El futuro de Cataluña
Los políticos presos pedirán la libertad al Supremo tras descartar Alemania la rebelión
Las defensas de los políticos soberanistas en prisión preventiva por orden del juez instructor de la causa del proceso soberanista, Pablo Llarena, pedirán la semana que viene la puesta en libertad provisional de sus clientes tras la decisión del tribunal alemán descartando entregar al expresidente Carles Puigdemont por rebelión, ya que dicha resolución les refuerza en sus argumentos.
Así lo han explicado en una rueda de prensa conjunta los abogados Xavier Melero (Joaquim Forn), Marina Roig (Jordi Cuixart), Jordi Pina (Jordi Turull, Jordi Sànchez y Josep Rull), Andreu Van den Eynde (Oriol Junqueras y Raül Romeva), Mariano Bergés (Dolors Bassa) y Olga Arderiu (Carme Forcadell).
Asimismo, Jordi Pina ha explicado que hace una hora ha presentado recurso de reforma y subsidiario de apelación ante el juez Llarena contra la suspensión de los cargos electos y que en breve harán lo mismo los otros abogados de electos, también el de Puigdemont, y Andreu Van Den Eynde ha valorado: "No hay ninguna probabilidad de que esto acabe en una condena por rebelión".
En el escrito de Pina, el abogado rechaza la interpretación de Llarena que les tacha de "individuos rebeldes", supuesto necesario para aplicar la suspensión, porque es "absolutamente literalista y no corresponde con la interpretación del Tribunal Constitucional", y pide que si se estima el recurso, mientras se resuelve, se permita a los diputados mantener el voto por delegación.
Así, cita la sentencia 199/1987 que preveía la medida de suspensión para prevenir y combatir la acción de bandas armadas y organizaciones terroristas y "consideró sinónimas a los efectos de esta previsión legal la condición de 'rebelde' y de 'armada", que se caracterizan por usar armas de fuego, bombas, granadas, sustancias o aparatos explosivos o medios incendiarios.
En este sentido, asegura que en ningún momento sus clientes usaron este tipo de instrumentos y lamenta que "esta interpretación restrictiva del precepto que en su día sostuvo el Tribunal Constitucional ha sido inexplicablemente soslayada".
El Supremo notifica a Torrent la suspensión de los seis diputados investigados
El Tribunal Supremo (TS) ha notificado este viernes al presidente del Parlament, Roger Torrent, la suspensión de cargo público al expresidente Carles Puigdemont suspensióny a otros cinco diputados investigados por el proceso independentista.
Según han explicado fuentes parlamentarias, el Supremo ha enviado por correo certificado la notificación dirigida al presidente que ha entrado en el registro del Parlament pasadas las 11.00 de este viernes.
El Parlament está a la espera de un informe de los letrados solicitado por la Mesa de la Cámara para dirimir cómo debe aplicar esta suspensión a las puertas de un pleno que comenzará el martes por la tarde.
La Mesa del Parlament, el órgano rector de la Cámara, se reunió el jueves para abordar el tema, pero no tomó ninguna decisión alegando que no había recibido la comunicación oficial de que los diputados habían sido suspendidos.
La decisión del juez Pablo Llarena afecta a seis parlamentarios, cuatro de JxCat —Puigdemont, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez— y dos de ERC —Oriol Junqueras y Raül Romeva— y podría hacer perder a estos dos partidos y a la CUP la mayoría absoluta que ahora tiene en la Cámara.
En su auto de suspensión, el juez ha planteado que los seis diputados sean sustituidos de forma temporal por otros seis candidatos de las listas de JxCat y ERC para así no alterar la mayoría actual de la Cámara, pero ninguno de los dos partidos es partidario de ello.
El propio PSC recordó que la sustitución temporal de diputados no está prevista ni constitucionalmente ni en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), lo que añade incertidumbres a la situación de la Cámara catalana.
¿Se aplicará la suspensión?
En el Parlament está instalado el debate sobre si hay que aplicar automáticamente la suspensión dictada por Llarena, o hay que someterla a la votación del pleno y que sean los 135 diputados los que tengan la última palabra.
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Cs y el PP ya han defendido que la suspensión es automática si así lo establece una resolución judicial, mientras que la CUP y JxCat aseguran que no es de aplicación obligatoria y tiene que ser el pleno quien decida.
El informe que Torrent ha encargado a los letrados pide que lo tengan hecho antes de la próxima reunión de la Mesa del Parlament, por lo que debería estar para antes del martes a las 10, justo unas horas antes de que empiece el pleno.
