Tal y como ha ocurrido en Portugal –donde el Tribunal Constitucional invalidó este viernes algunas de las principales medidas de los Presupuestos que están actualmente en vigor–, la Justicia española también tiene en su mano limitar el grueso de los recortes emprendidos por el Ejecutivo de Mariano de Rajoy desde su llegada a la Moncloa. Eso ocurrirá, claro está, si prosperan los recursos que, ante el TC, han presentado varias formaciones políticas. La eliminación de la paga extra a los funcionarios también fue recurrida, en este caso por los sindicatos, y sigue su trámite procesal en diferentes tribunales.
Aunque las leyes recurridas son muy diferentes –van desde la reforma laboral a la amnistía fiscal, pasando por la privatización de servicios públicos, el recorte de las pensiones o la ley de tasas judiciales– y cada una tiene impugnaciones particulares, hay un argumento que se repite en casi todas ellas. El razonamiento es que, según los denunciantes, estas medidas quiebran el principio de igualdad a la hora de hacer frente a los sacrificios que exige la recuperación de la economía. Precisamente, el mismo principio del que se han servido los jueces portugueses para tumbar la retirada de las pagas extra a funcionarios y pensionistas.
El pasado noviembre, el TC admitió a trámite el recurso presentado por PSOE y la Izquierda Plural contra la reforma laboral que puso en marcha Mariano Rajoy en febrero de 2012. Ambos grupos consideran que esta ley "altera sustancialmente el modelo democrático de relaciones laborales" construido a lo largo de las últimas tres décadas. En concreto, el recurso menciona nueve artículos. Entre ellos, el que establece el periodo de prueba de un año en el contrato de apoyo a los emprendedores; el que otorga a los empresarios la posibilidad de modificar unilateralmente la cuantía de los salarios, la jornada laboral o los horarios; o el que recoge la preferencia absoluta e incondicional del convenio colectivo de empresa respecto a los regionales o sectoriales. Ambas formaciones también creen inconstitucional el artículo que defiende las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción para justificar el despido colectivo porque, a su juicio, "prescinde del elemento de causalidad" en la delimitación de esos motivos.
El 19 de marzo pasado, el TC también dio el visto bueno a debatir si la decisión del Gobierno de cambiar la ley para no compensar a los pensionistas por la desviación real de la inflación es acorde a la Constitución. El Gobierno aprobó una revalorización para este año un punto inferior al IPC (que fue del 2,9% en noviembre de 2012) para prestaciones de menos de 1.000 euros. El resto de pensiones, es decir, las que superan esa cantidad, sólo subieron un 1% en 2013. Los grupos que presentaron el recurso –PSOE, CiU, Izquierda Plural, UPyD y PNV– consideran que el Gobierno vulneró de esta forma el derecho de los pensionistas porque, al privarles de esa compensación, se les resta parte de lo cotizado.
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Los magistrados del Constitucional también tendrá que dirimir sobre si la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno vulnera por partida doble la Constitución, tal y como considera el PSOE, cuyo grupo parlamentario alegó ante el TC el pasado julio que es "especialmente injusta" en sus consecuencias y "manifiestamente contraria a los principios de igualdad, proporcionalidad y progresividad". Creen que esta medida coloca a un colectivo de "contribuyentes defraudadores" en una situación de "absoluto privilegio fiscal, que llega en ocasiones a neutralizar el deber de contribuir".
Los socialistas también llevaron al TC la ley de tasas judiciales impulsada por el Gobierno. Consideran que vulnera cuatro artículos de la Carta Magna. Entre ellos el que establece el derecho a la tutela judicial efectiva o el que delimita el principio de capacidad económica a la hora de fijar los tributos, pues los socialistas cuestionan, más que el modelo en sí, la cuantía de las tasas establecidas en cuanto creen que son excesivas y disuasorias.
La privatización de los servicios y recorte en gasto social también es uno de los asuntos que están encima de la mesa de los magistrados del TC. Los socialistas madrileños presentaron el pasado 27 de marzo un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos regionales de 2013, la norma que en sus artículos 62 y 63 abre la vía para la externalización de seis hospitales de gestión mixta y 27 centros de salud. El Constitucional también estudia la petición de varios grupos del Parlamento de Navarra, que denuncian que los recortes en Educación y Sanidad invaden sus competencias autonómicas en ambas áreas. Estos recursos, admitidos a trámite en julio de 2012, son los primeros tenidos en cuenta por el Alto Tribunal de entre todos los promovidos por diferentes comunidades autónomas contra los tijeretazos en servicios públicos aprobados en mayo de ese mismo año por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Tal y como ha ocurrido en Portugal –donde el Tribunal Constitucional invalidó este viernes algunas de las principales medidas de los Presupuestos que están actualmente en vigor–, la Justicia española también tiene en su mano limitar el grueso de los recortes emprendidos por el Ejecutivo de Mariano de Rajoy desde su llegada a la Moncloa. Eso ocurrirá, claro está, si prosperan los recursos que, ante el TC, han presentado varias formaciones políticas. La eliminación de la paga extra a los funcionarios también fue recurrida, en este caso por los sindicatos, y sigue su trámite procesal en diferentes tribunales.