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El Gobierno responderá a la maniobra de Feijóo y Weber contra Ribera "con datos" y "sin caer en el barro"

Crisis del coronavirus

"Sorprende tanta paciencia": Los barrios más deprimidos sufren sin caceroladas el golpe más duro de una nueva crisis social

Un miembro de la Fundación Don Bosco entrega de alimentos del Proyecto Fraternitas.

De fondo se escucha un rumor lejano: caceroladas. Pero no en las colas de reparto, ni en las zonas comunes de las aglomeraciones de infravivienda. Allí todavía predomina una calma tensa. ​​​El primer golpe de la segunda crisis social de la década todavía es demasiado reciente. ¿Qué está pasando en la España más deprimida? Los datos e informes indican agonía. Si es una olla a presión, aún no ha estallado.

"Me llega incluso a llamar la atención la paciencia", dice Óscar Mitillo, coordinador del área de marginación de la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía. "La gente le está echando mucha paciencia, pero mucha. Y sacrificio. No sé hasta cuándo...", lanza Lola Contreras, presidenta de Barrios Ignorados. Son voces, salidas del conocimiento de lo que ocurre en los puntos especialmente vulnerables, en las que se aprecia un punto de sorpresa. Tras más de dos meses de estado de alarma, la España más deprimida socialmente vive el calvario del confinamiento y el parón económico sin demasiado ruido. La impresión ha llegado incluso a los despachos oficiales. "No sabría decir una explicación muy clara...", afirma Patricia Bezunartea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales. Y añade, mirando de reojo a algunos barrios acomodados de Madrid donde han prendido protestas contra el Gobierno difícilmente compatibles con la distancia de seguridad: "Es paradójico. No son los que están en peores condiciones los que están saltándose las normas de confinamiento...".

Tiene sentido que Bezunartea valore con cierta admiración el aguante de los sectores más golpeados por una crisis que al mismo tiempo que empobrece exige disciplina social. En primer lugar, porque la situación económica no deja de empeorar. Una encuesta de una agencia oficial europea señala que el 11% de los españoles no puede pagar su vivienda y el 7% cree que tendrá que dejarla, mientras hay estimaciones que sitúan en cerca de un millón los afectados por ERTE que aún no han cobrado. Además, es que su propio ministerio, Derechos Sociales y Agenda 2030, elaboró en el arranque de la pandemia un informe de alerta en el que cuantificaba en en 953 los barrios "en situación de vulnerabilidad alta o muy alta", repartidos por 440 municipios. El informe se detenía en la situación casi 50.000 personas de etnia gitana en infraviviendas, dedicadas en su mayoría a trabajo en las calles, sin regularización ni acceso a ayudas. El 86%, por debajo del umbral de la pobreza. Con la pobreza infantil en el 89%.

Pero la tensión no se ha desbordado. A pesar de que, como señala la propia Bezunartea, estos sean los puntos en los que el Estado ofrece su respuesta menos ágil. "Cuesta mucho que las medidas de protección en el ámbito laboral o de protección lleguen a situaciones que tienen como premisa la irregularidad", señala, aunque destaca la medida para dar cobertura a trabajadoras domésticas.

De modo que a la mala situación de partida se suma una reacción dificultosa de las autoridades. No es raro que empiecen a acumularse sobre la mesa datos e informes que demuestran que la curva social del coronavirus sigue disparada. Una encuesta de la Fundación Secretariado Gitano concluye que un 40% de los 11.000 entrevistados tiene ya problemas de acceso a la alimentación. De estos, sólo una cuarta parte recibe ayuda municipal. "El confinamiento tiene un efecto inmediato sobre la capacidad de ganarse la vida de gran parte de estas familias gitanas, que viven muy al día y subsisten con actividades precarias, a menudo irregulares y sin protección", señala la fundación. "Además", añade, "en contra de lo que a veces se piensa, sólo un tercio de las familias en pobreza extrema reciben prestaciones".

El 34% de los encuestados tiene dificultades para pagar la luz, el 31% el agua, el 25,6% el alquiler y el 25% el gas. Más de la mitad (53,2%) necesitan apoyo de los servicios sociales. De las personas que necesitarían este apoyo, un 61,2% no lo está recibiendo, siempre según la encuesta. El 64% ya estaba sin trabajo, sólo el 14% estaba trabajando por cuenta ajena y un 19% en la venta ambulante no regularizada o en la chatarra. Sólo a un 24% no le ha cambiado la situación a peor. Hay un 58% de desempleados que no cobra prestación. Así están las cosas.

Segunda crisis

"Si antes de la pandemia el proceso de integración de muchas familias y hogares en situación de pobreza y exclusión social se mostraba débil en su recuperación e inestable en su duración, ahora el retroceso está siendo importante", señala Cáritas en un balance publicado durante la pandemia. Los propios informes Foessa de Cáritas venían alertando de situaciones de quiebra del pacto social [ver aquí información en detalle]. Ahora llueve sobre mojado. Cáritas advierte de que, además del problema social, hay un "desbordamiento psicosocial y emocional"

Hay un mal "endémico" de falta de datos sociales fiables y homogéneos, como señala Bezunartea. No obstante, las cifras dispersas que van ofreciendo ayuntamientos u ONG componen una fotografía inquietante. En la ciudad de Madrid un 38% de los hogares han visto reducidos sus ingresos. Las estimaciones de los colectivos sociales sitúan en decenas de miles los madrileños que han acudido a las llamadas "colas del hambre". Según los datos del Ayuntamiento de Madrid, en abril se recibieron 33.514 demandas de ayuda alimentaria, más que en todo 2019, y casi todas procedían de distritos como el de Carabanchel, Vallecas o Villaverde. La Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía ha atendido a más 380.000 personas. La demanda en los Bancos de Alimentos se ha disparado hasta el punto de que en numerosas provincias piden ayuda extraordinaria para una situación extraordinaria. Cruz Roja va camino de atender a 200.000 personas en Cataluña. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona han atendido a más de 34.000 personas, un tercio de lo que en todo 2019.

La crisis económica del covid-19 amplía y puede perpetuar la desigualdad. Ya lo está haciendo en el terreno educativo, como han acreditado investigaciones como la del sociólogo Xavier Bonal en la Universidad Autónoma de Barcelona. La brecha se abre cada vez más, señala el estudio. Cáritas lanza una advertencia: "El impacto sucesivo, en apenas 12 años, de dos crisis devastadoras va a tener consecuencias determinantes en la perpetuación de la transmisión intergeneracional de la pobreza". Volvamos a la encuesta del Secretariado Gitano. Sólo un tercio de los menores participantes en los programas educativos dispone de ordenador. Más del 40% del alumnado no tiene acceso a internet o lo tiene con datos limitados. Casi un 30% no puede realizar las tareas o trabajos que les están enviando desde los centros educativos, la mayoría por no tener un equipo adecuado. No hay pancartas con estos datos en las caceroladas.

Las "costuras" del sistema

El coronavirus, en su vertiente sanitaria, está castigando más a los pobres. La Generalitat ya lo puso en evidencia con un mapa interactivo por barrios a finales de marzo. En esa misma línea han ido arrojando conclusiones informes de epidemiólogos y expertos en determinantes sociales de la salud. No es un fenómeno sólo español. En Estados Unidos un estudio del APM Research Lab demuestra cómo el virus se está ensañando con la población negra, en proporción mucho mayor a su peso demográfico. El escalón social de la pandemia está hecho de una argamasa de muchos factores: las viviendas más pequeñas y peor ventiladas; el hacinamiento; la salud más frágil de partida por la precariedad y la peor alimentación; la mayor necesidad de movilidad...

"Esta crisis está mostrando la costuras del sistema, dejando ver carencias muy importantes en vivienda, educación, empleo, sanidad... Hablamos de diez años de esperanza de vida más o menos según el lugar de nacimiento. Nos tiene que servir para un replanteamiento y para ser realmente ambiciosos", señala Bezunartea.

Esas "costuras" están especialmente en el sur. Siete de los diez barrios más pobres de España son andaluces, según el informe europeo Urban Audit, coordinado por Eurostat. Cuatro, de Sevilla. La capital andaluza, de unos 700.000 habitantes, concentra seis de los 15 barrios más pobres de España. El más pobre es Polígono Sur, con 4.897 euros por habitante al año. De darle voz se encarga Rosario García, portavoz de la Plataforma Nosotros También Somos Sevilla. "La ayuda está llegando con dificultades. Los servicios sociales [municipales] están desbordados, las Cáritas de las parroquias también. Había familias que llevaban años sin pedir ayuda y han vuelto, porque están trabajando en la economía sumergida, como empleadas de hogar, o en los cartones o la chatarra... Ahora no tienen trabajo ni ayuda", señala.

A García le duele y le indigna lo que ve. "No queremos que la gente tenga que estar pidiendo. Si yo estuviera en el Gobierno se me caería la cara de vergüenza, porque en España hay dinero para evitar eso. La gente está pidiendo, saliendo adelante por la ayuda de los vecinos", afirma. Lamenta que aún no haya una renta mínima estatal y denuncia dificultades para el cobro de la autonómica. "Estamos en una situación muy grave y urgente, pero todo va muy lento", añade. La Plataforma Nosotros También Somos Sevilla tenía registradas en el Polígono Sur, antes de esta crisis, 2.748 familias con ingresos mínimos o nulos. Ahora García no se atreve a dar un dato. "Muchas más", dice.

Una "maquinaria muy lenta"

"Siempre somos los últimos", señala Lola Contreras, presidenta de Barrios Ignorados, que reúne algunas de las zonas más deprimidas de Andalucía. Contreras, dos meses después de decretado el estado de alarma, afirma que ve las cosas ya "con un poco de perspectiva". Coincide en la denuncia de lentitud y dificultad de acceso a las ayudas. Lamenta el "cuello de botella" de la renta mínima andaluza. "Aquí en los barrios lo que está funcionando es la solidaridad vecinal. La administración es una maquinaria muy lenta que va por detrás", señala.

"La renta mínima [andaluza] se ha activado para familias vulnerables monoparentales, pero sigue muy atrasada para muchas otras. Ahora se está incorporando el pago de las solicitudes de noviembre y diciembre de 2018", explica Óscar Mitillo, del área de marginación de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. "Hay demasiados anuncios que no se concretan. Los servicios sociales siguen al ralentí. La mayoría no son presenciales, en una situación en la que deberían estar más vivos que nunca. Las soluciones están viniendo del entramado social, que debería ser un complemento, no el eje", añade. "Ha habido soluciones para empresas, para autónomos... La concesión de ERTE se ha hecho casi de forma genérica. En cambio, parece que aún no hay acuerdo en el seno del propio Gobierno sobre la renta mínima", añade. Otra vez sale la misma idea: "los últimos para todo".

Tensión contenida

Mitillo conoce bien la situación de barrios como Torreblanca, con 5.710 euros de renta media anual por habitante. Así describe la situación la asociación Torreblanca Unida: "Estamos hablando de muchas familias, encerradas además en pisos de 45 metros cuadrados y sin recursos básicos". La Plataforma Tres Barrios completa la fotografía: "Muchas de estas familias tienen una composición extensa. Las condiciones de las viviendas, la mayoría con menos de 50 metros construidos, con ventanucos estrechos, sin ascensor, con problemas de habitabilidad por falta de mantenimiento, muchas en estado casi ruinoso, hacen aún más insoportables las incomodidades en una situación de hacinamiento familiar con ancianos y menores".

¿Cómo y por qué se evita un estallido social, mientras prende en cambio un descontento originado en el Barrio de Salamanca? "Sorprende tanta paciencia y que no se haya desbordado la situación", dice Mitillo, que observa una importante disciplina, dadas las circunstancias, con "familias de seis o siete miembros en casas de 40 o 50 metros cuadrados". El epidemiólogo Manuel Franco, referente en el estudio de los determinantes sociales de la salud, cree que pueden incidir factores psicológicos. Afirma Franco –sin ofrecerlo como certeza– que la combinación de medidas ya efectivas y el anuncio de otras futuras ha evidenciado un interés del Gobierno que ofrece o alimenta expectativas de protección. Hay una amortiguación del impacto, así como una "esperanza de red", señala. "Lo primero que se hizo fue anunciar una movilización de 200.000 millones", explica. La situación le parece elocuente. Frente al grito de "libertad" de las caceroladas, que constituye una exaltación de la "libertad individual", a su juicio, en los barrios más desfavorecidos se soporta la situación gracias a redes de ayuda, ONG, solidaridad vecinal...

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"Hay muchas, muchas familias, en las que el último contacto con el profesor fue antes del estado de alarma. Cada día veo casos de gente sin saldo en el móvil para hacer una llamada", explica Lola Contreras (Barrios Ignorados), que insiste en dos ideas: "paciencia" y "sacrifico". Y añade que ambas merecen una respuesta más rápida y más ágil de las autoridades.

La educadora María del Carmen Lozano trabaja en Arcena (Murcia, 19.000 habitantes). Observa muchas dificultades y desamparo. Pero pone el énfasis en los aspectos emocionales. "La situación ya era difícil en muchos barrios, y ahora se agrava con pérdida de trabajo, falta de escolarización, falta de acceso a espacios comunitarios, que es donde muchas familias socializan... Todo esto genera mucho estrés, mucha inseguridad, mucha tensión...", señala Lozano, que preside el Colegio de Educadores Sociales de la Región de Murcia. Cree que la "conflictividad" podría exteriorizarse más este verano. Y que sólo podremos empezar a valorar con perspectiva el destrozo social con el tiempo.

"Yo he visto el vídeo ese en el que se ve a una persona rebuscando en la basura y al lado los manifestantes sin mirarlo. ¿No se les cae la cara de vergüenza?". Habla Rosario García, de la Plataforma Nosotros También Somos Sevilla. "Al Gobierno habrá que pedirle cuentas, pero no ahora mismo, justo ahora, que estamos aquí reuniéndonos como podemos por whatsapp... Esto viene de atrás. Decía mi tío que Franco quería a los obreros con alpargatas. Yo no lo entendía. Con el tiempo lo entendí". Se va indignando mientras habla. "A lo mejor los que ahora estamos metidos en casa salimos cuando esto pase y la cosa cambia".

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