Más allá de sumarios estrafalarios o sospechas de partidismo al aplicar la ley, la comparación de dos datos objetivos explican la creciente desafección que amplios sectores de la sociedad española sienten hacia sus jueces y magistrados. En las elecciones generales de julio de 2023, 12,5 millones de españoles dieron su voto a opciones de izquierdas frente a los 11 millones que optaron por el PP o Vox. En las que se celebraron el pasado 26 noviembre entre todos los 5.500 jueces y magistrados españoles para seleccionar a los miembros electos de sus salas de gobierno, las asociaciones conservadoras y más corporativas (Asociación Profesional de la Magistratura, Foro Judicial Independiente y Francisco de Vitoria) se hicieron con 104 puestos de las 118 en juego. Juezas y Juezas para la Democracia, la asociación de la que el PSOE y sus socios suelen extraer a sus cargos judiciales, solo consiguieron tres. Otras 11 fueron cubiertas por candidatos no asociados.
El único órgano de gobierno de los jueces de tendencia progresista es el Consejo General del Poder Judicial. Gracias a la elección parlamentaria –eternamente criticada por la derecha judicial y política–, 11 de sus miembros (los 10 vocales a propuesta del PSOE y Sumar, junto con la presidenta progresista Isabel Perelló) conforman una exigua mayoría de izquierdas frente a los otros 10 vocales propuestos por el PP. Los resultados de las últimas elecciones judiciales de la semana pasada demuestran que la elección directa por jueces y magistrados de 12 de los 20 vocales que históricamente ha defendido el PP habría dado como resultado que aproximadamente 16 de sus 20 miembros (los 12 elegidos por la magistratura y los cuatro a los que habría tenido derecho el PP) fueran de derechas, dejando a la izquierda sin la mínima opción para conseguir nombramientos afines en los más altos cargos de los principales tribunales.
La elección parlamentaria del Consejo garantiza una representación más o menos paritaria de las distintas ideologías en ese órgano, pero sus posibilidades para extender el pluralismo tanto en la judicatura en general y en sus órganos de gobierno de ámbito autonómico son muy limitadas. El máximo órgano de gobierno de los jueces es decisivo en el Tribunal Supremo al tener atribuida la elección de todos sus magistrados. Pero la mayoría de tres quintos de votos para cada nombramiento forzará a conservadores y progresistas a un continuo intercambio de cromos. Para que los vocales a propuesta del PSOE y Sumar puedan introducir en el alto tribunal a sus candidatos tendrán que aceptar a otros muchos de sus compañeros propuestos por el PP.
Fuentes del sector progresista explican que, tras las elecciones a las salas de gobierno, en las que la derecha judicial se hizo con el 88% de los cargos en juego, introducir magistrados progresistas en ese segundo escalón gubernativo del Poder Judicial es esencial para introducir algo de pluralismo en la judicatura. Las salas de gobierno del Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 Tribunales Superiores de Justicia de ámbito autonómico están formadas, además de por los jueces y magistrados elegidos por sus compañeros, por los presidentes de esos órganos judiciales y los presidentes de cada una de las salas que los componen. Estos últimos cargos –los presidentes de tribunal y sala– que también los elige el Consejo por mayoría de tres quintos, aparecen ahora como la única esperanza para introducir magistrados de izquierdas y generar diversidad ideológica en los territorios.
Porque el triunfo de la derecha en los comicios corporativos ha sido aplastante en todas las comunidades. En la Audiencia Nacional y en los tribunales superiores de Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Galicia todos los puestos en liza han sido ocupados por candidatos de la APM, la asociación más ligada al PP, que también se ha llevado la mayoría en el Tribunal Supremo, Asturias, Baleares, Castilla y León y País Vasco. En Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Murcia, la ganadora ha sido la más moderada, pero también escorada a la derecha Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. En Aragón y Navarra se ha impuesto el conservador y más corporativo Foro Judicial Independiente. La progresista Juezas y Juezas y Jueces para la Democracia, en la que suele pescar el PSOE y sus socios, solo ha obtenido dos puestos: uno de los cuatro que estaban en juego en Asturias y otro más en el País Vasco, donde se dirimían seis plazas.
La batalla que los progresistas quieren dar con las presidencias ha tenido su primera derrota esta misma semana, cuando la comisión de calificación del CGPJ ha escuchado a los primeros candidatos a dirigir la Audiencia Nacional. A la convocatoria no se ha presentado ningún aspirante cercano a la izquierda. De los ocho que sí lo han hecho, cuatro ocuparon cargos políticos en gobiernos autonómicos y locales del PP, como Enrique López, Eloy Velasco o María Tardón. Otros dos –Juan Pablo González y Juan Manuel Fernández Martínez, ambos de la APM– fueron aupados al puesto de vocal por el PP en anteriores Consejos. Fuentes del tribunal del terrorismo atribuyen la ausencia de postulantes progresistas a la "desmotivación" que genera entre los magistrados de esa sensibilidad el tremendo avance que la derecha judicial ha experimentado en los últimos años. En el tribunal del terrorismo y la corrupción todavía queda otro puesto clave por cubrir, el de presidente de la Sala de lo Penal.
El otro tribunal en cuya sala de gobierno la derecha puede perder terreno es el Supremo. Las elecciones de jueces dieron tres de las cinco plazas a cubrir a la APM, una a Francisco de Vitoria y otra más al magistrado de lo Contencioso Pablo Lucas, el candidato inicial de los conservadores a presidir el CGPJ. Los vocales a propuesta del PSOE y Sumar aspiran a colocar a sus candidatos en tres de las cinco presidencias de sus salas –Penal, Contencioso-Administrativo y Social– a las que optan las progresistas Ana Ferrer, Pilar Teso y Concepción Ureste. A la jefatura de la Sala de lo Civil, también pendiente de cobertura, solo se ha presentado el conservador Ignacio Sancho.
Más allá de sumarios estrafalarios o sospechas de partidismo al aplicar la ley, la comparación de dos datos objetivos explican la creciente desafección que amplios sectores de la sociedad española sienten hacia sus jueces y magistrados. En las elecciones generales de julio de 2023, 12,5 millones de españoles dieron su voto a opciones de izquierdas frente a los 11 millones que optaron por el PP o Vox. En las que se celebraron el pasado 26 noviembre entre todos los 5.500 jueces y magistrados españoles para seleccionar a los miembros electos de sus salas de gobierno, las asociaciones conservadoras y más corporativas (Asociación Profesional de la Magistratura, Foro Judicial Independiente y Francisco de Vitoria) se hicieron con 104 puestos de las 118 en juego. Juezas y Juezas para la Democracia, la asociación de la que el PSOE y sus socios suelen extraer a sus cargos judiciales, solo consiguieron tres. Otras 11 fueron cubiertas por candidatos no asociados.