La Guardia Civil ha detenido este jueves a 18 personas por diversos presuntos delitos, durante la operación que ha realizado vinculada a la presunta financiación irregular de CDC, en la que ha practicado 24 entradas y registros. Según ha informado la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado, los hechos incluyen los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.
Entre los detenidos durante el registro han estado el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra; el exdirigente de CDC Francesc Sánchez; el director de la empresa municipal barcelonesa Bimsa, Ángel Sánchez; el exconcejal de CDC en Barcelona Antoni Vives y el exgerente municipal barcelonés Constantí Serrallonga.
La Guardia Civil ha desarrollado así una nueva operación contra la presunta financiación irregular de la antigua CDC a través de los organismos públicos Infraestructuras.cat, Autoridad Portuaria de Barcelona y la entidad pública Bimsa del Ayuntamiento de Barcelona, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.
La Guardia Civil ha realizado un registro en el marco de esta operación en el despacho del presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, y en otras dependencias en la sede de la Autoridad Portuaria de Barcelona, en el World Trade Center, han informado a Europa Press fuentes del Puerto. En este operativo también se han hecho registros en los que estaban presentes el exdirigente CDC Francesc Sánchez y el exconcejal de CDC en el Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives, según las mismas fuentes. Además, los fiscales anticorrupción Fernando Bermejo y José Grinda asistían a mediodía al registro de la Guardia Civil en Barcelona d'Infraestructures Municipals (Bimsa).
Los fiscales llegaron a este edificio del Instituto municipal de urbanismo en la calle Bolivia a las 13.15, después asistir a las pesquisas realizadas en la Autoridad Portuaria de Barcelona, concretamente en el despacho del presidente del Puerto de Barcelona.
La Operación Pika afecta a tres importantes organismos públicos que, de acuerdo a la investigación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, realizaban presuntamente licitaciones de contratos amañados con diferentes empresas.
Las empresas investigadas, según fuentes de la investigación, son Copisa, Grupo Soler, Rogasa, Oproler, Pasquina y Comsa. Como contraprestación a la adjudicación de estos contratos, presuntamente hacían efectivas donaciones a las fundaciones satélites de CDC.
Ver másMillet: "Ferrovial hizo donaciones para que el dinero fuera a Convergencia a cambio de obra pública"
La Guardia Civil sospecha que esta dinero pasaba a formar parte de la financiación del partido político, con la participación directa de relevantes responsables de la formación nacionalista.
250 agentes se han desplegado en Barcelona, Girona y Lleida en el marco de una investigación en una operación que es continuidad de Petrum. PetrumEl operativo está dirigido por el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona).
El Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) ha acordado registros en Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Rubí, L'Hospitalet de Llobregat, Manresa, El Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Berga (Barcelona), Lleida, Girona, Madrid y Majadahonda. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el juez ha acordado estas diligencias a petición de la Fiscalía en el marco de la conocida investigación por el 3%, aunque no ha acordado ninguna detención –la Policía Judicial o la Fiscalía pueden decidir si es necesario practicar arrestos durante el operativo–
La Guardia Civil ha detenido este jueves a 18 personas por diversos presuntos delitos, durante la operación que ha realizado vinculada a la presunta financiación irregular de CDC, en la que ha practicado 24 entradas y registros. Según ha informado la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado, los hechos incluyen los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.