La sombra de la financiación ilegal planea sobre el PP de Castilla y León a las puertas de unas autonómicas
La imputación del partido y del líder provincial de Salamanca por el pago de cuotas de morosos en las primarias que en 2017 ganó Mañueco se convierte en un escollo inesperado de consecuencias imprevisibles
Tras una investigación que cerró en ocho días y reanudó luego forzado por la Audiencia de Salamanca, el juez ya denegó hace año y medio ampliar las diligencias a lo sucedido en otras provincias
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
La hipótesis de que el PP adelantará al primer semestre del año las elecciones autonómicas de Castilla y León previstas para 2023 se afianza por días. Y lo hace en un escenario donde un caso judicial aparece como el escollo con el que muy pocos esperaban tropezar: aquel donde, tras una reapertura forzada por un tribunal de mayor rango, un juez investiga si el PP de Salamanca incurrió en el delito de financiación ilegal durante las primarias que en marzo de 2017 ganó Alfonso Fernández Mañueco, el actual presidente de Castilla y León. Hace solo dos semanas, la investigación asestó un mazazo a la formación que dirige Mañueco: desde el 24 de noviembre, el PP salmantino como persona jurídica, el presidente provincial y la gerente figuran como imputados. Y salvo viraje, tendrán que declarar la víspera de Nochevieja.
La victoria de Mañueco en aquella competición interna de 2017 convirtió al entonces alcalde de Salamanca en líder regional del PP. Y le catapultó a la presidencia del Ejecutivo regional, cargo que ostenta desde 2019 gracias a su pacto poselectoral con Ciudadanos y al que optará de nuevo en los próximos comicios. Oficialmente, nadie ha anunciado ningún adelanto electoral. Ni ha admitido que el temor a una nueva moción de censura impulsada por el PSOE sea el telón de fondo. Pero todo apunta a que esa convocatoria se producirá: de momento, ya tiene el visto bueno de la cúpula nacional del PP, que deja la decisión en manos de Mañueco.
La investigación judicial sobre la financiación de las primarias se circunscribe a lo sucedido en Salamanca, feudo natural del presidente autonómico y donde la situación ha empeorado para un partido que en las autonómicas de 2019 y por primera vez en 32 años dejó de ser el más votado en Castilla y León.
A Mañueco le salvó entonces la campana del pacto poselectoral alcanzado con Ciudadanos. Ahora, y una vez imputado el PP salmantino así como el líder provincial, Javier Iglesias, y quien maneja la contabilidad interna en Salamanca, Isabel Sánchez, la campana ha vuelto a sonar con campanadas favorables para Mañueco: hace 15 días, el juez instructor denegó la petición de la acusación popular para que el presidente de la Junta declarase como testigo sobre el pago de cuotas de morosos en vísperas de las primarias del 7 de marzo de 2017. La acusación popular la ejerce la organización regional Foro de Izquierdas.
En esos pagos reside la clave de la imputación del PP y sus dos dirigentes. Porque las cuentas no cuadran. Y una parte de lo recaudado mediante supuestas donaciones altruistas –Mañueco aportó 900 euros, según los documentos obrantes en la causa– tiene de momento origen desconocido. Traducido al lenguaje jurídico, eso significa que se trataría de donaciones ilegales. La Fiscalía sostiene que el cómputo de entregas cuya procedencia se ignora oscila entre un mínimo de 7.090 y un máximo de 24.140 euros.
El juez libra al presidente de Castilla y León de declarar sobre cómo se financiaron las primarias que ganó
Pero la cuantía, propia de lo que otro caso de supuesta financiaciòn ilegal, este en Valencia, bautizó como el pitufeo –aportaciones de pequeñas cantidades que luego se reintegraban en billetes a quienes oficialmente las habían desembolsado de su bolsillo– no es aquí lo sustancial del caso. Ejercida por Foro de Izquierdas, la acusación popular sostiene desde el inicio de las diligencias que lo realmente importante es que el pago de cuotas de afiliados morosos se financió con dinero B. Y sostiene, sobre todo, que esos fondos existían no solo en Salamanca sino en todas las provincias de Castilla y León.
En junio de 2020, en plena pandemia, el caso sobre las primarias en Salamanca ya llevaba dos meses reabierto por orden de la Audiencia Provincial. La orden se produjo tras el recurso planteado por la acusación popular contra el cerrojazo que el juez instructor, Juan Rollán, había dado a las diligencias un año antes a los ocho días de haberlas incoado a raíz de una denuncia anónima. Titular del juzgado de instrucción 2 y juez decano de Salamanca, Rollán dictó el sobreseimiento libre –es decir, definitivo– mediante un auto donde argumentaba que la denuncia“relataba hechos de manera tergiversada y subjetivamente interesada para darles una apariencia delictiva”. Su desconocido autor, concluía el magistrado, había obrado “con temeridad y mala fe”.
En cuanto la instrucción se reabrió un año más tarde, la acusación popular pidió que declarasen como testigos los nueve gerentes provinciales del PP de Castilla y León, el regional y el nacional. El juez denegó la prueba solicitada. Y lo hizo con un argumento que se resume en uno de los párrafos de un auto que luego confirmó la Audiencia Provincial. Las testificales se inadmitían “al tratarse de cargos ajenos a Salamanca”.
La hipótesis de que el PP adelantará al primer semestre del año las elecciones autonómicas de Castilla y León previstas para 2023 se afianza por días. Y lo hace en un escenario donde un caso judicial aparece como el escollo con el que muy pocos esperaban tropezar: aquel donde, tras una reapertura forzada por un tribunal de mayor rango, un juez investiga si el PP de Salamanca incurrió en el delito de financiación ilegal durante las primarias que en marzo de 2017 ganó Alfonso Fernández Mañueco, el actual presidente de Castilla y León. Hace solo dos semanas, la investigación asestó un mazazo a la formación que dirige Mañueco: desde el 24 de noviembre, el PP salmantino como persona jurídica, el presidente provincial y la gerente figuran como imputados. Y salvo viraje, tendrán que declarar la víspera de Nochevieja.
La calma y el paradigma del ruido amortiguado
El temor a una nueva moción de censura impulsada por el PSOE subyace bajo la hipótesis de adelanto electoral en un terreno geográfico y político donde durante años ha predominado una calma al menos aparente. Tanta que han alcanzado escaso eco los episodios directamente ligados al caso Gürtel en cualquiera de sus ramas, incluida la de la caja B. O de otros casos vinculados a Gürtel a través de sus protagonistas como si se tratara de una especie de spin-off. El paradigma de cómo el ruido que habitualmente desata un caso de corrupción se ha visto amortiguado en Castilla y León durante años es un empresario: José Luis Ulibarri.
Imputado en Gürtel desde 2009, con multitud de informes policiales, declaraciones judiciales y documentos de todo tipo que le señalaban como involucrado en la trama que bajo la dirección de Francisco Correa hizo negocios con administraciones del PP, Ulibarri permaneció formalmente hasta diciembre de 2018 como consejero delegado mancomunado de la empresa privada que gestiona la televisión de Castilla y León [puedes ver pinchando aquí el anuncio de su cese que publicó el Borme].Su lugar lo ocupa ahora una hija suya. En julio de ese año, el empresario había sido detenido por otro caso de corrupción, el conocido como Enredadera. La investigación judicial sigue abierta pero con algunas piezas archivadas.
Pero su situación procesal poco o nada ha influido a lo largo de la última década en su predicamento social. Un ejemplo: fue el 29 de junio de 2016 cuando la Audiencia Nacional dictó el auto de apertura de juicio por el caso Boadilla. Una vez cruza una causa esa frontera no hay marcha atrás: habrá juicio más temprano o más tarde pero ha de celebrarse. Entre los 27 acusados constaba José Luis Ulibarri. Los delitos atribuidos y que finalmente ha confesado eran estos: prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública y otro continuado de falsedad en documento mercantil. El motivo: una operación de suelo en beneficio de su empresa UFC.
A los cuatro meses de que aquel auto viera la luz y al relato ya entonces conocido incorporase cifras, datos, detalles sobre los manejos de Gürtel en Boadilla, el Diario de León concedió el 17 de noviembre su premio anual al "Desarrollo Social y los Valores Humanos". Pieza relevante en el conglomerado mediático que capitaneaba Ulibarri, para la concesión de ese premio el rotativo contó con un jurado del que el propio empresario formaba parte. Junto a él, se sentaron a deliberar notables representantes de la sociedad leonesa. Entre ellos, la presidenta de la Audiencia Provincial, Ana del Ser, y el juez decano de León, Luis Alberto Gómez.
Al año siguiente, el diario convocó una nueva edición del premio. Y los miembros del jurado fueron prácticamente los mismos. Diario de León publicó una amplia crónica. Ilustrado con una imagen del jurado, Ulibarri incluido, puedes verla pinchando aquí.
En noviembre de 2018, ya con el caso Enredadera en marcha, la presidenta de la Audiencia y el juez decano "votaron por correo". Así se lee en el pie de foto que el periódico leonés publicó el 9 de noviembre. Ulibarri ya no aparece.