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El TS propone un sistema de elección de vocales que garantiza a la derecha judicial el control del CGPJ
El Tribunal Supremo quiere que la derecha judicial controle de manera permanente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así se desprende de un informe que ha enviado al órgano de gobierno de los jueces la Sala de Gobierno del alto tribunal para dar su opinión sobre cómo deberían elegirse los 12 vocales procedentes de la carrera judicial. El Supremo propone dos sistemas alternativos. La elección directa de esos 12 consejeros por la judicatura sin ninguna intervención parlamentaria o un sistema con participación de las Cortes pero en el que al menos ocho sean elegidos por la carrera sin dejar ningún margen a las Cámaras. En ambos casos, el sector conservador siempre sería mayoritario y, casi con total seguridad, alcanzaría los 13 votos necesarios para sacar adelante los principales nombramientos en el Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de justicia y el Tribunal Constitucional. El informe ha sido redactado por el vicepresidente del tribunal, el conservador Dimitry Berberoff y se ha aprobado por unanimidad, es decir, con el voto a favor de la presidenta del Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló.
En este segundo sistema propuesto por la Sala de Gobierno se acepta que la totalidad de los vocales (20) sean nombrados por el Parlamento. Pero según el informe, en ocho de los 12 consejeros procedentes de la carrera judicial, las Cortes no tendrán "margen alguno de discrecionalidad" y se limitarán a comprobar que los candidatos elegidos por los jueces cumplen con los requisitos legales para acceder al cargo "de forma reglada" en lo que el Supremo llama "refrendo" o "ratificación". La Sala de Gobierno justifica que sean ocho los vocales elegidos directamente por los jueces "en estricta equiparación de los ocho vocales no judiciales a nombrar por el Parlamento", en referencia a los juristas de reconocida competencia cuya designación atribuye a las Cámaras por mayoría de tres quintos la Constitución. Según el informe del Supremo, esos ocho candidatos que obtendrían directamente la plaza serían "los más votados" o "aquellos que hubiera recibido un apoyo superior a un determinado porcentaje de votos", entre los jueces y magistrados en activo.
El Supremo da un poco más de margen –aunque también muy escaso– a los grupos parlamentarios en la designación de los restantes cuatro magistrados que deben proceder de la carrera. "Podría contemplarse la posibilidad de que las Cortes Generales pudieran realizar los correspondientes nombramientos", alterando el orden de las elecciones celebradas en la magistratura. Pero, "únicamente mediante una mayoría de tres quintos de cada Cámara, sustituyendo a aquel o aquellos candidatos que hubieran sido elegidos como titulares y que, a su juicio, carezcan de aptitud o no resulten idóneos para el cargo". Diputados y senadores no podrían elegir en ese caso a quién quisieran, según el alto tribunal. "[La] sustitución habría de acordarse a favor del candidato que hubiera sido elegido como sustituto dentro de la misma categoría judicial, sexo y sensibilidad asociativa o no asociativa". Es decir, que el Parlamento siempre estaría sujeto a los resultados de la elección celebrada en el cuerpo. En los comicios, los jueces votarían a un total de 24 candidatos: los 12 que optan a las vocalías del Consejo y sus sustitutos.
Fuentes progresistas aseguran que el sistema de elección propuesto daría, casi con total seguridad, una mayoría permanente a los vocales conservadores en el seno del Consejo. Renovación tras renovación. Si se trasladan los resultados de las últimas elecciones a salas de gobierno celebradas el 26 de noviembre –en las que, de 118 plazas en liza, solo dos fueron a candidatos progresistas– la práctica totalidad de los consejeros procedentes de la judicatura procederían de asociaciones corporativas y de derechas. En las 12 plazas restantes cuya elección correspondería al Parlamento se alternarían vocales conservadores y progresistas en una proporción de empate a seis o de siete a cinco para cada uno de los sectores. Contando los 20 vocales, la derecha judicial contaría con toda probabilidad con los 13 votos necesarios para los principales cargos discrecionales que nombra el CGPJ: magistrados y presidentes de sala del Tribunal Supremo, presidente y presidentes de sala de la Audiencia Nacional, y presidente y presidentes de sala de los Tribunales Superiores de Justicia de ámbito autonómico.
Un resultado similar o incluso más escorado a la derecha daría el sistema alternativo que propone el Supremo: que los 12 vocales judiciales sean elegidos por los jueces sin ninguna intervención de las Cortes. Los miembros de su Sala de Gobierno admiten que ese método puede provocar "la eventual falta de garantía de un resultado plural". Pero ese pluralismo, los magistrados no lo enfocan a las distintas sensibilidades políticas presentes en la sociedad y representadas en el Parlamento, sino a sus propias asociaciones profesionales. "En ningún Consejo han estado representadas todas las asociaciones al mismo tiempo ni tampoco aquellos jueces y magistrados no asociados, con una representación acorde al número de ellos en la carrera judicial", dice el documento. Para dar cabida a todas ellas plantean que las listas sean abiertas o que los resultados se corrijan con otros criterios como la paridad, la distribución por categorías (juez, magistrado y magistrado del Supremo) o el establecimiento de cuotas para todas las asociaciones y también para los jueces no asociados.
El informe también pide que se establezcan fórmulas para evitar el bloqueo de la renovación, como el provocado por el PP, que obligó a prorrogar durante más de cinco años el Consejo anterior, desde 2018 al pasado mes de junio. El Tribunal Supremo plantea el cese de sus miembros al expirar su mandato o que el órgano se pueda constituir solo con una parte de sus miembros.
La Sala de Gobierno del Supremo está presidida por la presidenta del alto tribunal y del CGPJ, Isabel Perelló, perteneciente a Juezas y Jueces para la Democracia pero propuesta para el cargo por el sector conservador. De sus diez miembros, seis pertenecen a asociaciones conservadoras (cuatro a la mayoritaria APM y dos a Francisco de Vitoria). Solo dos de sus integrantes no son magistrados de carrera: el catedrático de Derecho del Trabajo Antonio Sempere y el de Derecho Constitucional Pablo Lucas. Este último se ha pronunciado en reiteradas ocasiones a favor de la elección parlamentaria de los 12 vocales de procedencia judicial.
El informe del alto tribunal se ha redactado y aprobado a petición del grupo de trabajo designado por el Consejo para elaborar y enviar una propuesta de reforma del sistema de renovación al Gobierno y a las Cortes Generales. De ese grupo forman parte los vocales conservadores Isabel Revuelta y José Carlos Orga, y los progresistas Bernardo Fernández y Argelia Queralt. Según la ley que acompañó la última renovación del CGPJ el pasado junio, la propuesta tiene que estar aprobada y en manos del Ejecutivo y el Legislativo el próximo 6 de febrero pero, hasta el momento, ambos sectores no han alcanzado ningún acuerdo.