El pleno del Tribunal Constitucional estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra el decreto ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento del fin social de la vivienda al considerar que la expropiación de dichas viviendas invade la competencia exclusiva del Estado en materia de "coordinación de la planificación general de la actividad económica".
La sentencia, adelantada este martes, explicó que el Estado ha puesto en marcha unas medidas que tienen una doble finalidad, proteger a los deudores hipotecarios y, al mismo tiempo, promover el mercado hipotecario con la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito.
Así entiende que el decreto ley andaluz, con las expropiaciones, obstaculiza la eficacia de las medidas de política económica desarrolladas por el Gobierno. La sentencia cuenta con tres votos particulares de magistrados progresistas: el de la vicepresidenta del TC, Adela Asua; el de Encarna Roca, y al que se adhiere Fernando Valdés Dal-Re y el de Juan Antonio Xiol.
Andalucía anuncia un goteo de expropiaciones para poner fin a los desahucios
Cabe recordar que de forma posterior a este decreto, el Parlamento andaluz aprobó una Ley de Función Social de la Vivienda que derogó en parte el decreto ley. Dicha ley fue también recurrida ante el TC por el Gobierno de Mariano Rajoy y está pendiente de resolución por el pleno.
El pleno del Tribunal Constitucional estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra el decreto ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento del fin social de la vivienda al considerar que la expropiación de dichas viviendas invade la competencia exclusiva del Estado en materia de "coordinación de la planificación general de la actividad económica".