiendo las directrices de la política de fronteras de Europa".
Ya ha pasado prácticamente un año desde que el entonces recién estrenado Gobierno socialista de Pedro Sánchez decidiera dar un vuelco a la política migratoria del PP de Mariano Rajoy y optara por acoger al Aquarius. A bordo del barco viajaron, durante ocho días y siete noches, 629 personas rescatadas cuando navegaban a la deriva en el mar Mediterráneo. Cruzaban la que ya ha sido apodada como la ruta migratoria más mortífera del mundo. Salieron de Libia y, al llegar a la zona del Mediterráneo central, fueron recogidos por el buque, operado conjuntamente por SOS Mediterranée y Médicos Sin Fronteras. Pero no pudieron desembarcar en ninguno de los puertos más cercanos. Italia y Malta, en plena política antiinmigratoria, les cerraron las puertas. Fue entonces cuando un comunicado de Moncloa anunció que España no podía dejar a estas personas "abandonadas a su suerte". "Es nuestra obligación ayudar a evitar una catástrofe humanitaria y ofrecer un puerto seguro a estas personas", aseguraron. Cuatro días después del ofrecimiento, los hombres, mujeres y niños que viajaban a bordo del Aquarius desembarcaron en el puerto de València. Pero ni mucho menos tenían su situación resuelta. Una vez en España todas estas personas dejaron de ocupar titulares y de preocupar a la política. ¿Qué ha sido de ellos?