El caso en el que se ha visto envuelta la exjueza y exdiputada de Podemos, Victoria Rosell, acusada de presuntos delitos de retraso malicioso en la administración de justicia, prevaricación y cohecho, no deja de complicarse con cada nueva revelación. Este miércoles el empresario grancanario Miguel Ángel Ramírez, propietario de Seguridad Integral Canaria y presidente de la UD Las Palmas, entregó en un juzgado una grabación en la que el juez que presentó pruebas contra Rosell, Salvador Alba, le confiesa supuestamente su ánimo de acabar con la carrera política de la entonces diputada. De confirmarse el audio, el magistrado ofreció al empresario canario presuntos favores procesales si la acusaba de actividades irregulares.
Poco después de que el contenido de la grabación se hiciera público, el promotor de acciones disciplinarias del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Fonseca-Herrero, acordó iniciar una investigación, al considerar que el juez Alba incurrió en una presunta infracción disciplinaria, aunque no descarta que la gravedad de sus actos puedan tener relevancia penal.
En caso de que considere que efectivamente existe una infracción disciplinaria, el promotor hará una propuesta de sanción que se llevará a la Comisión Disciplinaria del Consejo General de Poder Judicial, según ha explicado el portavoz del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo. En cuanto a las sanciones que se le pueden imponer al juez Salvador Alba, éstas varían en función del tipo de falta: leve, grave o muy grave. Pueden ir, en este sentido, desde un apercibimiento, pasando por multas, hasta la suspensión de empleo y sueldo o traslado forzoso.
En el caso de que se detecten infracciones penales, las opciones pueden ser varias. Conrado Gallardo baraja la posibilidad de un presunto delito de prevaricación, es decir, el dictamen de una resolución a sabiendas de que ésta es injusta. El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, matiza que, en este caso, se tendría que valorar si el informe que emitió el juez Alba sería equiparable a una resolución, y si otras emitidas por él pueden ser ilegítimas y estar condicionadas a un plan concreto del magistrado de perjudicar a Victoria Rosell.
Conrado Gallardo contempla también el delito de cohecho, al entender que, de demostrarse la veracidad de la grabación, Salvador Alba pudo haberle prometido algo al imputado a cambio de un favor. Asimismo menciona un presunto delito de falsedad si resulta que la declaración del empresario no se corresponde con los hechos reales. Joaquim Bosch añade, además, un posible delito de coacciones, si se demuestra que el investigado fue forzado a emitir una declaración concreta.
La grabación objeto de investigación por parte del Consejo General del Poder Judicial vierte una serie de indicios sobre las posibles infracciones en las que el juez Salvador Alba ha podido incurrir. Expertos consultados por infoLibre han analizado siete de ellas:
1. Reunirse con el investigado
El simple hecho de que un juez se reúna con la persona que está siendo juzgada es, de por sí, una anomalía. Así han coincidido en valorarlo los magistrados Conrado Gallardo y Joaquim Bosch. Gallardo considera que el hecho de mantener una entrevista con un imputado, "sin la presencia del abogado, sin motivo claro, y sin una audiencia pública, no es el procedimiento habitual".
El portavoz de Jueces para la Democracia, por su parte, entiende que "esta situación no tiene precedentes en este país", y que, además, "tiene poco sentido", pues los intereses o peticiones del investigado se trasladan, habitualmente, por parte de su abogado, de modo que "hablar directamente con el imputado supone que de la conversación pueda salir algo al margen del proceso".
No sucede lo mismo cuando uno de los interlocutores es el fiscal, aunque en este tipo de casos "es el abogado del imputado quien habla con el fiscal, en primer lugar, y además es lógico porque ambos son parte del proceso", explica Bosch, "mientras que el juez, que está en medio, debe ser imparcial". Bosch señala que "en muchos procedimientos hay sentencias de conformidad, pactadas con el fiscal, pero no se negocia nunca con el juez porque podría quedar contaminado".
2. Buscar beneficio para el investigado
Durante la conversación entre juez e investigado, Salvador Alba declara su disposición a "cargarse" el procedimiento "antes de que tengas que ir, ni a un recurso, ni a una audiencia, ni...". El juez Conrado Gallardo considera que no se busca exactamente un beneficio para el imputado, sino "un trato, un intercambio" entre ambos. Una propuesta que valora del todo ilegal.
La consecuencia directa, según Joaquim Bosch, y de confirmarse la autenticidad de la grabación, es que su conducta "puede ser constitutiva de una infracción penal", y que las actuaciones relativas al proceso pueden dejar de ser válidas, como la propia declaración del empresario. Habría que analizar, por ello, "si esa estrategia del juez Alba se declara delictiva, y si las resoluciones directamente conectadas con ella son, por lo tanto, nulas".
3. Forzar procedimientos
En otro fragmento del diálogo, el juez intenta presuntamente demostrar los vínculos empresariales que tenía Ramírez con Carlos Sosa, pareja de la exjueza Victoria Rosell. "Lo hacemos así, y lo llevamos al procedimiento y en el momento que vayamos al procedimiento ponemos en marcha la maquinaria", dijo Salvador Alba.
En este sentido, considera Joaquim Bosch, las consecuencias van "por la misma línea". "Si hay algún tipo de coacción a cambio de un trato procesal más favorable", puntualiza Bosch, el magistrado podría estar incurriendo en un delito.
4. Pactar declaración
Por otro lado, el magistrado podría haber tratado de pactar la declaración que el imputado Miguel Ángel Ramírez haría posteriormente, según el intercambio de palabras que plasma la grabación. "Entonces vamos a ver, tú tienes que hablar lo de Ralons Servicios que te paga publicidad", o "tenemos que ceñir el periodo de 2014 a ahora", son algunas de las frases del juez Alba durante la reunión.
Conrado Gallardo considera que todo parece indicar que "le está diciendo qué quiere que declare exactamente", lo cual podría suponer, según Joaquim Bosch, "una infracción disciplinaria por asesorar al imputado y encauzar su declaración", o bien derivar en algún tipo de infracción penal.
5. Declarar "voluntariamente"
Salvador Alba pone especial cuidado a la hora de insistir en la importancia de que el imputado declare "voluntariamente". Así, en un fragmento de la conversación, explica que "cuando yo te haga esas preguntas y tú contestes, lo que sí tienes que decir es que voluntariamente, porque si yo te requiero no me sirve, voluntariamente yo esto lo puedo demostrar. ¿Sí?".
La reiterada insistencia por parte del juez Alba en que el investigado alegue la tenencia de pruebas que acrediten sus declaraciones, y que lo haga voluntariamente, puede responder, según el juez Conrado Gallardo, a la credibilidad que al hacerlo de esta manera tendría el empresario Ramírez. "¿Eso es demostrable? Sí. Pues si es demostrable. Pues lo acreditas y lo hacemos así", concluye el juez.
6. Negar delito alguno
En otro punto del diálogo entre el juez y el empresario, éste último pide a Salvador Alba que no se limite a dictar la nulidad, sino que entre "en el fondo del asunto cuando te cargues esto". Le plantea la posibilidad, de este modo, de alegar que no hay delito en la actuación de Ramírez, para evitar una investigación de Hacienda. "Con independencia de eso, pues tal, se hubiese procedido al sobreseimiento… Patatín, patatán… Sí, sí se puede… Sí se puede… Sí se puede", decide el magistrado.
De nuevo, Conrado Gallardo sostiene que, más que tratar de beneficiar al empresario, lo que se está presuntamente gestando es un intercambio de favores, lo cual evidenciaría, de confirmarse, la implicación del juez en una infracción disciplinaria o, en su caso, en los posibles delitos mencionados por los expertos.
7. La animadversión hacia Rosell
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El juez había emitido una serie de informes negativos sobre el caso que salpica a la exjueza Victoria Rosell, documentos de una trascendencia absoluta para el procedimiento. Aunque la también exdiputada de Podemos había alegado en reiteradas ocasiones la animadversión del magistrado hacia su persona, la conversación destapada este miércoles podría poner el broche final a esta acusación.
En la grabación, Salvador Alba dice: "Yo sé que ésta es una cabrona, una hija de puta". A partir de estas palabras, Conrado Gallardo entiende que "habrá que averiguar si realmente existe una enemistad, y si el juez Alba actuó impulsado por su deber de conocer la verdad o por su presunta enemistad" con ella.
Joaquim Bosch añade que, "si se confirma que la grabación es auténtica, y por tanto se demuestra que hay animadversión entre la persona objeto del informe y quien elabora el informe", sería necesario revisar la validez de los documentos emitidos hasta el momento, lo que podría dar un giro completo a todo el procedimiento iniciado el pasado mes de abril.
El caso en el que se ha visto envuelta la exjueza y exdiputada de Podemos, Victoria Rosell, acusada de presuntos delitos de retraso malicioso en la administración de justicia, prevaricación y cohecho, no deja de complicarse con cada nueva revelación. Este miércoles el empresario grancanario Miguel Ángel Ramírez, propietario de Seguridad Integral Canaria y presidente de la UD Las Palmas, entregó en un juzgado una grabación en la que el juez que presentó pruebas contra Rosell, Salvador Alba, le confiesa supuestamente su ánimo de acabar con la carrera política de la entonces diputada. De confirmarse el audio, el magistrado ofreció al empresario canario presuntos favores procesales si la acusaba de actividades irregulares.