No es gratuita y segrega: por qué la concertada en España es el mismo "fracaso" educativo que en Suecia
Asumir equivocaciones en política es un verbo que pocas veces se practica. Sin embargo, a veces ocurre. 4 de noviembre del año 2011, hace poco más de 12 años. El ya entonces expresidente del Gobierno Felipe González admitió, tajante, que su Ejecutivo había cometido "algunos errores". Se refirió a uno muy concreto: la educación concertada. Según afirmó el socialista, lo que habría que haber hecho es financiar la escuela pública. Y "quien quiera escuela privada que se la pague", añadió. Hace algunas semanas, la ministra de Educación de Suecia vino a asegurar lo mismo: el modelo en el país había resultado ser un "fracaso". Prometió, por ello, la mayor reestructuración del sistema educativo en 30 años. Los estándares educativos han caído, la desigualdad ha ido en aumento y la influencia religiosa en esos centros es excesiva, argumentaron en Suecia. Un diagnóstico que distintos expertos y estudios comparten para España.
Pero, ¿qué ha ocurrido exactamente en Suecia? Un informe del mayor sindicato de docentes del país, Sveriges Lärare, ya advirtió el pasado mes de junio de las consecuencias negativas que había tenido el haber mercantilizado el sistema. Ni el alumnado ni el profesorado estaban conformes. Por eso pidieron repensar el sistema y acabar con él gradualmente. Y la ministra Lotta Edholm ha recogido el guante. Según publicó The Guardian, la liberal ha iniciado una investigación sobre un modelo que, dijo, había que "limitar severamente". Los centros, añadió, no pueden ser un mero negocio. "No es sólo un problema de varias escuelas, sino que se convierte en una falla de todo el sistema", dijo.
Distintos expertos consultados por infoLibre creen que en España también hay datos objetivos para realizar una afirmación así.
Empecemos por el principio. Año 1985. El Gobierno socialista de Felipe González crea el marco jurídico para la doble red de centros educativos articulada en la Ley Orgánica de Educación (LODE). La inspiración vino de países europeos como Bélgica y Países Bajos, como indica Paloma Muñoyerro en su artículo La educación concertada en España: origen y recorrido histórico, publicado por la Universidad de Salamanca. Entonces, la creación de esa doble red tenía una explicación muy concreta: el crecimiento de la población derivado de los cada vez más numerosos nacimientos y de la creciente migración provocaba que los centros públicos del país no pudieran absorber a todos los niños y niñas en edad de escolarizar. No sólo no había infraestructuras, sino que tampoco había profesorado suficiente. Como recoge Muñoyerro en su artículo, entre el curso 1977-1978 y 1980-1981 se crearon alrededor de 30.000 unidades públicas de EGB (Educación General Básica, el nombre que antes recibían los estudios primarios).
Así se palió esa necesidad. Sin embargo, la distribución no era la más acorde, y por eso el entonces ministro de Educación, José María Maravall, escribió una carta a los padres y madres en 1983 en la que aseguró que "cada alumno" dispondría "de una plaza escolar digna cerca de su casa". "Debe concluir la construcción caótica de puestos escolares", añadió. Y justificó así la creación de la red concertada, según la cual los centros privados que quisieran acogerse a financiación pública ofrecerían una plaza "completamente gratuita". "Ya están previstos en los Presupuestos del Estado para 1984 105.000 millones de pesetas para subvencionar esta enseñanza gratuita en los centros privados concertados", explicó.
Estas escuelas, a cambio, debían cumplir una serie de requisitos. Los recuerda el profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid Jesús Rogero. El primero es que la enseñanza, como dijo Maravall en su día, fuera gratuita. El segundo, que no se seleccionara al alumnado, como sí hace la privada. Y el tercero: que la actividades confesionales tuvieran carácter opcional y no tener espacio dentro del horario lectivo. En España, la educación concertada está, fundamentalmente, en manos de la Iglesia: entre 2007 y 2017 sus centros ganaron 219.855 alumnos, un 17,2%.
"No se cumplen estas condiciones, y eso es un ejemplo claro del fracaso del modelo", sentencia Rogero.
¿Por qué no es gratuita?
El incumplimiento del primer requisito se hace patente año tras año. Con cifras. El pasado 5 de octubre se presentó en Madrid la octava edición del Estudio de cuotas y precios de colegios concertados del curso 2023-2024, un informe que elaboran anualmente Cicae, una asociación de colegios privados independientes, y Ceapa, un colectivo de familias en defensa de la educación pública. Se unen, aunque parezca paradójico, para denunciar lo que los primeros consideran competencia desleal y los segundos un castigo a la pública. El documento es claro: el 87% de las escuelas concertadas cobran cuotas irregulares a las familias. En el 76%, además, de forma obligatoria.
Hacerlo no sólo contraviene la LOMLOE, sino que va radicalmente en contra de la propia LODE que reguló los conciertos y que estableció que la educación obligatoria debe ser totalmente gratuita.
Las cuotas, además, se cobran sin transparencia, vistiéndolas de "aportaciones" o "donaciones" y provocando, además, un desplazamiento del alumnado que proviene de familias que no las abonan.
¿Por qué selecciona al alumnado?
Esto lleva al segundo incumplimiento. El 53% de los centros analizados por el informe cobra cuotas de más de 100 euros al mes a las familias, siendo la cuota promedio de 122.44 euros. En Cataluña, en algunos casos se alcanzan los 1.000 euros. El resultado es obvio: las familias más vulnerables no pueden acudir a esos centros.
Pero hay más maneras de seleccionar al alumnado. El extranjero, que por regla general tiene mayores dificultades de aprendizaje y exige mayor esfuerzo del centro, y el que tiene necesidades educativas especiales acude, en su mayoría, a la pública. De hecho, según publicó infoLibre, la concertada asume menos de la mitad del alumnado africano que le correspondería.
Un estudio publicado por la Fundació Bofill en noviembre del año pasado, además, afirmó que "en algunos casos, las escuelas concertadas informan de un menor número de plazas de las que disponen realmente, priorizan solicitudes sin seguir los criterios establecidos, o informan a algunas familias de que no tienen plazas y les sugieren solicitarlas en otra escuela". En julio de 2016, el Síndic de Greuges de Cataluña (Defensor del Pueblo) elaboró un informe monográfico en el que denunció que muchos centros disuaden la demanda de plaza de determinadas familias recomendando otros centros con un perfil social más parecido al de la familia.
La ubicación de los centros, además, es otro sutil mecanismo de selección social. "Estos colegios siempre están en zonas urbanas. Y, dentro de ellas, en las que viven aquellos con rentas más altas", explica Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León. Según denuncia, la concertada es "actualmente el mayor factor de segregación educativa y social". "Como dice José Gimeno Sacristán, los conciertos responden a una necesidad de clase aspiracional. A ellos acuden aquellas familias que esperan relacionarse con la clase social a la que quieren pertenecer", apunta.
¿Por qué la religión sí está presente?
El tercer factor, el que tiene que ver con la confesionalidad de las aulas concertadas, tampoco se cumple. Según las últimas cifras disponibles en la web de la Plataforma Escuelas Católicas, correspondientes al curso 2020-2021, hay actualmente 1.487.637 alumnos y alumnas estudiando en centros católicos concertados. Sólo en Primaria (573.154) y Secundaria (431.457) ya superan el millón. La Iglesia asume, así, el 19% de todo el alumnado dentro de la concertada. Los centros que no son católicos escolarizan tan sólo al 7,1%. Dentro de toda la red concertada, los centros católicos suponen el 72,7%.
Y eso no va separado del currículo. "De forma generalizada, la libertad de credo no se respeta", indica Rogero.
¿También se inflan las notas?
La ministra sueca criticó que la concertada inflaba las notas de su alumnado. Y esto también ocurre en nuestro país. Según el estudio Notas de acceso a la Universidad: ¿Son equitativas?, presentado el pasado mes de junio por el Observatorio del Sistema Universitario, los centros públicos aglutinan el 59,7% de notas inferiores, mientras que ese porcentaje en los concertados se sitúa en un 52,6%. Por el contrario, el 23,9% de las mejores calificaciones se dan en las escuelas concertadas. En las públicas, sólo el 17,9%.
Otro dato más. Según los datos de este curso 2023-2024 publicados por el Ministerio de Educación, la tasa de repetición en Educación Primaria se sitúa en un 1,3% en los colegios concertados y en un 2,5% en los públicos. En Secundaria, la comparativa aumenta: el 9,2% repite en la pública, mientras que en la concertada lo hace tan sólo el 4,7%.
¿Es posible seguir el ejemplo de Suecia?
Todos estos datos llevan a los expertos consultados a la misma conclusión alcanzada en Suecia: el modelo de la concertada no debería tener cabida en España. "No mejora la calidad educativa. Supone una vulneración sistemática de derechos y una mayor segregación que crea desigualdades. El modelo es un fracaso. Forma parte de la realidad educativa, pero en realidad es un desastre que no por haberlo normalizado deja de ser un problema", sentencia Rogero. "No tiene sentido mantener a la concertada. La educación debe ser pública, suponer un mismo espacio donde se viva en igualdad", añade Díez Gutiérrez. infoLibre se puso en contacto con la Plataforma Concertados para conocer su visión en este debate, pero no obtuvo respuesta.
La realidad demográfica que de hecho impulsó la creación de esta doble red ya ni siquiera existe. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) constatan, año a año, que la natalidad no toca suelo. En 2021, el último año con datos disponibles, hubo 337.380 nacimientos. Un año antes fueron 341.315. Desde 1992, cuando comenzó la serie histórica, el número de alumbramientos ha descendido un 15%. Desde 2008, cuando se registró la cifra más alta (519.779), el descenso ha sido de un 35,1%.
El efecto que esto producirá —y de hecho ya está produciendo— en la escuela es obvio: cada vez habrá menos alumnado. Según un informe de EsadeEcPol —Las escuelas se están quedando sin niños: una oportunidad para transformar el sistema educativo—, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) perderá un 25% de su alumnado potencial en 2037, pasando de los casi 2,1 millones de niños y niñas entre 12 y 15 años de hoy a 1,6 entonces. Primaria, por su parte, se vaciará antes: si en 2017 tenía 3 millones de alumnos, en 2032 se quedará por debajo de los 2,4. La consecuencia, según alertaba el estudio, es el cierre de aulas. Pero el problema es que actualmente, con el modelo de concertada existente, será más probable que sean públicas. Las concertadas están blindadas, precisamente, por los conciertos firmados con las comunidades autónomas.
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Pero ya no es sólo eso. Como recuerda Rogero en conversación con infoLibre, en un artículo titulado ¿Permitimos que los centros concertados puedan convertirse en públicos?, la red concertada tenía como objetivo "transitar de un sistema educativo propio de una dictadura a otro plenamente democrático y público". "Hoy nadie justifica la elevada presencia de la educación concertada por la incapacidad para ofertar plazas públicas. El gran porcentaje de centros concertados en un anacronismo que se mantiene gracias a las concesiones de los sucesivos gobiernos", escribió Rogero.
Por eso precisamente, señala Díez Gutiérrez, no se acaba con el modelo. "No hay voluntad, pero perfectamente se pueden nacionalizar esos centros educativos", dice. Se hizo, recuerda, con el Colegio Inmaculada Concepció de Barcelona, un movimiento que se amparó en un decreto del Departamento de Educación catalán que abría la puerta al cambio de titularidad de escuelas concertadas a públicas.
El propio Maravall, igual que hizo Felipe González, dijo haberse equivocado dando alas a esta red. Fue en 2013 en una entrevista en Público. "Lo que más lamento echando la vista atrás y recordando la aprobación de la LODE, es que en aquel momento no me podía imaginar que una ley orgánica de obligado cumplimiento en toda España llegase a ser vulnerada hasta tal punto por comunidades autónomas ni que el Gobierno central se fuera a encontrar sin instrumentos o sin voluntad para impedir esas infracciones. Cuando hablo de instrumentos, me refiero a que la alta inspección ha sido descuidada. Y cuando hablo de voluntad, hablo de un absoluto desapego respecto de la enseñanza pública en relación de la enseñanza privada por parte del PP y de falta de músculo político por parte de algunos gobiernos del PSOE".
