Suspendida la declaración de los ex altos cargos de Ayuso imputados por los 'Protocolos de la Vergüenza'
El Juzgado de Instrucción número 3 ha suspendido la declaración de los ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que estaban citados a declarar este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, como investigados en el marco de la causa por un presunto delito de denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios. Es la primera vez que la justicia imputa cargos del Ejecutivo madrileño por los conocidos como Protocolos de la Vergüenza. Durante ese periodo, solo entre marzo y abril, 7291 personas fallecieron en los centros de mayores de la región sin asistencia sanitaria.
En concreto, la decisión se ha tomado porque los acusados entienden que no se les ha dado traslado de forma adecuada de su imputación. Carlos Mur y Javier Martínez Peromingo, ex directores de Coordinación Sociosanitaria, y Antonio Burgueño, responsable de la medicalización de las residencias que nunca llegó a producirse, tendrán que volver a acudir ante la jueza, aunque por ahora se desconoce la fecha.
Los abogados de las familias de las víctimas creen que se trata de una estrategia para dilatar el proceso. No obstante, entienden que esta maniobra entra dentro del derecho de la defensa de los acusados. "A nosotros sí nos han dado traslado (las actuaciones) y hemos tenido tiempo de estudiarlas y analizarlas. Entendemos que es una estrategia dilatoria más para evitar lo que las víctimas reclaman que es el derecho a la verdad, a conocer lo ocurrido y poder cerrar una herida que llevan cinco años sufriendo. Vamos a seguir presentando medios de prueba y, desde luego, tenemos muy claro que 7.291 discriminaciones no van a quedar impunes", ha afirmado uno de los abogados de los denunciantes, Eduardo Ranz.
La citación tiene lugar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid y se produce meses después de que más de un centenar de familiares de víctimas interpusieran una macrodenuncia ante la Fiscalía por un supuesto delito de denegación de la asistencia sanitaria por motivos discriminatorios, un tipo penal contemplado en el artículo 511. El pasado mes de marzo, después de que varias fiscalías tomasen declaración a los denunciantes, la Provincial de Madrid pidió investigar a los “autores intelectuales” de los Protocolos de la Vergüenza identificados en la denuncia. Es decir, Mur y Peromingo, aunque hoy también estaba citado Burgueño.
Víctimas de residencias esperan que los autores del 'Protocolo de la Vergüenza' digan quién dio la orden
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Antes de esta suspensión los familiares de las víctimas, que se han manifestado ante los juzgados, esperaban que estos tres ex cargos de Ayuso que tirasen de la manta y dijesen quién dio la orden. “Llegamos con la ilusión de que por primera vez en cinco años se haya dado un paso como este, pero necesitamos que los tres imputados nos digan quiénes y por qué tomaron esa decisión tan cruel”, ha dicho María Jesús Valero, de Verdad y Justicia. “Esperamos que sepan apuntar a quienes estuvieron por encima de ellos, que solo fueron brazos ejecutores”, ha añadido Carmen López, de Marea de Residencias.
Otra de sus abogadas, Alejandra Jacinto, ha reconocido su labor y ha agradecido que no hayan cesado "en intentar conseguir que se arroje verdad y justicia sobre algo tan horrible que ocurrió hace ya cinco años". "Lo que queríamos poner encima de la mesa a día de hoy era la posible comisión de un ilícito penal del artículo 511 del Código Penal, un delito de discriminación en la prestación de asistencia sanitaria porque a los residentes se les impidió ser trasladados a los hospitales públicos, se les impidió ser trasladados a los hospitales privados, se les impidió morir dignamente en unas residencias que tenían que haber sido medicalizadas y tampoco se les permitió el traslado al hospital Ifema", ha subrayado.
"Nosotros no vamos a parar. Vamos a acompañar a las víctimas y a las asociaciones de familiares hasta que se dilucide la verdad y se haga justicia", ha resaltado. A su juicio, la discriminación en el acceso a la prestación sanitaria fue "una decisión política y que ha tenido consecuencias absolutamente nefastas, presuntamente criminales, en las vidas de tantos mayores que no fueron derivados a los hospitales por razón de discapacidad o por deterioro cognitivo". Carlos Castillo, también del equipo de la acusación de las organizaciones de familiares, ha mostrado su confianza en que "más pronto que tarde" se señalará una nueva fecha.
