Las primeras pesquisas realizadas tras la tragedia en las Atalayas ponen en un brete tanto a empresarios como a autoridades locales. Ninguna de las dos discotecas que ardieron en la madrugada del domingo en el principal polígono de ocio de Murcia contaban con autorización. De hecho, sobre ellas pesaba una orden de cierre desde hace meses. Clausura que, sin embargo, nunca se llegó a producir, sin que nadie en el ayuntamiento –ni de la actual ni de la anterior corporación– sepa explicar por qué. Mientras, la cifra de fallecidos se sitúa en trece personas. Y ya hay abierta una investigación judicial. En el horizonte, un posible delito de homicidio por imprudencia. Un caso que, además, podría terminar salpicando a políticos o funcionarios.
Se sabe que el fuego se inició en La Fonda Milagros. Y, de ahí, se trasladó a la discoteca Teatre. Ahora bien, aún no existen conclusiones oficiales sobre el origen de las llamas –se sospecha que pudo ser un fallo en un foco de iluminación– o su rápida propagación al local colindante. Los especialistas creen que tanto los materiales de construcción de las discotecas como los elementos decorativos –predominaba la madera y el plástico– pudieron actuar como agentes propagadores. Por el momento, son solo hipótesis. Sin embargo, algunos de los testimonios que se han ido recogiendo en las últimas horas hablan de un fuerte "olor a plástico quemado" aquella madrugada. Un material que se puede apreciar en algunos vídeos que han ido circulando sobre el interior del local.
El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el marco normativo que establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad. Y esto incluye, por supuesto, la prevención contra incendios. En este sentido, los elementos constructivos deben cumplir una serie de condiciones establecidas de "reacción al fuego", igual que los elementos decorativos o de mobiliario. Además, los edificios deben cumplir con una serie de requisitos relativos a la evacuación –desde salidas de emergencia a señalización de las mismas– e instalaciones de protección –extintores, alarmas, bocas de incendios, columnas secas o hidrantes exteriores, entre otros–.
Se desconoce, por el momento, si la discoteca cumplía con las exigencias establecidas en materia de incendios. Ni siquiera el propio Ayuntamiento de Murcia parecía tenerlo claro en la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes. "¿La discoteca Fonda Milagros tenía salida de emergencia?", lanzó uno de los periodistas. "En enero de 2022 hay un cese de actividad. Por tanto, cualquier circunstancia que pueda rodear las condiciones técnicas del local decaen en la medida que existe un cese de actividad y no puede funcionar", respondió el teniente de alcalde de Planificación Urbanística, Antonio Navarro. El periodista insistió en un par de ocasiones más: "Perdone, no me ha respondido a la pregunta". Pero el responsable político no se movió de ahí.
Las condiciones de seguridad bajo las que estuvieran funcionando ambos locales serán, a ojos de los juristas consultados por infoLibre, claves a la hora de determinar las posibles responsabilidades penales. Todos ellos ponen el ojo en el homicidio imprudente, que el Código Penal castiga con entre uno y cuatro años de prisión –si el hecho revistiere "notoria gravedad" el juez puede imponer "motivadamente" la pena superior en dos grados si el número de fallecidos es elevado–. No son, sin embargo, los únicos. Al mismo delito apuntan desde la patronal del ocio nocturno Spain Nightlife, que estudia personarse en el procedimiento judicial como acusación popular: "No estamos dispuestos a que incumplimientos normativos como estos desemboquen en tragedia y manchen la imagen de todo el sector".
Por este tipo penal fueron condenados, en la década de los noventa, los copropietarios de Alcalá 20, donde murieron 81 clientes como consecuencia de un incendio. O Miguel Ángel Flores, el promotor de la fiesta de Halloween celebrada en 2012 en el Madrid Arena, donde murieron cinco jóvenes. Ahora bien, se trata de un delito que es complicado de atar. "En todos los casos habrá que demostrar que hubo una imprudencia y que esa imprudencia fue necesaria para los fallecimientos", explica el abogado penalista José María de Pablo. "Habrá que ver si se puede establecer una relación causal entre las irregularidades y el resultado, lo que se podrá afirmar si faltaban medidas de seguridad", coincide Joan Carles Carbonell, catedrático de Derecho Penal de la Universitat de Valencia.
Un caso que, sostienen algunos de los juristas pulsados por este diario, podría acabar salpicando también a funcionarios y políticos, aunque reconocen que esto último resulta más complicado. No sería la primera vez. En el caso de Alcalá 20, por ejemplo, la Audiencia de Madrid llegó a imponer dos años de cárcel por imprudencia con resultado de muerte a un funcionario de la Inspección de Espectáculos del Ministerio del Interior que había pasado por alto las irregularidades del local, si bien luego el Supremo consideró que su actuación sólo podía ser constitutiva de una falta, por lo que rebajó el castigo a una multa y un mes de arresto. En el caso Madrid Arena, fueron condenados miembros de una empresa municipal y hasta el propio Ayuntamiento como responsable civil subsidiario.
Muchos aspectos quedan aún por aclarar en relación al papel del consistorio murciano en la tragedia de las Atalayas. Por el momento, la información de la que se dispone es la que ha ofrecido la entidad local. En 2008, se concedió a Teatre SL una licencia de discoteca con cocina. Sin embargo, en junio de 2019 la empresa solicitó una modificación de la licencia de actividad para dividir su espacio en dos: Teatre y La Fonda Milagros. El cambio no fue aceptado por el consistorio, que consideró que la modificación era sustancial y que, por tanto, era necesaria una nueva licencia. Al final, en enero de 2022 se dictó una orden de cese de actividad. Y, en octubre de ese mismo año se pidió a los servicios de inspección municipales que ejecutasen dicha orden, procediendo al cierre de los locales.
Las dos discotecas, sin embargo, continuaron abiertas. Y ni el actual teniente de alcalde de Planificación Urbanística ni su antecesor en el cargo, el socialista Andrés Guerrero, han sabido explicar en la rueda de prensa conjunta celebrada por qué motivo aquella orden no se llegó a ejecutar. "Se va a determinar el procedimiento adecuado para saber qué ha pasado", ha señalado el exconcejal de Urbanismo. Por eso, desde el Consistorio se han comprometido a "depurar todas las responsabilidades que pudiera haber por parte de cualquiera en estos procedimientos". "Es imposible tener constancia de si un local está abierto o no, aunque exista una orden de cierre", ha tratado de explicar Navarro en una rueda de prensa con más preguntas que respuestas.
Los empresarios, mientras tanto, han tratado de defenderse. El abogado de la sala Fonda Milagros, quien ha situado el origen del fuego en la colindante Teatre, ha negado que existiese orden de cierre. "El Ayuntamiento sabe perfectamente que el local estaba funcionando y en ningún momento mi cliente ha recibido notificación del cese de la licencia", ha asegurado el letrado, quien ha señalado que "la documentación de las licencias" se encontraba dentro del local y "se ha quemado". La portavoz de la discoteca Teatre, por su parte, también ha señalado que el local cuenta con la preceptiva licencia municipal para su funcionamiento.
Las primeras pesquisas realizadas tras la tragedia en las Atalayas ponen en un brete tanto a empresarios como a autoridades locales. Ninguna de las dos discotecas que ardieron en la madrugada del domingo en el principal polígono de ocio de Murcia contaban con autorización. De hecho, sobre ellas pesaba una orden de cierre desde hace meses. Clausura que, sin embargo, nunca se llegó a producir, sin que nadie en el ayuntamiento –ni de la actual ni de la anterior corporación– sepa explicar por qué. Mientras, la cifra de fallecidos se sitúa en trece personas. Y ya hay abierta una investigación judicial. En el horizonte, un posible delito de homicidio por imprudencia. Un caso que, además, podría terminar salpicando a políticos o funcionarios.