En solo dos semanas Juan Bernardo Fuentes Curbelo ha pasado de ser un parlamentario prácticamente desconocido para el resto del hemiciclo a situarse en el epicentro de la política española. En el Congreso nadie lo conocía como Tito Berni, el nombre en el que aparece mencionado en la investigación del caso Mediador, en la que se acusa Fuentes Curbelo de delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal junto a una docena de personas.
Los informes policiales especifican que las dependencias de la Cámara Baja eran el lugar en el que Fuentes Curbelo se reunía con los empresarios bajo sospecha. Una primera toma que luego continuaba en restaurantes y fiestas en hoteles en las que participaban prostitutas. En los documentos del sumario, se recoge, por ejemplo, que en su despacho en el Congreso recibió, cuando era portavoz adjunto en la Comisión de Hacienda, al empresario Maximiliano Poveda Sierra, el tercer mayor moroso de España, con una deuda de 23,55 millones de euros a Hacienda.
Fuentes Curbelo no informó en ningún momento de estas visitas a la dirección del grupo parlamentario y las fuentes consultadas por infoLibre en el PSOE confiesan que es "imposible" controlar la actividad de todos los diputados. "Somos 120 y no se puede saber con quién está o se reúne cada uno", explican. Un argumento que comparten desde el Partido Popular. "El secretario del grupo puede hacer un seguimiento de las reuniones que más interesen, pero no puede estar a todo", resumen.
Otros grupos más pequeños como Esquerra Republicana (ERC) sí que tienen esta agenda más cubierta y explican que cuentan con un canal de Telegram interno con la agenda de todos los diputados para saber dónde y con quien está cada uno. "Es muy útil para que nadie se cuelgue con las votaciones o con las comisiones, por ejemplo", explican.
Este caso ha reabierto un debate sobre la falta de mecanismos para conocer la 'agenda oculta' de sus señorías en el Congreso, ya que las actividades que van más allá de la Carrera de San Jerónimo no se pueden fiscalizar porque entran en la vida privada de cada diputado. Ante la falta de una regulación específica, son los propios diputados los que deciden hacer públicas (o no) las reuniones que mantienen con asociaciones y empresas, pese a que el grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha instado a España a mejorar sus políticas de transparencia y evitar posibles casos de conflictos de intereses.
El incumplimiento del código de conducta del Congreso
En el artículo seis del código de conducta del Congreso se recoge que los diputados "deberán hacer pública su agenda institucional en el correspondiente Portal de Transparencia, incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés". Fuentes parlamentarias reconocen que esto no lo cumple "prácticamente nadie": "El problema es que no aparece regulado en el reglamento del Congreso, sino en el código de conducta. No se cumple y rara vez hay sanción", resumen.
"El reglamento prevé sanciones en casos muy graves como, por ejemplo, no ir a las comisiones o incumplir con el deber de secreto, pero para cosas como esta es un poco más vago", explican estas fuentes. En ese sentido, señalan que es prerrogativa de la presidencia del Congreso "iniciar una investigación" si consideran que hay un caso de conflicto de interés. El presidente de la Cámara, de oficio o a petición de otro diputado, puede solicitar la apertura de un procedimiento para dilucidar si se ha producido una infracción del Código por parte de un miembro de la Cámara.
En el año 2021 se creó la Oficina de Conflicto de Intereses y la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, instó a avanzar en la transparencia parlamentaria. Sin embargo, estas fuentes señalan que esta oficina "tiene muy pocas competencias": "Básicamente es un letrado —Pedro José Peña— el que asesora casi de forma confidencial cuando le hacen consultas, pero que si detecta alguna irregularidad no puede abrir un expediente de investigación por sí mismo", apunta.
A la espera de la regulación de los lobbies
La dirección socialista, a través de su secretario de organización Santos Cerdán, forzó a Fuentes Cubero a dejar su acta horas después de conocerse el pasado 14 de febrero la operación policial que le situaba como el cabecilla de la rama política del caso. Desde el PSOE presumen de la celeridad con la que actuaron y su portavoz en el Congreso, Patxi López, aseguró que su formación apuesta por la regulación de los los lobbies para que estas reuniones se produzcan sin ningún tipo de control.
En el anteproyecto de ley de transparencia e integridad en las actividades de los grupos de interés que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó el pasado mes de noviembre, prevé crear un registro oficial de aquellos que quieran intervenir en la toma de decisiones públicas y en el diseño de leyes. Se tendrán que hacer públicas las reuniones, además de detalles como la relación de personas que pertenecen a ese grupo, su financiación y el importe de los fondos públicos que reciban.
No obstante, otras formaciones con presencia en la Cámara Baja no comparten el optimismo de López y creen que la ley no verá la luz esta legislatura a no ser que el Gobierno "la quiera mover convenientemente" tras lo ocurrido. Un argumento que comparte el exdiputado socialista, Odón Elorza, que recuerda que trasladó varias peticiones y propuestas a la dirección de su grupo y a la presidenta Batet para reanudar la tramitación de una proposición de reforma del Reglamento presentada por el PSOE a la que el Congreso dio el primer visto bueno en mayo de 2021.
Quién es ‘Tito Berni’: un diputado de las últimas filas que pasó desapercibido en el grupo parlamentario
"Al ver que no avanzaba, insistí a la dirección para que se pusiera fin a las prórrogas para su tramitación. No lo logré y nadie me daba explicaciones del porqué de la situación", señala en conversación con infoLibre. Elorza admite que el código ético del Congreso es "muy flojo" y señala que hay varios artículos de esa proposición de ley que regulan específicamente este tipo de casos.
Las fuentes parlamentarias consultadas creen que "no tiene sentido" regular esta reforma únicamente en el Congreso. "Las leyes se hacen tanto en el Congreso como en el Senado, y si solo se regula en una Cámara nos quedamos igual", exponen. En ese sentido, aluden a que cualquier grupo de presión podría concertar una reunión con cualquier senador para introducir cambios a través de enmiendas sin tener que identificarse. "Cuando las leyes son de ida y vuelta, lo suyo es establecer un régimen común a todas las Cortes Generales. Incluso un código de conducta común", exponen.
Según ha podido saber este periódico, Ciudadanos quiere registrar una propuesta de Reglamento de las Cortes Generales —la primera propuesta en 45 años de democracia— para regular, entre otras cuestiones, los grupos de interés, establecer un mismo código de conducta para diputados y senadores y crear una Oficina de Ética y Transparencia con mayor poder fiscalizador, entre otras cuestiones.
En solo dos semanas Juan Bernardo Fuentes Curbelo ha pasado de ser un parlamentario prácticamente desconocido para el resto del hemiciclo a situarse en el epicentro de la política española. En el Congreso nadie lo conocía como Tito Berni, el nombre en el que aparece mencionado en la investigación del caso Mediador, en la que se acusa Fuentes Curbelo de delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal junto a una docena de personas.