El todavía juez Elpidio Silva, que se arriesga a 30 años de inhabilitación por haber encarcelado al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, amplió ayer lunes su recusación contra la magistrada María Tardón con petición expresa de que durante ocho días se practiquen las pruebas que propone. Un contrato adjudicado a una empresa de Gürtel durante su etapa como concejal, una sentencia relativa al exmarido de una antigua empleada de Blesa y las relaciones de Tardón con el PP tras su reingreso en la judicatura centran las peticiones de Silva, según la información facilitada por su equipo.
Como desveló infoLibre la semana pasada, Tardón, que es uno de los tres miembros del tribunal que juzga a Silva, fue consejera general de la asamblea de Caja Madrid bajo la presidencia de Miguel Blesa entre septiembre de 2003 abril de 2005, fecha en que se reincorporó a la carrera judicial.
Ayer, fuentes del TSJM confirmaron a este diario que Tardón cobró al menos en 2008 una cifra no desvelada por sus colaboraciones con la fundación FAES, laboratorio de ideas directamente vinculado al PP y cuyo presidente es José María Aznar, amigo de Blesa y figura clave en su ascenso en 1996 a la cúpula de Caja Madrid, donde permaneció hasta 2010. En 2008, FAES publicó un informe de Tardón titulado El estatuto jurídico de la víctima. Tardón preside la Sección 27 de la Audiencia de Madrid, especializada en violencia de género.
"Ha colaborado con FAES igual que con asociaciones de mujeres, con el Congreso, el Senado, sindicatos de enfermería y el propio Consejo General del Poder Judicial", dijo una fuente oficial del TSJM a preguntas de este diario. Como el miércoles pasado, la misma fuente reiteró su convicción de que la pertenencia de Tardón a la Asamblea de Caja Madrid junto con "otros 317 consejeros generales" que ratificaron el nombramiento de Blesa como presidente y aprobaron sus cuentas y su gestión en absoluto la coloca en una situación comprometida como miembro del tribunal que juzga a Elpidio Silva durante una vista en la que Blesa ejerce la acusación particular y que quedó suspendida el jueves.
El presidente del tribunal, Arturo Beltrán, también ha sido recusado después de que Silva, que se ha granjeado numerosas críticas por sus continuas interrupciones durante el juicio, intentase cambiar de abogado el primer día del juicio, el lunes 21 de abril. El tribunal denegó el cambio bajo el argumento de que Silva se había instalado en el fraude procesal con el único objetivo de suspender el juicio.
Tanto el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, cuya querella contra Silva ha terminado por sentarle en el banquillo, como los abogados de Blesa y Díaz Ferrán –que ejercen la acusación particular contra el procesado aunque el primero sigue imputado en el caso donde se investiga la compra de un banco de Miami por Caja Madrid y el segundo está en prisión– se oponen a que Tardón sea apartada del juicio. La Fiscalía sostiene que la recusación es una "burda" maniobra dilatoria de Silva. Son las acusaciones de Moix –prevaricación, retardo malicioso y doble delito contra la libertad individual– las que han sentado a Silva en el banquillo.
La decisión está en manos de la llamada Sala del 77 del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) y, aunque ayer se esperaba un pronunciamiento adverso para Silva, nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrirá, máxime tras el reguero de informaciones sobre la juez Tardón que han ido saliendo a la luz una vez constatado que perteneció al máximo órgano de gobierno de Caja Madrid.
En 2007, el Tribunal Constitucional (TC) apartó del recurso sobre el Estatut catalán al magistrado Pablo Pérez Tremps porque tres años antes había elaborado un informe retribuido sobre las posibilidades legales de Cataluña en materia de política exterior y encargado por la Generalitat.
Lo "determinante", la duda sobre la imparcialidad
Ayer, las fuentes consultadas en el TSJM reiteraron que no es equiparable el caso de Pérez Tremps con el de Tardón porque los miembros de la asamblea de Caja Madrid “no participaban en la gestión de la entidad”, que es lo que sostiene la recusada. El auto con que el TC apartó a Pérez Tremps de las deliberaciones sobre el Estatut a petición del PP recalcó que no estaba en cuestión la imparcialidad del magistrado sino la apariencia de imparcialidad.
La resolución incluye el siguiente párrafo: “Lo determinante es, exclusivamente, si una parte del proceso tiene motivo, sopesando racionalmente todas las circunstancias, para dudar de la falta de prevención y de la posición objetiva del magistrado”.
Según el equipo de Elpidio Silva, que concurre a las elecciones europeas en nombre del llamado Movimiento RED, entre las pruebas propuestas en relación a María Tardón figura la de que el TSJM averigüe si la jueza pertenece o ha pertenecido al PP tras su reingreso de 2005 en la judicatura, si paga o ha pagado cuota al partido y si la ha desgravado en su declaración anual de renta.
También ayer, la revista Interviú informó de que Tardón participó recientemente en el tribunal que modificó una sentencia absolutoria y la convirtió en condenatoria contra el exmarido de una subordinada de Blesa en Caja Madrid.
Según la revista, la mujer emprendió acciones penales contra su marido, Rafael G.-S. P., después de que este le enviara a ella misma y a Blesa una serie de correos electrónicos en los que les acusaba de mantener una relación sentimental.
Otro elemento más de la cercanía a Blesa
La publicación asegura que durante su comparecencia como testigo en ese caso, Blesa negó que entre ambos existiera ningún vínculo amoroso o sexual, pese a que varios correos electrónicos del paquete aportado por Bankia a Elpidio Silva mientras investigaba los manejos de Caja Madrid indicarían lo contrario.
En primera instancia, el exmarido resultó absuelto. En segunda instancia, y mediante una sentencia de la que fue ponente un magistrado de la misma sección que preside Tardón pero no ella misma, el acusado fue condenado a multa de 2.400 euros y a no acercarse durante seis meses y un día a su exmujer por un delito de injurias graves. La copia electrónica de la sentencia obtenida ayer por infoLibre lleva fecha de enero de 2014 –no figura el día–. La resolución dictada en primera instancia aparece datada cuatro meses antes: 30 de septiembre de 2013.
La Sala que decide sobre la recusación planteada por Silva aplaza su decisión al lunes
La participación de Tardón en el tribunal que en segunda instancia condenó a Rafael G.-S. P. constituye para Elpidio Silva otro elemento más que la aproxima a Blesa y lesiona la apariencia de imparcialidad.
El todavía magistrado requiere igualmente al TSJM que analice cómo afecta a Tardón el hecho de que, durante su etapa como tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid (1999-2003) adjudicara un contrato por 267.000 euros de 2001 a Special Events, piedra angular en el entramado empresarial de la red Gürtel.
La noticia se conoció en 2005, pero entonces de Special Events sólo se conocía su relación con Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP gallego y considerado por los investigadores del caso Gürtel como el lugarteniente del grupo que medró gracias a contratos con administraciones del PP y que, en contrapartida, aceptó pagos en negro del partido durante varias campañas electorales –lo dicen la Policía y Hacienda– y entregó cuantiosos sobornos a cargos públicos de ese partido.
El todavía juez Elpidio Silva, que se arriesga a 30 años de inhabilitación por haber encarcelado al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, amplió ayer lunes su recusación contra la magistrada María Tardón con petición expresa de que durante ocho días se practiquen las pruebas que propone. Un contrato adjudicado a una empresa de Gürtel durante su etapa como concejal, una sentencia relativa al exmarido de una antigua empleada de Blesa y las relaciones de Tardón con el PP tras su reingreso en la judicatura centran las peticiones de Silva, según la información facilitada por su equipo.