Las decisiones del nuevo CGPJ muestran que el empate pactado entre PP y PSOE favorece a la derecha

Tras cinco años y medio de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial por el PP, el pacto alcanzado el pasado junio por PSOE y PP para su renovación generó una enorme esperanza en la judicatura. Después de más de un lustro de polémicas por sus acuerdos y pronunciamientos en contra de las iniciativas del Gobierno socialista y con más de 100 altos cargos judiciales por nombrar, con la llegada de los nuevos vocales cundió el optimismo de la vuelta a la normalidad y la expectación de una presencia mayoritaria de las posiciones progresistas en un órgano de gobierno de los jueces que, en 2013, el Ejecutivo de Mariano Rajoy había diseñado a su medida.

Sin embargo, seis meses después del pacto de renovación, que estableció un empate a 10 entre los consejeros propuestos por el PP y los otros tantos designados por el PSOE y Sumar, los hechos demuestran que el partido de Alberto Núñez Feijoo, pese a estar en la oposición, se garantizó el control de la institución gracias a su derecho de veto en el nombramiento de los principales cargos judiciales y a la reforma legal que amplió el quórum de tres quintos (13 votos) para su designación.

Una presidenta progresista propuesta por los conservadores

Los partidos vendieron como un éxito democrático que no fueran ellos sino los propios vocales los que propusieran y designaran al nuevo presidente o presidenta. La elección, que en Consejos anteriores se ventiló en el primer pleno tras su constitución, mostró por primera vez signos de parálisis de la institución recién renovada. Los progresistas propusieron para el cargo a las magistradas progresistas Pilar Teso (de la Sala de lo Contencioso del Supremo) y Ana Ferrer (de la Sala de lo Penal), mientras que los conservadores defendían la candidatura del magistrado de lo Contencioso Pablo Lucas. Las dificultades para llegar a un acuerdo se extendieron durante más de un mes y solo se logró un acuerdo, tras cinco reuniones, la víspera de acto solemne de apertura del año judicial, el pasado septiembre, con el nombramiento de Isabel Perelló.

En la anterior renovación del órgano, en diciembre de 2013, el PSOE aceptó que un magistrado conservador que había ocupado dos direcciones generales en los gobiernos de José María Aznar, Carlos Lesmes, se convirtiera en presidente. Once años después, fueron de nuevo los conservadores los que propusieron el nombre de la nueva presidenta. Perelló fue muy bien recibida en la izquierda al convertirse en la primera mujer que accede a la cúspide de la judicatura española, la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. También por su adscripción a la asociación minoritaria y progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Pero su designación consiguió romper, por primera vez, al bloque progresista que, hasta pocos días antes, defendía como un solo hombre a sus candidatas. El bloque conservador votó de manera unánime a la nueva presidenta, pero de los 10 progresistas, cuatro apoyaron a Ferrer.

Discrepancias entre los progresistas por la ley de paridad

La puesta en marcha del nuevo Consejo ha coincidido con la entrada en vigor de la ley de paridad, que exige la presencia equilibrada de hombres y mujeres (ningún sexo por debajo del 40%) en los nombramientos discrecionales del órgano. Avanzar hacia la paridad que impone la ley en el Tribunal Supremo, donde todos sus miembros acceden a sus cargos por designación del órgano de gobierno de los jueces, exige el nombramiento de al menos 22 mujeres. El mismo número de magistradas debería ser designado en el segundo escalón de cargos judiciales discrecionales (presidencia de la Audiencia Nacional y la de sus salas, presidencia de los tribunales superiores de justicia y de sus salas y presidentes de las Audiencias Provinciales).

En los procesos de nombramientos más avanzados hasta el momento, el de las presidencias de cuatro de las cinco salas del Tribunal Supremo (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social), los progresistas defienden la candidatura de tres mujeres, mientras que los conservadores apoyan para los cuatro puestos a hombres. Ambos sectores saben que la ley de paridad se debe aplicar, pero discrepan sobre cómo hacerlo. Mientras los vocales a propuesta del PSOE y Sumar consideran que el ámbito donde se debe garantizar una presencia equilibrada de hombres y mujeres es el conjunto de las presidencias de sala del alto tribunal, los propuestos por el PP creen que debe cumplirse, no en las presidencias sino en el conjunto del nombramientos que haga el Consejo en todo su mandato, lo que podría provocar que la paridad se alcanzara en designaciones de cargos inferiores, pero no en los del alto tribunal.

La polémica ha dado lugar a un cruce de informes que defienden criterios distintos. La comisión de igualdad, en la que los progresistas son mayoría, aprobó un primer documento que establecía que la regla del 40%-60% entre sexos debería darse en las cinco presidencias de sala del Supremo y que, por lo tanto, al menos dos de las cuatro que ahora mismo están en juego, deberían ser ocupadas por mujeres. Un segundo informe de esa misma comisión acordado la semana pasada abundaba en ese criterio y lo ampliaba a todos los nombramientos discrecionales, no solo los del Supremo: la representación paritaria debía darse tanto en las presidencias de tribunales y de sus salas como en la composición de cada una de estas.

Pese a ello, la presidenta Isabel Perelló ha encargado un tercer informe, no a los vocales, sino a los órganos técnicos del Consejo, lo que causó cierta sorpresa entre sus compañeros progresistas. Y los técnicos han dictaminado lo contrario: que la paridad debe entenderse para el conjunto de nombramientos que haga el órgano en sus cinco años de mandato en el Supremo, la Audiencia Nacional y los tribunales superiores de justicia de ámbito autonómico. Los dos vocales a propuesta del PSOE y Sumar de la comisión de igualdad -Carlos Hugo Preciado y Lucía Avilés- han cargado contra ese dictamen. "Conforme a ese criterio, los resultados podrían ser absurdos y desdibujar la paridad como criterio de participación en los ámbitos de toma de decisiones", sostienen.

La cuestión es central, porque afecta al principal ámbito de poder del órgano, los nombramientos de la cúpula judicial, y a las candidaturas que cada sector pueda defender. Pero también aquí los progresistas han acabado divididos: de un lado la presidenta, de otro los vocales. La paridad en los nombramientos, además, tiene muchas papeletas de acabar en el Supremo -donde un tribunal formado solo por hombres tendrá la última palabra- si alguno de los candidatos o candidatas a los cargos en liza no está conforme con el criterio de paridad que finalmente se aplique. Incluso podría llegar al Constitucional.

La imposición del PP: 13 votos para los nombramientos clave

La anterior renovación del CGPJ, la de 2013, además de establecer una mayoría conservadora en el órgano, vino acompañada de una reforma legal que redujo el quorum necesario para los nombramientos clave de tres quintos de los vocales (13 votos) a la mayoría simple (gana la plaza el candidato con más votos). Eso permitió a los vocales a propuesta del PP imponer el rodillo conservador en los nombramientos sin la necesidad de buscar pactos con los progresistas. La modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impuso el PP para la renovación del pasado julio (y que el PSOE aceptó), sin embargo, amplió la nómina de cargos para cuyo nombramiento rige la regla de los tres quintos, lo que obliga a ambos sectores consensuar las designaciones en una institución de mayoría progresista. Ahora, 11 de los 21 miembros son progresistas, pero el refuerzo de esa mayoría les obliga a pactar quién ocupa cada vacante y los conservadores pueden bloquear cada nombramiento.

El poder de veto que esa norma da a los consejeros a propuesta del PP se ha reflejado en la cobertura de las cuatro plazas vacantes de presidencias de sala del Supremo (Civil, Penal, Contencioso y Social) a las primeras de cambio. Mientras progresistas y conservadores son incapaces de ponerse de acuerdo, estos últimos han conseguido imponer por la vía de los hechos a tres de sus candidatos a esas plazas. El único aspirante a dirigir la Sala de lo Civil, el conservador Ignacio Sancho, ocupa esa plaza en funciones al ser el magistrado más antiguo tras la jubilación de su antecesor. Ocurre lo mismo en la Sala de lo Penal, donde tras la renuncia del anterior presidente, Manuel Marchena, a seguir en funciones la plaza ha ido, hasta que se nombre a su sustituto, al candidato apoyado por los conservadores, Andrés Martínez Arrieta. Igual en la Sala de lo Contencioso, donde Pablo Lucas, el candidato de los vocales a propuesta del PP, ejerce el puesto sin haber sido nombrado por el Consejo.

En esas condiciones, el estímulo de los conservadores a negociar se antoja mínimo. Los progresistas ya han avisado de que, en caso de que no lo hagan, bloquearán el resto de nombramientos, que son más de un centenar. Y los consejeros propuestos por el PP tienen las de perder porque, en una carrera escorada muy mayoritariamente a la derecha, muchos candidatos afines esperan su momento desde hace años para ascender. La prueba es la presidencia de la Audiencia Nacional a la que no opta ningún postulante progresista. De los ocho que se han presentado, seis ocuparon cargos en gobiernos del PP o fueron aupados en sus carreras por ese partido. "En esas condiciones, solo aspiramos a encontrar a gente profesional y que tenga vocación de servicio público, aunque pertenezcan a la derecha judicial", explican fuentes progresistas.