La suspensión en sus funciones de seis diputados independentistas decidida por el juez Pablo Llarena en virtud del auto que confirma su procesamiento añadió este martes una nueva dificultad a la de ya de por sí complicada agenda de diálogo iniciada el lunes por el presidente Pedro Sánchez y su homólogo catalán, Quim Torra.
El magistrado del Supremo ha tomado esta decisión en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece la inmediata suspensión en sus funciones de cualquier cargo público acusado de rebelión mientras permanezca en prisión. Y se la ha aplicado a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Sànchez, cuatro de ellos diputados de Junts per Catalunya y los otros dos de Esquerra. Puigdemont no está en prisión, pero sí a disposición de la justicia alemana y pendiente de una posible extradición.
El auto de Llarena, como muchos de los que ha dictado desde que comenzó a instruir la causa contra el procés, tiene profundas consecuencias políticas: si al menos dos de los diputados suspendidos no renuncian a sus escaños, el independentismo perderá la mayoría parlamentaria que consiguió en la urnas, porque si los seis no pueden votar, la suma de JuntsxCat, Esquerra y la CUP no pasa de 64 escaños, uno menos que los 65 del bloque constitucionalista (36 de Cs, 17 del PSC, ocho de Catalunya en Comú y cuatro del PP).
JuntsxCat y la CUP ya han reaccionado con máxima dureza. Portavoces de ambas formaciones se negaron a reconocer la autoridad del juez para decidir la suspensión de los seis diputados y anunciaron que propondrán al Parlament que sea la Cámara la que decida.
La portavoz adjunta del grupo parlamentario del president Torra, Gemma Geis, criticó la “innovación jurídica” que en su opinión supone la suspensión. JxCat prevé llevar a la Mesa del Parlament y a la Junta de Portavoces la suspensión para incluirla en el orden del día de un pleno y poder votarla. “Para nosotros prevalece la soberanía del Parlament”, subrayó Geis, según la cual “no es casual que se haya producido esta suspensión”, un día después del inicio del diálogo con Sánchez.
También la CUP exigió no acatar la decisión del Supremo. La diputada anticapitalista Maria Sirvent pidió que el Parlament no aplique la suspensión y que decida mediante una votación en el pleno. “Los derechos de los diputados que han sido represaliados injustamente tienen que quedar intactos independientemente de la resolución de cualquier tribunal. La competencia para decidir esto es del Parlament”, subrayó.
Esquerra, que tiene dos parlamentarios afectados —Junqueras y Romeva— también señaló su desacuerdo con el juez, pero evitó a anunciar si la desafiarán. Su portavoz en el Parlament, Anna Caula, criticó la decisión porque supone “modificar la voluntad democrática escogida en las urnas”. ERC analizará el auto antes de decidir si lo acatarán o defenderán hacer caso omiso de la resolución.
Ambigua fue también la reacción de la portavoz de los comuns en el Parlament, Elisenda Alamany, que sigue esperando de Pedro Sánchez un cambio de criterio de la Fiscalía General del Estado que facilite desactivar la causa contra el procés. Alamany no aclaró si su grupo quiere que el Parlament aplique la decisión del Supremo o la someta a consideración del pleno.
Será la mesa del Parlamento el primer ámbito en el que se debatirá la cuestión porque el juez ha remitido su auto a este órgano. Un pronunciamiento del Parlament contará con toda seguridad con la oposición de Ciudadanos y del PP y muy probablemente también del PSC, que hasta la fecha ha defendido siempre la necesidad de acatar las decisiones de los jueces.
Contra el diálogo
El problema que plantea la modificación de las mayorías en el Parlament ha aterrizado en un momento en el que el diálogo entre el Gobierno y la Generalitat había empezado a debilitar la unidad de los bloques a favor y en contra de la independencia.
PP y Ciudadanos, de un lado, habían subido el tono de sus críticas al Gobierno para acusar a Sánchez de hacer concesiones inaceptables a los independentistas para garantizarse su apoyo en el Congreso. La CUP, del otro, había rechazado la decisión de Torra de reunirse con Sánchez porque, asegura, ese camino sólo conduce a la “mejora de la autonomía”.
El PP, a través de su portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, aseguró que Sánchez necesita al independentismo para seguir "atornillado al poder" y sus nuevos socios no se van a conformar: las "concesiones van a ser cada día mayores". "Eso no es normalización ni regeneración, sino degeneración democrática", declaró, Sostener que España es "una nación de naciones" es una "aberración jurídica, política y constitucional".
Hernando, sin embargo, no quiso ir tan lejos como uno de los aspirantes a la Presidencia del PP, Pablo Casado, que en declaraciones a los medios recuperó una antigua propuesta suya para ilegalizar a los partidos que incluyan “en sus Estatutos fines ilegales” como es, en su opinión, querer “romper con la Constitución y romper la ley”.
Albert Rivera (Ciudadanos) tampoco dio tregua a Sánchez, a quien acusó de querer entregar a Torra la posibilidad de nombrar jueces. Eso sí: no es partidario de ilegalizar a los partidos independentistas, sólo de ponerles trabas para entrar en el Congreso fijando un porcentaje mínimo de votos a escala estatal.
Los políticos presos pedirán la libertad al Supremo tras descartar Alemania la rebelión
Este martes también llovieron críticas desde el lado contrario. El líder de la CUP en el Parlament, Carles Riera, subrayó que el Govern debe elegir entre dos caminos: uno que lleva a la independencia y el otro que lleva a “una mejora de la autonomía“. Recorrer los dos a la vez es incompatible. "Tenemos que dejar de engañar a la gente con una perspectiva de negociación con el Estado que sólo nos lleva hacia el autonomismo”, concluyó.
El fuego cruzado que recibe el diálogo por parte de PP y Cs y de la CUP dio pie a la número dos del PSOE, Adriana Lastra, para pedir serenidad a las dos primeras formaciones, porque con sus críticas se están situando en el grupo de “los radicales”.
“El PP empieza a convertirse en una caricatura de sí mismo. Cuando toda España está, digamos contenta, o al menos ve algo de esperanza en la senda que empezó a abrirse ayer con la reunión con los dos presidentes, lo que vemos es que los radicales, en este caso PP, Ciudadanos, la CUP y los CDR son los que no quieren que se dé esa normalización de las relaciones”, señaló Lastra.
La suspensión en sus funciones de seis diputados independentistas decidida por el juez Pablo Llarena en virtud del auto que confirma su procesamiento añadió este martes una nueva dificultad a la de ya de por sí complicada agenda de diálogo iniciada el lunes por el presidente Pedro Sánchez y su homólogo catalán, Quim Torra.