Todo apunta a que Mariano Rajoy –gracias a la abstención del PSOE– revalidará su puesto de presidente del Gobierno la semana que viene. Aunque, previsiblemente, el PP seguirá en la Moncloa, sí habrán quedado atrás los tiempos plácidos de la mayoría absoluta en los que los conservadores no necesitaban del concurso de otras formaciones para sacar adelante sus iniciativas. Es más, es probable que sean el resto de grupos los que se asocien con la intención de echar por tierra algunas de las leyes del PP.
De hecho, con la cuestión de la gobernabilidad ya encarrilada, el debate se centra ahora en hasta qué punto es posible controlar, e incluso dirigir, la acción de Gobierno desde el Congreso de los Diputados. Pero si hay algo claro es que no será fácil, pues los conservadores están dispuestos a acudir a la prerrogativa legal que permite al Ejecutivo vetar enmiendas y proposiciones de ley de la oposición si considera que comportan aumento de gasto o disminución de ingresos.
De hecho, el PP intentó este martes vetar dos proposiciones de ley del PSOE sobre la reforma educativa y los trabajadores subcontratados. Sin embargo, la Mesa del Congreso –el órgano de gobierno de la Cámara baja en el que hay tres representantes del PP y PSOE, mientras Unidos Podemos y Ciudadanos cuentan con dos cada uno– impidió estos vetos. Además, dejó en suspenso otros tres vetos a propuesta de los socialistas y el partido naranja sobre tasas judiciales, pobreza energética y sanidad universal. En el centro del debate está también hasta qué punto la Mesa tiene potestad o no para impedir estos vetos, un conflicto que podría acabar en el Tribunal Constitucional.
No obstante, lo llamativo es que el PP recurra ahora a una fórmula que criticó airadamente cuando estaba en la oposición. En 2010 Rajoy acusó al Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero de ejercer "actos de autoritarismo impropios de una democracia avanzada" al impedir que el PP y otras fuerzas debatieran una enmienda sobre la congelación de las pensiones. Aseguró también que al PSOE le sobraban "tics autoritarios".
Los papeles parecen haberse cambiado ahora aunque los protagonistas sean los mismos. Y es que el PSOE –sólo durante la segunda legislatura de Zapatero– utilizó esa prerrogativa en al menos una veintena de ocasiones para tumbar proposiciones de ley de la oposición. Resulta llamativo, por eso, que este martes el portavoz de Empleo del PSOE, Rafael Simancas, acusara al Gobierno de practicar el "filibusterismo parlamentario" por intentar vetar una iniciativas de otros grupos.
Recurso al Tribunal Supremo
La prerrogativa legal a la que se habían acogido los socialistas es la misma de la que ahora se plantea echar mano el PP y está recogida en el artículo 134.6 de la Constitución y el 126 del Reglamento del Congreso, que señalan que el Ejecutivo debe dar su conformidad para tramitar "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos". El Gobierno estimó en 2010 que revertir la congelación de las pensiones entraba en este supuesto.
Pero la cuestión no quedó ahí. El PP consideró que el PSOE estaba abusando de esa potestad y recurrió en noviembre de aquel año al Tribunal Supremo el veto del Gobierno de Zapatero a su propuesta de dejar sin efecto la congelación de las pensiones para el año siguiente. Los socialistas habían justificado ese veto en que dar marcha atrás en esta cuestión supondría "una pérdida de credibilidad importante para el conjunto del país".
Hay que recordar que sólo unos meses antes, el 20 de mayo de 2010, el PSOE había anunciado el gran tijeretazo socialtijeretazo, un recorte en el gasto del Estado para reducir el déficit, que tenía entre sus medidas estrella la reducción en un 5% del sueldo de los funcionarios en 2010, la eliminación del cheque-bebé y la congelación de todas las pensiones salvo las no contributivas y las mínimas.
Pues bien, el Tribunal Supremo inadmitió a trámite el recurso presentado por el PP [consultar auto, aquí] argumentando que el Gobierno hizo uso de una potestad reconocida en al artículo 134.6 de la Constitución ejercida en el ámbito de la actividad parlamentaria, lo que no constituía un acto susceptible de control en vía jurisdiccional contencioso administrativa.
Los vetos del PSOE
Qué margen tiene el PP para torpedear las propuestas de la oposición en el Congreso
Un portavoz autorizado de la Cámara baja señala, a preguntas de infoLibre, que la utilización de esta prerrogativa había sido hasta 2008 "muy poco habitual". De hecho, en el período de los Gobiernos de Felipe González (1982-1996) y José María Aznar (1996-2004) en el buscador de la página oficial el Parlamento no se encuentran proposiciones de ley presentadas por los grupos decaídas con motivo de la "disconformidad del Gobierno con su tramitación", que es la definición técnica utilizada para estos vetos.
Lo cierto es que la veintena de proposiciones de ley de la oposición que el PSOE vetó entre 2008 y 2001 –doce de ellas, presentadas por el PP– eran carácter económico. Hubo varias, por ejemplo, relativas a temas fiscales. Así, los conservadores presentaron iniciativas legislativas que nunca fueron ni debatidas para que se aplicara el tipo reducido del IVA a las residencias de mayores, para recuperar incentivos fiscales a la compra de turismos y vehículos industriales o para que PYMES y autónomos no tributaran por el IVA de las facturas no cobradas. También el Grupo Mixto propuso –sin éxito– que el IVA fuera del 4% para los productos "relacionados con la cadena alimenticia".
Otras de las propuestas vetadas fue la iniciativa del Grupo Mixto para que se reformara el Estatuto Básico del Empleado Público para garantizar a los empleados públicos el incremento de sus salarios de acuerdo al IPC real u otra presentada por el Grupo ERC-IU-ICV que planteaba que los trabajadores que pasaran a la situación de "jubilación anticipada forzosa" percibieran su pensión completa y sin ningún tipo de penalización al cumplir los 65 años.
Todo apunta a que Mariano Rajoy –gracias a la abstención del PSOE– revalidará su puesto de presidente del Gobierno la semana que viene. Aunque, previsiblemente, el PP seguirá en la Moncloa, sí habrán quedado atrás los tiempos plácidos de la mayoría absoluta en los que los conservadores no necesitaban del concurso de otras formaciones para sacar adelante sus iniciativas. Es más, es probable que sean el resto de grupos los que se asocien con la intención de echar por tierra algunas de las leyes del PP.