La Guardia Civil, en el marco de la Operación Tellus, ha desarticulado una trama dedicada a la presunta "financiación ilegal" de la organización agraria Unión de Pequeños Agricultores y Unión de Campesinos de Extremadura (UPA-UCE)Unión de Pequeños Agricultores y Unión de Campesinos de Extremadura (UPA-UCE), según informa Europa Press. Dentro de la operación han sido detenidas siete personas: cinco pertenecientes al Comité Ejecutivo Regional de UPA-UCE Extremadura (entre ellas el secretario general, Ignacio Huertas), así como el "captador" de afiliados al sindicato en Talayuela (Cáceres), y el administrador único de la empresa utilizada para facilitar préstamos a los agricultores.
En un comunicado, la UPA-UCE ha pedido "prudencia" en relación con la investigación que afecta a la organización en Extremadura. Asimismo, ha mostrado su "total confianza" en las personas que están siendo investigadas. "Somos los más sorprendidos por esta investigación", explican en la nota.
El pasado miércoles, 2 de noviembre, ordenados por la autoridad judicial, se procedió a la entrada y registro de la sede central del sindicato en Mérida, así como a las delegaciones del mismo en las localidades cacereñas de Plasencia, Coria y Talayuela, así como un domicilio particular en Badajoz. A día de hoy continúan los registros motivados por la explotación de esta operación, que se encuentra por tanto todavía abierta y "no" se descartan nuevas detenciones o imputaciones, según explica en nota de prensa la Guardia Civil, que alude a "un sofisticado entramado financiero" que permitía presuntamente "desviar los fondos destinados a subvenciones para asesoramiento dedicándolos a la actividad propia del sindicato". De este modo, los hechos investigados pudieran ser constitutivos de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la hacienda pública mediante fraude de subvenciones, falsificación de documentos y blanqueo de capitales. Tanto los detenidos como las pruebas de convicción obtenidas en los registros están a disposición del Juzgado de Primaria Instancia e Instrucción nº 1 de Mérida, que entiende esta causa.
Las investigaciones comenzaron el pasado mes de febrero tras una denuncia interpuesta por el titular de una pequeña explotación agrícola en Campo Arañuelo (Cáceres), en el que ponía de manifiesto "un supuesto entramado financiero ilegal" del sindicato UPA-UCE-Extremadura. Continuando con las investigaciones los agentes pudieron determinar que más de 1.800 personas, afiliadas al sindicato UPA-UCE Extremadura, habrían solicitado subvenciones para asesoramiento agrario a la Junta de Extremadura durante los años 2013 a 2015, con fondos procedentes de la Unión Europea que "fueron derivados a las necesidades financieras del propio sindicato y de otras personas físicas y jurídicas que están todavía bajo investigación".
Tras el estudio de la normativa vigente que regula la obtención de estas subvenciones por asesoramiento agrario, los agentes pudieron comprobar que los perceptores de dichas ayudas eran agricultores cuya explotación agraria estaba en Extremadura, los cuales recibirían, previa solicitud y presentación de la documentación correspondiente, el 80 % del importe total del asesoramiento agrario. Dicho asesoramiento "sólo podía ser prestado por una lista cerrada de empresas y organismos reconocidos por la Junta, entre los que se encontraba el propio sindicato UPA-UCE", explica la Benemérita.
Existiría un plan preconcebido
Continuando con las investigaciones, la Guardia Civil tomó manifestación a una treintena de agricultores afiliados al sindicato. Igualmente, realizó un "minucioso" análisis de "miles" de extractos bancarios de las cuentas del sindicato, y se pudo comprobar "la existencia de un plan preconcebido y la aplicación de una ingeniería financiera diseñada con anterioridad a su ejecución, en cuyo desarrollo participaban personas físicas y jurídicas bajo una estructura organizada". También se ha podido comprobar, cómo algunos empleados del sindicato -los "captadores"-, "utilizaban mediante el engaño o tergiversando la información, a cientos de afiliados para que firmasen una serie de documentos siendo estos la solicitud de la subvención, la de un préstamo por el valor del informe para asesoramiento agrario y las órdenes a los bancos para que procediesen a los adeudos de cobro por parte de una mercantil asociada al sindicato de la que servían para dar apariencia de legalidad al entramado".
Según explica la Guardia Civil, la mecánica era doble. En concreto, "el dinero necesario para pagar el informe agrario provenía del propio sindicato que lo transfería a la empresa mercantil instrumental y, de ésta, a los agricultores perceptores de las ayudas, para volver de nuevo al sindicato de donde había salido, simulando un supuesto pago por un asesoramiento agrario que no llegaba a darse, o no se daba con las condiciones exigidas para otorgar las subvenciones". Así "se evitaba que cada una de las personas solicitantes adelantase el pago de su bolsillo para el servicio de asesoramiento agrario, teniendo también en cuenta que la subvención solo costeaba el 80 % del valor de ese asesoramiento".
De esta manera "el dinero salía del sindicato, se transfería a los agricultores a través de la mercantil y volvía al sindicato mediante el cobro de recibos, lo cual permitía a este último volver a ponerlo en circulación las veces que lo considerase necesario, operando reiteradamente con esos fondos para volver a recuperar el dinero". Las operaciones así realizadas eran "por tanto ficticias y sin coste económico alguno, obteniendo el beneficio íntegro de las miles de subvenciones concedidas a favor de los afiliados del sindicato, las cuales volvían a este último", explica.
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1,8 millones procedentes de más de 5.000 subvenciones
Al respecto, la Guardia Civil añade que "este proceso de transferencias y cobro de recibos tipo carrusel se daba a espaldas de los propios agricultores, muchos de los cuales desconocían incluso haber solicitado un préstamo para asesoramiento agrario". "Los titulares de las explotaciones agrícolas, por regla general, únicamente eran conscientes de haber firmado una solicitud de subvención, para lo que firmaron en el sindicato una serie de documentos que desencadenaban toda la operativa descrita", señala.
El dinero así obtenido por el sindicato durante los años 2013, 2014 y 2015 fue de "algo más de 1,8 millones de euros, procedente de unas 5.500 subvenciones que fueron solicitadas por más de 1.800 afiliados de UPA - UCE Extremadura", afirma. También, la Guardia Civil indica que la investigación patrimonial ha desvelado que "el capital se ha utilizado mayoritariamente por el sindicato para la financiación de la actividad propia del mismo, es decir, pago de nóminas, impuestos, suministros, pago de proveedores, etcétera". "Otra parte se ha destinado a determinadas empresas para fines supuestamente privados y otra, en definitiva, a la matriz nacional del sindicato u otras organizaciones afines", concluye.
La Guardia Civil, en el marco de la Operación Tellus, ha desarticulado una trama dedicada a la presunta "financiación ilegal" de la organización agraria Unión de Pequeños Agricultores y Unión de Campesinos de Extremadura (UPA-UCE)Unión de Pequeños Agricultores y Unión de Campesinos de Extremadura (UPA-UCE), según informa Europa Press. Dentro de la operación han sido detenidas siete personas: cinco pertenecientes al Comité Ejecutivo Regional de UPA-UCE Extremadura (entre ellas el secretario general, Ignacio Huertas), así como el "captador" de afiliados al sindicato en Talayuela (Cáceres), y el administrador único de la empresa utilizada para facilitar préstamos a los agricultores.