El Tribunal Constitucional no tiene ningún límite de demora para pronunciarse sobre los recursos planteados por el Gobierno en contra del referéndum del 1 de octubre. En sus propias resoluciones ha dado un plazo de entre 15 y 20 días para presentar alegaciones en contra de la admisión a trámite, lo que sugiere que, como mínimo, no entrará en el fondo del asunto al menos hasta finales de mes, ya a pocos días de la fecha prevista para el referéndum.
El Alto Tribunal acumula retrasos clamorosos. Lleva más de siete años sin decidir sobre la reforma de la ley del aborto y hay hasta otros cuatro asuntos pendientes desde hace mucho tiempo: la prohibición de las corridas de toros en Cataluña (2012), un recurso del Gobierno central contra la Ley de Patrimonio de Navarra (2008), otro contra la ley valenciana de custodia compartida (2011), y un último recurso del Gobierno de Aragón contra la ley de almacenamiento de CO (2011).
De momento, y a instancias del Gobierno, el Tribunal Constitucional sí ha suspendido cautelarmente todas las normas relacionadas con el referéndum. Lo ha hecho automáticamente al admitir a trámite los cuatro recursos planteados hasta ahora por la Abogacía del Estado contra otras tantas decisiones del Govern y del Parlament, así como el incidente de ejecución con el que La Moncloa trataba de paralizar la aprobación de la llamada ley de transitoriedad.
El Congreso de los Diputados, el Senado, la Generalitat y el Parlament disponen ahora de un plazo de entre 15 y 20 días (depende de la norma impugnada) para formular alegaciones. Fuentes del Alto Tribunal consultadas por infoLibre aseguraron que, a partir de ese momento, no es posible estimar cuánto tardarán los magistrados en emitir una sentencia. “El Tribunal intentará seguir haciendo su trabajo con diligencia, pero no hay calendario. Las sentencias (cualquier sentencia) no se aprueban hasta que el asunto ha sido analizado en profundidad”, puntualizan. Incluso en este caso, en el que se tiene “en cuenta” la urgencia del tema, lo que determina los plazos es la “complejidad técnica”.
En todo caso, y a falta de un fallo definitivo, el Tribunal Constitucional ha advertido de su deber de “impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada” a Puigdemont, a los miembros del Govern y a su secretario, a la presidenta y a los miembros de la Mesa del Parlament y a un selecto grupo de funcionarios de la Cámara (el letrado mayor, el secretario general y a dos responsables de publicaciones). Si no lo hacen, les ha dicho el Alto Tribunal, se arriesgan a incurrir en “responsabilidades, incluida la penal”.
Este apercibimiento se ha hecho extensivo a los miembros de la Sindicatura electoral (el órgano creado ad hoc por el Parlament para controlar las elecciones), a la práctica totalidad de los altos cargos del Govern y responsables de sus publicaciones oficiales y a todos los alcaldes de Cataluña.
El Superior de Justicia de Cataluña ya tramita las querellas de la Fiscalía
En el caso de las querellas de la Fiscalía Superior de Cataluña los tiempos dependen de las dos magistradas de la sala de lo Civil y de lo Penal del tribunal que ya instruían causas contra una consellera del Govern y contra la mesa del Parlament y que han sido encargada de su tramitación. Ellas serán quienes dicten las resoluciones correspondientes y decidan qué diligencias se practican.
Las querellas, una vez registradas, fueron entregadas en la tarde del viernes a los magistrados José Francisco Valls, de tendencia conservadora, y Carlos Ramos, considerado progresista. Ambos dpropusieron a la Sala de Admisiones, tal como exige el procedimiento, que fuesen esas dos magisteadas, Maria Eugènia Alegret y Mercedes Armas, las que se hicieran cargo. La primera ya instruía un procedimiento previo abierto contra Forcadell y varios miembros de la Mesa del Parlament. La segunda se estaba ocupando de un caso que afecta a la consellera Meritxell Borràs y el fuera secretario de su departamento, Francesc Esteve.
El tribunal tiene que establecer si hay pruebas suficientes de que el presidente de la Generalitat y los miembros del Govern, así como la presidenta del Parlament y los cuatro miembros de la Mesa que apoyaron la tramitación de la ley reguladora del referéndum, han cometido delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos al haber convocado el referéndum del 1 de octubre.
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En segundo lugar, tendrán que decidir si adoptan medidas cautelares contra Puigdemont, Junqueras y todos sus consejeros, incluidas fianzas económicas para hacer frente a posibles responsabilidades pecuniarias. Uno de los delitos de los que han sido acusados por la Fiscalía, la malversación de fondos públicos, conlleva además penas de prisión.
El fiscal ha pedido también a la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra que adopten las medidas necesarias para impedir el referéndum, entre ellas la retirada de urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales y elementos informáticos. Les pide también que soliciten permiso judicial para entrar y registrar domicilios particulares y otros recintos.
La Fiscalía también reclama el cierre la página web del referéndum, la prohibición de la difusión en medios de propaganda institucional y que se aperciba a todos los alcaldes catalanes para que impidan que se facilite cualquier recurso material o personal a la realización del referéndum.
El Tribunal Constitucional no tiene ningún límite de demora para pronunciarse sobre los recursos planteados por el Gobierno en contra del referéndum del 1 de octubre. En sus propias resoluciones ha dado un plazo de entre 15 y 20 días para presentar alegaciones en contra de la admisión a trámite, lo que sugiere que, como mínimo, no entrará en el fondo del asunto al menos hasta finales de mes, ya a pocos días de la fecha prevista para el referéndum.