Aplazar las elecciones o mantenerlas el 14 de febrero. He ahí la cuestión que sobrevuela estos días Cataluña debido a la grave situación de pandemia de coronavirus y su evolución en los últimos días, con alta incidencia de casos en todo el país cuando se cumplen entre dos y tres semanas desde las fiestas navideñas. Los partidos se han dado hasta el 15 de enero para tomar una decisión, un mes antes de la fecha prevista para los comicios, pero a día de hoy, a pocos días de que llegue esa fecha, no se intuye lo que puede ser la decisión final que se tome. En todo caso, es el Govern presidido en funciones por Pere Aragonès el que deba emitir el decreto de cancelación si esta fuera finalmente la opción a adoptar. Una decisión que, de no hacerse por consenso de todos los partidos catalanes, podría ser causa de una nueva crisis política en la región.
La convocatoria de elecciones autonómicas para mediados de febrero está fijada desde el pasado 21 de diciembre, es decir, desde antes de la Navidad. El decreto de la Generalitat ya se planteaba cauto de cara a la celebración de los comicios, pues en su cuarto párrafo advertía de que "si por razones derivadas de la protección del derecho a la salud por la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia generada por la covid-19 el desarrollo del proceso electoral no se pudiera llevar a cabo con las garantías de salud pública necesarias", se podría "dejar sin efecto" la convocatoria y "posponer la votación para una fecha posterior que ofrezca dichas garantías". La incidencia acumulada en la comunidad en los últimos 14 días es de 468,37 casos por cada 100.000 habitantes.
La mesa de partidos y, finalmente, la Generalitat serán las que respondan a la cuestión, por lo que se espera una semana llena de conjeturas y declaraciones políticas manifestando las distintas opiniones al respecto, siempre con la vista puesta en los datos de evolución de los contagios. No hay ningún partido que defienda taxativamente un aplazamiento de los comicios, pero sus posturas oficiales son claramente diversas. Mientras la candidata de JxCat Laura Borràs apostaba hace unos días por mantener la convocatoria, el PDeCAT ha pedido este mismo lunes al Govern "no alargar la agonía" más de la cuenta y decidir este mismo viernes si se pospone o no el 14F, mientras que ERC, el partido al que pertenece Aragonès, que es quien debe firmar el decreto de aplazamiento, considera que la decisión ha de ser por "consenso" de todos los partidos.
El PSC, por su parte, ha exigido al Govern que movilice los recursos necesarios para preparar el dispositivo electoral porque, en su opinión, no hay otra posibilidad que celebrar los comicios y no existe "ningún escenario epidemiológico" que prevea un confinamiento el próximo 14 de febrero. La CUP se ha manifestado en términos parecidos, mientras que los comuns defienden que las elecciones son necesarias y que, en caso de tener que posponerlas, debería hacerse bajo criterios sanitarios y no "partidistas ni electoralistas". Hasta el presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, se ha pronunciado sobre este asunto pidiendo que los comicios se celebren cuando está previsto.
Vacío legal en la normativa electoral
Este maremágnum de ideas deja de momento a Cataluña en la incertidumbre acerca de si se celebrarán o no elecciones cuando apenas queda un mes para que llegue la fecha elegida, pero lo que parece claro es que, a día de hoy, una suspensión de los comicios no obtendría el aval de todos los partidos. A las posturas políticas se añade el hecho de que la legislación electoral no prevé situaciones a las que hacer frente en caso de que una emergencia sanitaria limite o directamente impida el ejercicio del voto. Es cierto que el año pasado las elecciones vascas y gallegas se aplazaron a causa de la pandemia, pero en aquellos casos hubo pleno consenso por parte de todos los partidos políticos en ambas comunidades, por lo que no hubo ningún impedimento que cuestionara esta decisión.
Al no haber legislación concreta sobre en qué situaciones extraordinarias pueden aplazarse unas elecciones, cualquier partido podría recurrir ante los tribunales el decreto de desconvocatoria. En el caso de Cataluña, sería ante el Tribunal Superior de Justicia debido a que lo que se impugnaría sería una norma del Gobierno autonómico. Según expertos en Derecho Constitucional consultados por infoLibre, la decisión de los jueces dependería de la interpretación que hicieran, es decir, si se basaran únicamente en la Ley de Régimen Electoral General (LOREG) y en la ausencia de escenarios para un aplazamiento, o si tendrían en cuenta otras leyes como las sanitarias en las que se regulan mecanismos para hacer frente a pandemias como la del coronavirus.
Los casos de Galicia y País Vasco no supusieron mayor problema al trasladar de abril a julio de 2020 los comicios autonómicos, pero sirvieron para que se pusieran de manifiesto las carencias de la normativa electoral en casos como el actual. Este hecho fue puesto de manifiesto por el catedrático de la UNED Carlos Vidal durante su intervención en el Congreso el verano pasado en el proceso de renovación de cinco candidatos a vocales de la Junta Electoral Central (JEC). Vidal apostó por la reforma de la LOREG que incluyera una disposición adicional para cubrir el vacío legal y así dotar de mayor seguridad jurídica las convocatorias electorales que pudieran surgir con posterioridad aún con situación de pandemia. Sin embargo, en estos meses no ha habido una sola iniciativa de este tipo en el Parlamento.
Consenso para evitar impugnaciones
Todos los expertos consultados aluden al consenso general como manera para evitar futuras impugnaciones en caso de que los comicios catalanes fueran aplazados. Impugnaciones que arrojarían un escenario político de lo más inestable. El catedrático de la Universidad de Salamanca Rafael de Agapito cree que un decreto de aplazamiento de las elecciones podría incluir el precedente de los casos vasco y gallego como forma para apuntalar la decisión aunque la ley electoral no incluya ningún precepto sobre el que se pueda apoyar la desconvocatoria. Además, considera que en caso de que hubiera alguna impugnación ante los tribunales, el entramado jurídico a estudiar por los jueces no tendría que ser únicamente la LOREG, sino toda la normativa estatal y autonómica que existe para situaciones excepcionales de pandemia.
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Cuando los presidentes vasco y gallego, Iñigo Urkullu y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, consultaron a los partidos políticos, todos estuvieron de acuerdo en aplazar la convocatoria. En todo caso, solicitaron informe a las juntas electorales autonómicas, que dieron su aval. En el caso de Cataluña, no existe este organismo autonómico, sólo juntas provinciales, por lo que el informe favorable tendría que venir de la Junta Electoral Central.
El catedrático Luis Aguiar, de la Universidad Carlos III, también opina que a la hora de desconvocar las elecciones del 14F se podría aludir al precedente de Galicia y País Vasco, aunque cree que en el decreto se debería incluir una nueva fecha o al menos una estimación de cuándo podrían tener lugar los comicios. En su opinión, el hecho de que la normativa electoral actual no prevea situaciones de excepcionalidad que lleven a aplazar unas elecciones no es "ilógico", pues considera que el Derecho "no puede cubrir todas las situaciones" y que el caso de Cataluña ahora no difiere de lo ocurrido el año pasado, cuando, según ha dicho, se impuso el "sentido común" ante una situación lo "suficientemente grave".
Mientras se toma una decisión, la maquinaria para preparar la jornada electoral del 14 de febrero sigue en marcha. Ya ha comenzado el plazo para emitir el voto por correo y, de hecho, hoy mismo se ha anunciado de que el período efectivo para ello se ha ampliado hasta dos días antes de los comicios. La Junta Electoral Central aún no ha certificado las candidaturas que oficialmente concurrirán, pero el plazo para presentarlas está a punto de finalizar.
Aplazar las elecciones o mantenerlas el 14 de febrero. He ahí la cuestión que sobrevuela estos días Cataluña debido a la grave situación de pandemia de coronavirus y su evolución en los últimos días, con alta incidencia de casos en todo el país cuando se cumplen entre dos y tres semanas desde las fiestas navideñas. Los partidos se han dado hasta el 15 de enero para tomar una decisión, un mes antes de la fecha prevista para los comicios, pero a día de hoy, a pocos días de que llegue esa fecha, no se intuye lo que puede ser la decisión final que se tome. En todo caso, es el Govern presidido en funciones por Pere Aragonès el que deba emitir el decreto de cancelación si esta fuera finalmente la opción a adoptar. Una decisión que, de no hacerse por consenso de todos los partidos catalanes, podría ser causa de una nueva crisis política en la región.