La Generalitat de Cataluña disolvió este viernes la Sindicatura Electoral, el órgano designado para realizar las funciones de junta electoral en el referéndum del 1 de octubre. Esta decisión se produjo sólo un día después de que el Tribunal Constitucional amenazara con imponer multas de 6.000 a 12.000 euros diarios a los miembros de este órgano – juristas y politólogos nombrados por la mayoría parlamentaria de Junts pel Sí y la CUP– si no desistían de sus cargos antes de las 10 horas de este sábado.
Este paso, no obstante, no supone una renuncia por parte de la Generalitat a seguir organizando el referéndum, que prevé que "entes públicos, académicos e internacionales" sean ahora los encargados de observar el "desarrollo efectivo" del 1-O, según fuentes del Govern consultadas por Europa Press. Estos "entes", por tanto, asumirán las funciones de la Sindicatura Electoral: validar el censo electoral, certificar los modelos oficiales de papeletas o resolver los contenciosos que se puedan producir entre partidos y electores.
La ya extinta Sindicatura Electoral publicó los días 8 y 14 de septiembre dos resoluciones en las que acreditaba la presencia de sendas misiones internacionales de observación electoral. A preguntas de infoLibre, un portavoz del Ministerio de Exteriores confirma que, al no reconocer la legitimidad de un referéndum "ilegal", el Gobierno español no ha emitido invitación a ninguna organización internacional ni organismo privado para que realice esta labor de observación electoral en el 1-O.
La primera de las misiones acreditadas por la Sindicatura Electoral es la promovida por el think tank holandés Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) y liderada por el embajador holandés Daan Everts. Según informó El País, esta misión estaba financiada exclusivamente por el HCSS, que nunca antes había promovido una misión de observación similar.
Según el Govern, Everts esexperto en el ámbito de la observación electoral y tiene una dilatada trayectoria en el servicio diplomático holandés y otros organismos internacionales. De esa misión también formaban parte el británico Charles Lasham, adjunto al jefe de la misión; las norteamericanas Constance Kaplan y Cara Stern, analista de administración electoral y analista política, respectivamente; el francés Khalil Zerargui, coordinador de los observadores de corta duración; y el polaco Tomasz Blasiak, responsable de logística.
En una entrevista publicada el pasado miércoles en El Confidencial, Everts explicó que eran una delegación "limitada" con "poco tiempo y muy poca gente", si bien aseguró que si finalmente se hiciera el referéndum, llegarían a Barcelona otros 14 observadores. También detalló que las cuestiones en las que se van a fijar es si la gente está siendo identificada de manera correcta, si están registrados, si las papeletas son válidas... con todos esos datos su objetivo es hacer un informe final.
La segunda delegación de observadores es la promovida por el International Electoral Expert Research Team y liderada por la académica británica Helena Catt, según informó en su momento la Sindicatura Electoral. Esa misión la conforman otros cuatro expertos: el también británico John Caradog, que ejerce la función de analista político; el irlandés Michael Grange, encargado del análisis de campaña; y la francesa Anne Grandvoinnet Serafini, a la que se encomienda el análisis del censo, la votación y el escrutinio.
Las fuentes diplomáticas consultadas no sitúan al Hague Centre for Strategic Studies y al International Electoral Expert Research Team entre las instituciones no gubernamentales de prestigio que también participan en este tipo de misiones al margen de los organismos públicos. Las citadas fuentes señalan que organizaciones como el Carter Center, el National Democratic Institute o el International Republican Institute sí cuentan con una solvente trayectoria.
La ley del referéndum, suspendida por el Tribunal Constitucional, prevé que los observadores electorales acreditados por la Sindicatura Electoral pueden asistir libremente a todos los procesos vinculados a la celebración de la votación (sorteo de los miembros de las mesas electorales, preparación de la apertura de los colegios electorales, votación, escrutinio, proclamación de resultados...). El Govern ha venido defendiendo en las últimas semanas que la presencia de observadores internacionales "refuerza la transparencia y las garantías de todas las etapas y procedimientos del proceso referendario".
Los antecedentes del 9-N
De hecho, la Generalitat ya intentó contar con observadores internacionales en la consulta celebrada el 9 de noviembre de 2014. "El mundo nos mira y el reconocimiento internacional vendrá de los observadores que nos quieran acompañar", llegó a decir unos días antes de la celebración de esa cita la entonces vicepresidenta, Joana Ortega. Finalmente, esa consulta no fue avalada por ningún organismo internacional. Esa labor la realizó una delegación de ocho eurodiputados de Bélgica, Francia, Eslovenia, España, Suecia y Reino Unido, presidida por el conservador británico Ian Duncan.
En el informe que realizaron tras las consulta los eurodiputados pusieron en valor el "alto nivel de participación" pese a los "desafíos" que presentaban las condiciones del proceso participativo, que también fue prohibido por el Tribunal Constitucional. No obstante, lamentaron la falta de un censo previo, los pocos centros de participación y el hecho de que no hubiese un representante de la junta electoral.
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Las fuentes diplomáticas consultadas por infoLibre explican que en el ámbito de la Unión Europea es la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) la encargada de la supervisión de procesos electorales. Este organismo, no obstante, sólo ejerce funciones de control en elecciones de ámbito estatal, no en comicios autonómicos o municipales; y lo hace supeditado a lo que marca al respecto la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Naciones Unidas, que subraya que esta labor "debe llevarse a cabo respetando la soberanía del país".
Por otro lado, las citadas fuentes señalan que en los países que son miembros de la OSCE, como es el caso de España, existe una "invitación permanente" para que misiones de este organismo acudan a los países en los que se desarrollan procesos electorales y determinen si son necesarios observadores, algo que nunca ha ocurrido en España.
No obstante, la misión de evaluación electoral que observó las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 sí instó a España a subsanar los defectos del voto por correo y afirmó que el sistema electoral para el Congreso "no respeta completamente la igualdad de voto a nivel nacional", tal y como vienen reclamando los defensores de un sistema electoral más proporcional.
La Generalitat de Cataluña disolvió este viernes la Sindicatura Electoral, el órgano designado para realizar las funciones de junta electoral en el referéndum del 1 de octubre. Esta decisión se produjo sólo un día después de que el Tribunal Constitucional amenazara con imponer multas de 6.000 a 12.000 euros diarios a los miembros de este órgano – juristas y politólogos nombrados por la mayoría parlamentaria de Junts pel Sí y la CUP– si no desistían de sus cargos antes de las 10 horas de este sábado.