Los testimonios e indicios que el Gobierno español aporta en La Haya para acusar a Israel de genocidio
No convertirse en parte en el proceso. Apoyar y auxiliar al tribunal. Parar la guerra sin ir contra Israel. Esos fueron tres de los objetivos que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que el Gobierno de España buscaba cuando, el 6 de junio, anunció que se convertiría en el primer Estado de la UE en sumarse a la causa abierta contra Israel en el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU por supuesto genocidio en Gaza. El documento enviado a la Corte, sin embargo, va mucho más allá y aporta a los magistrados múltiples indicios que apuntarían al "dolo especial" o "el estado mental genocida" de las autoridades de ese país contra los palestinos de la Franja que requiere ese delito, el más grave de los crímenes internacionales.
España señala –directa o indirectamente– hasta ocho nombres de personalidades políticas israelíes, entre ellos cuatro ministros del Gobierno de Benjamín Netanyahu, que se manifestaron públicamente a favor de borrar del mapa a ese grupo nacional (el pueblo palestino) y considera que el bloqueo de la ayuda humanitaria podría llegar a encajar en la tercera de las cinco definiciones de genocidio que recoge la Convención Internacional que lo persigue: la del sometimiento intencional de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial.
La declaración de intervención de España en la causa, presentada el 28 de junio, recuerda que, como el propio Tribunal de La Haya ha mantenido en anteriores resoluciones, las matanzas, persecuciones y ataques a un grupo étnico o nacional como son los palestinos de Gaza no constituyen en sí mismos genocidio si no se ejecutan con "una intención de destruir, total o parcialmente" esa colectividad como tal. En su escrito, el Gobierno español subraya la dificultad de demostrar mediante pruebas directas esa intencionalidad genocida o "dolo especial" que requiere el delito, por eso aconseja interpretar ese requisito "con un enfoque equilibrado que reconozca la gravedad singular del crimen de genocidio sin hacer que el umbral para inferir intención genocida sea tan difícil de superar que haga casi imposible la apreciación del delito".
Para tratar de demostrar ese requisito de "estado mental genocida" que estableció el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, España aporta las declaraciones de varios miembros del Ejecutivo israelí. Como el ministro de Defensa, Yoav Gallant, que el pasado 9 de octubre aseguró públicamente: "Estamos imponiendo un asedio total a Gaza. No habrá electricidad ni alimentos ni agua ni combustible. Todo estará cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia". O las del ultranacionalista ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir, del 10 de noviembre, en las que aseguraba que destruir a Hamás, uno de los objetivos de Israel en Gaza, suponía también destruir "a los que celebran y les apoyan; todos son terroristas y también deberían ser destruidos".
En su escrito, el Gobierno español carga con especial fuerza contra el ministro de Exteriores, Israel Katz, que el 12 de octubre, cuando ocupaba la cartera de Energía, aseguró en su cuenta de X que "toda la población civil de Gaza debía marcharse inmediatamente". "Ganaremos. No recibirán una gota de agua o una sola batería hasta que abandonen el mundo". España recuerda que, según el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado del pasado 27 de mayo, fue el propio Katz el que cinco días antes de escribir ese tuit, firmó la orden de cortar todo el suplemento de electricidad y agua en la Franja, así como el de combustible.
Otro de los indicios que, según el escrito, podrían ayudar a probar ese ánimo genocida es la carta enviada el 28 de diciembre por antiguos diplomáticos, profesores, periodistas y diputados israelíes al fiscal general de ese país en la que le pedían que actuara contra "la incitación constante y flagrante al genocidio, la expulsión y la limpieza étnica en Gaza por parte de figuras públicas". La carta contiene una lista de manifestaciones de políticos israelíes contra los que sus autores creen que se debería actuar penalmente por vulnerar la legislación israelí y la internacional. Entre ellos el ministro de Patrimonio, Amichay Eliyahu, que aseguró que lanzar una bomba atómica en Gaza "era una posibilidad". O la del diputado ultra Yitzhak Kroizer, que afirmó que había que "arrasar la franja de Gaza; para todos ellos solo hay una sentencia: la muerte". El exministro de Exteriores y de Defensa Avigdor Lieberman señaló, por su parte, que "no hay gente inocente en Gaza".
Además del bloqueo de la ayuda humanitaria, en el que España encuadra el posible genocidio, el documento señala también a "la destrucción de infraestructuras básicas en Gaza", que según los informes de Naciones Unidas ha contribuido "a una crisis humanitaria sin precedentes y a un severo empeoramiento de las condiciones de vida de la población palestina". El Gobierno recoge parte del informe sobre daños redactado por un equipo del Banco Mundial, la UE y la ONU el pasado 29 de marzo, en el que se señalaba que "los hospitales, los colegios, las instalaciones de la ONU y otros lugares protegidos" eran "severamente impactados por el conflicto". Ese mismo informe relataba cómo la falta de electricidad o de combustible afecta intensamente a la atención hospitalaria, "incluida la de los recién nacidos". También apuntaba al incremento de "enfermedades infecciosas" y a la "inseguridad alimentaria" provocada por la escasez de comida, gas y agua.
La declaración de España enviada al Tribunal de La Haya también recoge otras conductas impuestas por Israel a los gazatíes que, aunque no se incluyan en las definiciones que recoge la Convención del Genocidio, podrían provocar ese crimen internacional. Como el desplazamiento forzoso de personas, que puede generar "una lesión grave a la integridad física o mental" de los miembros del grupo perseguido, en este caso los palestinos de Gaza o al "sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial" de esa colectividad, lo que sí encaja en el delito. Lo mismo ocurre con la destrucción del patrimonio cultural o religioso, que puede ser considerado como un indicio de la intencionalidad del delito.
