Cristina de Borbón y sus defensores legales y políticos tienen desde este sábado un motivo de peso para avizorar una salida favorable a sus intereses en lo que la Casa Real ha definido como “martirio” judicial. Los testimonios de los tres funcionarios de Hacienda cuyos informes exculparon de delito fiscal a la infanta y el estrepitoso fracaso del perito propuesto por la acusación popular –un diagnóstico compartido por fuentes ajenas a la Fiscalía y a la defensa de la imputada– alivian de forma objetiva el camino judicial de la hija del rey. Su citación como imputada para el día 8 sigue en pie y nada la obstaculizará: el fiscal Pedro Horrach eligió ayer la ronda de declaraciones para comunicar al juez José Castro que, en contra de lo publicado por algunos medios, nunca se ha planteado presentar una querella contra él para apartarlo del caso y dejar así en suspenso la comparecencia de la imputada. Su situación ha mejorado, pero aún pende sobre ella la sospecha de que fue cooperadora o cómplice en los delitos atribuidos a su marido.
La infanta declarará tal como estaba previsto. Pero fuentes que mantienen posiciones distintas coinciden en que este sábado ya quedó sentado que la empresa Aizoon SL, cuya propiedad se reparten Iñaki Urdangarin y su esposa al 50%, no incurrió en delito fiscal. Una fuente vinculada al caso y ajena a la Fiscalía y a la defensa de la infanta admitió que los funcionarios de Hacienda se explicaron “como nunca antes lo habían hecho”. Y que por fin clarificaron por qué aceptaron que Aizoon contabilizara como gastos deducibles los 69.990 euros que en 2007 abonó a Intuit SL, una empresa de Diego Torres (el socio de Urdangarin).
"Simulación relativa"
Esas tres facturas, dijeron los funcionarios, no respondían a servicios prestados pero tampoco se trataba de facturas falsas sino solo lo que en el argot tributario se conoce como “simulación relativa”. Es decir, el dinero fluyó desde Aizoon con destino a Intuit, por lo que hubo un movimiento real de dinero y no una ficción total –“simulación absoluta”– como las destinadas a ocultar que el dinero nunca ha salido de una empresa. Pero, dado que Hacienda ya levantó el velo societario sobre la trama Nóos tras una petición del fiscal lanzada en el verano de 2012, no son Aizoon e Intuit las personas –jurídicas– a las que debe atribuirse el delito sino a Urdangarin y Torres. Si ese ingreso se atribuye a Torres como ingreso, también debe computarse como gasto de Aizoon. El movimiento de los 69.990 euros escondía un reparto de beneficios entre Urdangarin y Torres, confirmaron los funcionarios.
Sobre el segundo delito por el que declarará la infanta, blanqueo de capitales, apenas se habló: la inspectora de Policía que declaró como testigo afirmó tajante que jamás se investigó por esa vía porque ningún indicio apuntaba a que pudiera haber lavado dinero de origen ilegal captado por Aizoon SL.
La hipótesis de que Aizoon SL hubiera perpetrado un delito fiscal al defraudar en un solo ejercicio –2007– más de 120.000 euros era la gran baza de la acusación popular que ejerce Manos Limpias para demostrar que, como propietaria del 50% de la empresa, también la infanta incurrió en responsabilidad penal como autora directa. El encaje delictivo de lo que hizo o dejó de hacer la infanta encuentra ahora nuevas dificultades, aunque su situación procesal dista todavía mucho de ser radiante y pende sobre ella la sospecha de cooperación necesaria –aquella sin la que no puede cometerse el delito– o de complicidad.
El papel de la infanta
Aunque el juez mantiene absoluto hermetismo, y a tenor de las preguntas que ayer formuló, distintas fuentes coinciden en que para Castro cobra ahora especial relevancia averiguar mediante el interrogatorio de la infanta qué papel jugó en la construcción y funcionamiento de Aizoon SL, sociedad pantalla que, como tal, no cometió delito fiscal pero sin la que Urdangarin difícilmente podría haberse hecho con dinero de origen público captado por Instituto Nóos, ni podría haber defraudado luego a Hacienda mediante el sistema de anotar como ingresos de la compañía y no suyos propios en la declaración de IRPF el millón largo que en 2007 y 2008 cobró de siete compañías privadas por pertenecer a su consejo o asesorarlas. Ayer declararon responsables de tres de esas siete empresas. Y todos admitieron que contrataron al yerno del rey por ser quien es y que transfirieron sus honorarios a Aizoon porque así lo pidió él.
Hace dos meses, el notario que escrituró la compra del palacete de Pedralbes y también la constitución de Aizoon SL, Carlos Masiá, desveló ante el juez que el asesor legal de Urdangarin le transmitió que la infanta debía figurar como cofundadora y copropietaria de la sociedad. ¿Para qué? Para que su nombre operase como un “escudo” frente a hipotéticas inspecciones de Hacienda.
Si el juez preguntó a los funcionarios de Hacienda por el papel de la infanta y sus potestades como cotitular de Aizoon para el nombramiento de su marido como administrador fuentes consultadas indicaron que también le queda otra incógnita por resolver: qué rol desempeñó Cristina de Borbón en la cascada de gastos personales asumidos por Aizoon –por ejemplo, la reforma y decoración del palacete de Pedralbes– y por qué se prestó a firmar un contrato de alquiler de una parte de la mansión familiar, arrendada por ella y su marido como personas físicas a su propia empresa como persona jurídica. Ese contrato de alquiler, y así lo recalcaron los peritos de Hacienda, era falso de cabo a rabo. Aquí sí había una simulación absoluta. Y por eso la Agencia Tributaria no aceptó que Aizoon contabilizase los pagos por alquiler como gastos deducibles.
Aunque fuentes de esa asociación sindical introdujeron importantes matizaciones ante las preguntas de infoLibre, distintas fuentes consultadas recalcaron que el testimonio del perito de la acusación popular no solo no reforzó la tesis de que la infanta cometió delito fiscal sino que afianzó la idea de que son los funcionarios de Hacienda los que, pese a todas las sospechas y pese a la formidable movilización del aparato del Estado a favor de la hija del rey, dicen la verdad.
UN "MERCENARIO TRIBUTARIO"
El perito de Manos Limpias se negó a desvelar para qué empresa trabaja, admitió que no hubo delito fiscal en Aizoon SL, reconoció que no había practicado liquidaciones tributarias alternativas a las de la Agencia Tributaria y se definió como un “mercenario jurídico tributario”. De la estupefacción causada por la exposición sobre su peritaje da buena muestra el siguiente dato: el juez Castro, que había pedido a los funcionarios de Hacienda que permaneciesen a su disposición por si lo que contase el perito de la acusación popular requería someterles a una nueva ronda de preguntas, les permitió marcharse antes de que su comparecencia terminase.
Los peritos de Hacienda recalcan que nada indica que la infanta participase ni en Nóos ni en Aizoon
Fuentes de Manos Limpias adujeron que el perito no reveló para qué empresa trabaja por temor a represalias laborales. Admitieron que el uso del término “mercenario” fue un error mayúsculo. Subrayaron que su perito ya había dicho en su informe que el eje del delito fiscal era Urdangarin y no Aizoon. Y aseguraron que, cuando afirmó que no había practicado liquidaciones sino que había escrito “notas”, quiso decir que carece de potestad jurídica para practicar una liquidación alternativa a la de Hacienda y que por eso lo que plasmó fueron notas para completar lo dicho por la Agencia Tributaria.
Según Manos Limpias, el perito fue víctima de un “hostigamiento” inédito. Y eso, aducen fuentes de esa asociación, influyó negativamente en su testimonio. Las mismas fuentes interpretan la decisión del juez de no retener a los funcionarios de Hacienda como la constatación de que Castro aceptó la petición de Manos Limpias, que se opuso a que permanecieran a disposición del magistrado. Otras fuentes niegan esa versión y aseguran que el juez dio ese paso porque consideró inútil someter ambos peritajes a contradicción dada la exposición del perito de la acusación popular.
Personas que siguen de cerca el trabajo de José Castro confesaron anoche su temor a que los defensores a ultranza de la infanta utilicen lo sucedido ayer para presentar al juez como el hombre que se empeñó en imputar a la infanta sin base ni razón. Es –ejemplificó una fuente– "como si solo se la pudiera imputar si ya hubiera pruebas de cargo para sentarla en el banquillo" cuando no es esa la norma por la que se cita como imputado a alguien al que luego se le puede levantar la imputación si da una explicación convincente y se difuminan los indicios delictivos.
Cristina de Borbón y sus defensores legales y políticos tienen desde este sábado un motivo de peso para avizorar una salida favorable a sus intereses en lo que la Casa Real ha definido como “martirio” judicial. Los testimonios de los tres funcionarios de Hacienda cuyos informes exculparon de delito fiscal a la infanta y el estrepitoso fracaso del perito propuesto por la acusación popular –un diagnóstico compartido por fuentes ajenas a la Fiscalía y a la defensa de la imputada– alivian de forma objetiva el camino judicial de la hija del rey. Su citación como imputada para el día 8 sigue en pie y nada la obstaculizará: el fiscal Pedro Horrach eligió ayer la ronda de declaraciones para comunicar al juez José Castro que, en contra de lo publicado por algunos medios, nunca se ha planteado presentar una querella contra él para apartarlo del caso y dejar así en suspenso la comparecencia de la imputada. Su situación ha mejorado, pero aún pende sobre ella la sospecha de que fue cooperadora o cómplice en los delitos atribuidos a su marido.