El presidente del Gobierno no sólo se enfrenta a las críticas del resto de partidos y de parte de la comunidad internacional por cómo se desbordó la situación el 1-O. En su propio partido están surgiendo voces en los últimos días que creen que el Ejecutivo se equivocó en la estrategia de cara al referéndum ilegal y que se está equivocando en la gestión que está haciendo del post 1-O.
En sectores conservadores empieza a cundir la preocupación y emergen discrepancias sobre los pasos que Mariano Rajoy tendría que dar. Hay quienes creen que hay y ha habido motivos más que suficientes para aplicar ya el artículo 155 de la Constitución con el fin de controlar la situación en Cataluña. Y quienes creen que el presidente del Gobierno, pasados unos meses, no va tener más remedio que disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas.
En la dirección nacional del partido defienden de manera cerrada la actuación del Gobierno, piden prudencia y confianza en los pasos que vaya dando y consideran que en la mente de Rajoy no está que los españoles vuelvan a votar en breve. "Sería de una enorme irresponsabilidad", precisan. Salvo cambios de última hora, no son partidarios de recurrir a la suspensión de autonomía hasta que el Govern apruebe la comprometida declaración unilateral de independencia.
En lo relacionado con el 1-O, dirigentes regionales consultados admiten que ese día el Gobierno "se cargó el relato" que había intentado trazar en los meses previos. De un lado, recuerdan que siempre se dijo que no se iba a votar y al final se vieron urnas y gente votando. De otro, mantienen que "se regaló" a los independentistas la imagen que desde el principio se dijo que se iba a evitar: cargas policiales y enfrentamientos entre ciudadanos y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
"Faltó un plan B"
"Es muy fácil opinar cuando ya han pasado las cosas", valora un diputado que defiende la actuación del Gobierno. Pero también hay quienes culpan a Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior, de haber confiado demasiado en que los Mossos d'Esquadra iban a cumplir con los mandatos judiciales. "Faltó un plan B", considera un líder regional que se pregunta por qué se confió a ciegas en la policía autonómica cuando ya habían dado pistas de que era complicado que cumplieran determinadas órdenes.
También en Interior recaen las culpas sobre las cargas policiales. "Cuando se vio que era imposible impedir que se votara y sabiendo que no se trataba de un referéndum ni nada por el estilo, sino de una actuación, ¿por qué no evitaron estos incidentes?", se pregunta un dirigente conservador. En el Ejecutivo recuerdan que los policías y guardias civiles estaban cumpliendo "una orden judicial".
Las cargas policiales ya van a intentar cobrarse su primera víctima política en el Parlamento y no va a ser precisamente el titular de Interior. Menos de 24 horas después de que Mariano Rajoy y el líder socialista, Pedro Sánchez, se reunieran en la Moncloa para estudiar lo ocurrido el 1-O y buscar posibles escenarios de futuro, el PSOE anunció la presentación de una iniciativa en el Congreso de los Diputados con la que pretende la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como responsable de las instrucciones que dieron lugar a las cargas policiales.
De prosperar la iniciativa, la mano derecha de Rajoy en el Gobierno se convertirá en el tercer miembro del Gobierno al que la Cámara baja le retira su confianza. Primero fue el titular de Justicia, Rafael Catalá, por su papel en las investigaciones judiciales que afectan al Partido Popular. Le siguió el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por ser el responsable político de la amnistía fiscal que después sería declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.
Pese a que Santamaría es señalada por algunos de sus compañeros como una de las máximas responsables de la estrategia del Gobierno ante el 1-O –Rajoy la encomendó personalmente las relaciones con la Generalitat cuando arrancó esta legislatura–, el partido reaccionó de forma unánime al conocerse la iniciativa del PSOE criticando lo "poco oportuno" e "irresponsable" de la misma.
"Erosionar la imagen de Santamaría"
Las fuentes consultadas creen que se intenta señalar a Santamaría en un momento tan delicado para el PP y para el Gobierno para intentar "erosionar la imagen" de una de las dirigentes con más posibilidades de liderar al partido en un eventual escenario de sucesión de Mariano Rajoy.
Los conservadores reconocen que el papel del PSOE en esta crisis es "muy complicado" por las presiones internas a las que tiene que hacer frente y también por las presiones que recibe de la formación liderada por Pablo Iglesias. Y destacan que "todo lo que se haga", si se hace de la mano de Pedro Sánchez, es mejor. Esto enlaza con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
En las semanas previas al 1-O, Mariano Rajoy optó por no recurrir a esta herramienta de la Carta Magna que nunca se ha aplicado hasta la fecha. Amagó con ella. Pero nada más. Desde el Gobierno se recurrió a la intervención de la Hacienda catalana y al nombramiento de un mando único para el operativo policial del 1-O.
Ahora, el 155 es señalado en el PP y en el Gobierno como una de las respuestas más adecuadas, junto a la Ley de Seguridad Nacional, en un escenario de declaración unilateral de independencia. Se coincide en la herramienta. Pero no se coincide en el cuándo. Para algunos llegaría tarde. Y para otros, entre los que parece contarse el propio Rajoy, conviene esperar a ver qué pasos va dando el Govern más allá de sus declaraciones públicas.
¿El 155 sin apoyos?
La impresión en el Gobierno es que al PSOE le costaría dar apoyo a una medida así –Ciudadanos es partidario de que se aplique ya–. Y no descartan, si es necesario, hacerlo sin el apoyo del principal partido de la oposición. "Que se retrate cada uno. Rajoy es responsable y hará lo que tenga que hacer sin cálculos electorales en la cabeza", señala un parlamentario regional.
Los servicios jurídicos de la Moncloa llevan tiempo estudiando la posible aplicación de un artículo que nunca se ha puesto en práctica y cuya reacción es muy escueta. Pasa por señalar que "si una comunidad autónoma no cumple con las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".
Este mismo martes miembros del Comité de Dirección del PP se han pronunciado sobre este asunto como si se estuviera preparando el terreno. "Vamos a ver cómo evoluciona la situación para aplicar las medidas más oportunas", declaró Rafael Hernando, para incidir en que si el 155 lo adopta una sola fuerza política, "difícilmente tendrá el respaldo de la mayoría de la sociedad catalana". "No es bueno tener prisa", zanjó el portavoz de los conservadores en el Congreso.
Horas antes, en una entrevista concedida a RNE, Hernando buscaba un pronunciamiento expreso de los socialistas respecto a este artículo de la Carta Magna.
Una huelga "de corte nazi"
"No sé que es lo que quiere Sánchez que negociemos, me gustaría que me dijera cómo", se preguntó, según informa Europa Press. "También me gustaría que me dijera cuáles son las medidas que se pueden tomar distintas al [artículo] 155". También tuvo palabras para valorar la huelga de este martes en Cataluña: "La huelga general de hoy en Cataluña no es laboral sino política, de corte nazi".
Mientras, el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, apelaba por igual a PSOE y Ciudadanos: "Tenemos que hablar, hablemos del 155", pidió, mientras afeaba a "dos partidos" haber estado en contra de su aplicación "durante un mes". "Lo que tenemos que hacer es responder a este nacionalismo y este populismo", añadió.
La vicepresidenta del Gobierno, por su parte, quiso lanzar un mensaje de advertencia al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Sáenz de Santamaría denunció este martes las presiones y coacciones que han recibido trabajadores y responsables de hoteles como, por ejemplo, en Pineda del Mar (Barcelona) para expulsar a los agentes bajo amenaza de cierre del establecimiento.
Según sostuvo, el Ejecutivo del PP no va a tolerar esos comportamientos "mafiosos de los ayuntamientos en Cataluña".
¿Imposibilidad de llegar a acuerdos?
Las escenas de los últimos días en Cataluña han permitido constatar en círculos conservadores que la fractura social cada vez es más grande. Advierten, en este sentido, que cuanto más tiempo se deje "enquistar" el problema, más inabordable va a ser. Ya hay quienes temen que el "desafío soberanista" acabe llevándose por delante la legislatura por la cada vez mayor dificultad del presidente para llegar a acuerdos.
Las lecturas sobre un posible resultado son opuestas. Un sector considera que el PP, con Rajoy a la cabeza, lo tendría complicado para conseguir un buen resultado y que sería castigado por su gestión de la crisis en Cataluña. Otro cree que su electorado premiaría la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho. La evolución de los próximos días será clave para medir si el malestar interno en el PP crece y hasta qué punto Rajoy logra mantener en pie la débil alianza PP-PSOE-Ciudadanos.
El presidente del Gobierno no sólo se enfrenta a las críticas del resto de partidos y de parte de la comunidad internacional por cómo se desbordó la situación el 1-O. En su propio partido están surgiendo voces en los últimos días que creen que el Ejecutivo se equivocó en la estrategia de cara al referéndum ilegal y que se está equivocando en la gestión que está haciendo del post 1-O.