“Es muy duro ver cómo salen a la calle para luchar por los derechos laborales de trabajadores de otras empresas y cómo nos han tratado a nosotras”. Los más de veinte años de Carmen Suárez como empleada de Izquierda Unida Comunidad de Madrid (IU-CM) se hicieron cenizas el pasado 31 de julio, cuando recibió una carta que certificaba que su despido es efectivo desde el 14 de agosto.
Cesada junto a otros diez trabajadores, le adeudan el sueldo de dos meses y medio (junio, julio y parte de agosto), además de la paga extra, el finiquito y la indemnización. La indiferencia recibida por parte del partido en Madrid y también por la dirección federal ha llevado a cinco de ellas a acudir a los tribunales. Están a la espera de fecha para una conciliación. “Ojalá tuviéramos el respaldo que han tenido otros. A los de su casa ni nos han llamado. Nos han abandonado”, relata con un tono que a veces roza la indignación y, otras, la tristeza y la desolación.
Los malos resultados electorales del pasado mes de mayo se han traducido en la casi desaparición del partido en la capital. Y sin representación política, el dinero merma. Aunque en realidad, los problemas económicos venían de antes: IU-CM tiene una deuda de casi dos millones de euros con Hacienda y la Seguridad Social. Después de acogerse a un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) del 50% el 1 de septiembre, los pagos se fueron retrasando: el mes de febrero cobraron su nómina de diciembre, por ejemplo. Precisamente dicha circunstancia hará que la prestación por desempleo sea menor.
“Sólo nos acogimos a bajada de salarios los trabajadores, no los políticos”, explica María José Gil, otra de las afectadas. Junto a Paloma, Vanesa y Soledad conforma el grupo de cinco mujeres que han decidido dar un paso al frente para denunciarlo legalmente.
Sin atisbo de acuerdo
El abandono, que amortigua la presencia de algún familiar durante la entrevista, es lo que más les duele. Tras trabajar años en la Asamblea de Madrid y estar mano a mano con muchos de los cargos públicos de Izquierda Unida, no les han llamado para expresar su apoyo y solidaridad. “No han tenido intención de negociar en ningún momento. Hemos querido llegar a un acuerdo, buscar una solución que sea lo menos perjudicial posible para todos. No se han preocupado por nosotras”, repiten.
Enviaron peticiones el pasado mes de junio a todas las asambleas de distrito y de localidades de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid para solicitar ayuda económica para hacer frente a las nóminas que les debían en ese momento. Con el dinero recaudado, menos de 26.000 euros, se pagaron algunos salarios de abril y mayo, pero todo el dinero no fue para las deudas con los empleados: “Nos dijeron que había otras prioridades, como los gastos corrientes, del local, etc.”, explican.
El partido sí sacó adelante la campaña electoral de mayo, unos gastos que las trabajadoras se preguntan cómo han afrontado. Ni el partido ni sus líderes responden. La sede de Izquierda Unida en Madrid está inoperativa. El teléfono se corta y las direcciones de correo electrónico rebotan automáticamente. “Lo último que sabemos es que se han llevado las cosas, pero no sabemos a dónde”, apunta Carmen Suárez. Una ex diputada en Madrid, consultada de forma particular, asegura no saber nada de los despidos, no estar al tanto.
Carta a la Ejecutiva federal
La Ejecutiva federal de la formación sí está al corriente de la situación. Tanto el actual candidato por IU a la presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, como su predecesor en el cargo, Cayo Lara, recibieron dos cartas en las que se les solicitaba un encuentro para buscar soluciones. “Tras más de veinte años de relación laboral y de militancia en IU se nos ha dado un trato que es diametralmente opuesto a lo que esta organización ha venido defendiendo de cara a la sociedad, con lo cual nos encontramos no solamente dolidos, sino también desprotegidos de todos nuestros derechos, aspecto éste que por un principio de coherencia ideológica no estamos dispuestos a consentir”, escribieron las trabajadoras.
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Con Lara lograron reunirse, pero apenas recibieron por respuesta un “no puedo hacer nada”. Garzón ni ha contestado, denuncian. Desde el entorno del candidato a la presidencia del Gobierno justifican que es innecesario “duplicar respuestas”: “La palabra de Cayo es la palabra de Alberto”. Explican que la Federación de Madrid funcionaba como una formación política propia, con su propio CIF y alta en el Ministerio, y que hacía tiempo que venían endeudándose sin tener en cuenta las recomendaciones del federal.
"Han tenido una gestión propia y la decisión de los contratos la tomaron los responsables de IU Madrid”, explican por otro lado fuentes internas del partido. Conscientes de la situación que atraviesa la formación, especialmente en la capital, y de las suspicacias que puede levantar una denuncia como la suya, las trabajadoras han dejado claro por escrito que su afán “no responde a ninguna estrategia política de lucha interna" y que su denuncia "no tiene nada que ver" con ninguna operación de esa clase.
“Respaldamos totalmente el programa político de IU, pero nos sentimos maltratadas”, añaden, y recuerdan la situación de “precariedad” en la que se encuentran. Según sus cálculos, se les adeuda un promedio de 30.000 euros a cada persona despedida, por lo que el total sería cercano a los 400.000 euros. Ahora será el Estado, a través de Fogasa, quien se haga cargo de parte de esas cantidades. “Es muy duro ver cómo todos los días en las redes sociales cuelgan información sobre concentraciones para apoyar a los trabajadores de Coca-Cola; y anosotras, ni una llamada”, concluye Carmen.
“Es muy duro ver cómo salen a la calle para luchar por los derechos laborales de trabajadores de otras empresas y cómo nos han tratado a nosotras”. Los más de veinte años de Carmen Suárez como empleada de Izquierda Unida Comunidad de Madrid (IU-CM) se hicieron cenizas el pasado 31 de julio, cuando recibió una carta que certificaba que su despido es efectivo desde el 14 de agosto.