El área territorial sobre la que poder trabajar para frenar la expansión del coronavirus siempre ha sido uno de los caballos de batalla del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en la guerra mantenida con el Gobierno central. Por eso, se daba por descontado que en cuanto decayera el estado de alarma este sábado las autoridades madrileñas volverían a decretar confinamientos quirúrgicos tras dos semanas con nueve de sus principales urbes cerradas a cal y canto. Y así ha sido. Este lunes, la Comunidad de Madrid retoma con total libertad su estrategia de restricciones a la movilidad por zonas básicas de salud (ZBS). Un plan cuya eficacia llevan defendiendo públicamente con firmeza durante las dos últimas semanas pero que, sin embargo, los epidemiólogos consultados por infoLibre siguen sin ver claro para combatir la pandemia en la región. No convence por dos motivos principales. El primero, por la dificultad de controlar los confinamientos. El segundo, por el desconocimiento de los ciudadanos. Problemas a los que se suma, también, la opacidad de los datos epidemiológicos a una escala de gestión tan pequeña.
La Comunidad de Madrid tiene actualmente 286 zonas básicas de salud. Desde este lunes, con el puente del 1 de noviembre a la vuelta de la esquina, queda restringida la entrada y salida de personas en 32 de estas áreas salvo para ir a trabajar, acudir al médico o asistir a centros educativos, entre otras excepciones perfectamente tasadas. Desde el Ejecutivo regional llevan semanas insistiendo en que este plan de cierres perimetrales quirúrgicos "funciona", y lo defienden poniendo sobre la mesa la disminución de la incidencia acumulada en la gran mayoría de áreas en las que se ha implementado a lo largo del último mes. El Gobierno madrileño ha decidido apostar por este tipo de confinamientos selectivos porque considera que les permite aislar una zona muy concreta sin dañar la actividad económica del resto del municipio. Es la idea que desprendía la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en aquella entrevista en Abc: "No se trata de confinar al 100% de ciudadanos para que el 1% contagiado se cure, se trata de detectar al 1% que va contagiando y que el 99% salga a la calle a buscarse la vida".
Los expertos en Salud Pública consultados por este diario se muestran "muy escépticos" respecto a la efectividad de las restricciones a la movilidad por este tipo de unidades territoriales. Y lo argumentan poniendo sobre la mesa varios problemas. Desde el punto de vista estrictamente sanitario, el epidemiólogo y médico especialista en medicina preventiva Pedro Gullón explica que los cierres perimetrales "tienen sentido" cuando se quiere que "una zona con una incidencia altísima no impacte en otra zona con una incidencia baja". "Pero en Madrid hay muy pocas zonas con incidencia media o baja. No tiene sentido confinar una con tasa de incidencia acumulada de 520 casos y no hacerlo con la que tiene al lado si tiene 480", señala. En la misma línea se pronuncia Fernando García, portavoz de la Asociación Madrileña de Salud Pública. Al otro lado del teléfono, dice que tendría lógica a nivel epidemiológico si se trataran de "unidades geográficas separadas" las unas de las otras o si el problema estuviera sólo en brotes perfectamente controlados. "Lo que pasa es que en Madrid hay transmisión comunitaria", recuerda.
A este escollo desde el punto de vista sanitario se le suman varios problemas adicionales. El primero, el de la dificultad para controlar el cumplimiento de las restricciones en estas áreas concretas. "Es mucho más complicado de vigilar las salidas y entradas que si se tratase de un confinamiento perimetral de la ciudad", sostiene García. A modo de ejemplo, Puerta del Ángel, donde se puede pasar a otra zona básica de salud no confinada por más de una veintena de vías diferentes. A mediados de septiembre, cuando la Comunidad de Madrid decidió empezar a decretar cierres perimetrales en aquellas zonas básicas de salud donde la incidencia acumulada estaba disparada –por entonces el límite se fijó en 1.000 casos, el doble por el que se ha apostado ahora–, recurrió a controles "aleatorios y dinámicos" en los límites de estas pequeñas unidades territoriales. Es decir, nada de policías fijos en todas las salidas para vigilar su cumplimiento. Ahora, en relación con la actuación de los agentes, Madrid ha insistido en la necesidad de que colabore la delegación del Gobierno.
Los epidemiólogos consultados, además, destacan el desconocimiento de los ciudadanos de estas áreas. "La gente no conoce las fronteras", apunta Gullón. De hecho, desde las filas conservadoras madrileñas reconocen en privado que para la población puede ser complicado de entender, aunque insisten en su eficacia a nivel de gestión. Al fin y al cabo, no son municipios concretos. Ni siquiera distritos o barrios. Son unidades territoriales mucho más pequeñas cuya población puede oscilar entre las 5.000 y las 25.000 personas, según el Real Decreto que las regula. En algunos casos, apenas aglutinan un puñado de vías. Por tanto, se pueden dar circunstancias tan particulares como que en una urbanización se pueda salir por una puerta pero no por otra porque justo la calle a la que da está confinada o que la terraza de un bar se encuentre instalada justo en una zona con restricciones pero el establecimiento en sí no. A modo de ejemplo, volvamos a Puerta del Ángel. En concreto, a la calle Alcázar de San Juan. Allí, los madrileños que vivan en el número 19 no pueden entrar y salir libremente. Los del número 17, en cambio, sí.
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La nueva estrategia en la lucha contra el virus del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se presentó pocas horas después de que el Consejo Interterritorial de Sanidad diese luz verde, con la abstención de Madrid, al famoso semáforo elaborado por el Gobierno central. Un documento que fija una evaluación del riesgo en base a ocho criterios principales. El primer bloque, se divide en dos grupos: los epidemiológicos y los asistenciales. Dentro de los primeros se encuentra la incidencia acumulada a siete días y dos semanas –tanto la total como la de personas mayores de 65 años–, el porcentaje de positividad y el de casos con trazabilidad. En los segundos, la ocupación de camas en planta y en las Unidades de Cuidados Intensivos. En cada uno de esos índices se fija un valor para determinar si se encuentra en una situación de riesgo bajo, medio, alto o extremo. Y en función del escenario, se ponen sobre la mesa una serie de recomendaciones. Cuando un territorio, por ejemplo, tiene dos o más indicadores del primer bloque por encima de los valores más elevados y por lo menos uno del segundo, se considera que está en riesgo.
Si se tomara como unidad territorial de evaluación la comunidad autónoma, Madrid estaría en el mayor nivel de alerta, en el que se recomienda acudir al trabajo para actividades o reuniones precisas, valoración del cierre de las zonas interiores de los bares y de los locales de juego o cierre de las terrazas –limitadas a un aforo del 75%– a las 23.00 horas. Sin embargo, el documento de Sanidad no fija qué unidad territorial se tiene que utilizar para la evaluación del riesgo. Deja claro que tanto para valorar la ocupación de camas de hospitalización como la de UCI se debe hacer prestando atención a la provincia, la isla o la propia comunidad autónoma "según se establezca en cada territorio". Sin embargo, para medir y valorar el resto de indicadores no se especifica en el texto que se tenga que hacer en función de una unidad concreta. Es decir, que si se apuesta por las zonas básicas de salud, no se descarta que el análisis de la incidencia, positividad o porcentaje de casos con trazabilidad para definir el nivel de alerta se pueda estudiar en función de los datos concretos que arrojan esas áreas.
Sin embargo, la transparencia de cifras en la Comunidad de Madrid a nivel ZBS no es tan exhaustiva. El Ejecutivo regional sí que pone a disposición de los ciudadanos un mapa interactivo para conocer cómo se encuentra la situación epidemiológica en cada una de estas zonas específicas. Pero la única información que ofrece es la de casos confirmados en los últimos 14 días, tasa de incidencia acumulada, casos confirmados totales o tasa de incidencia acumulada de casos totales. Ni rastro del porcentaje de casos con trazabilidad ni de la positividad. Dos indicadores sobre los que tampoco ofrece información en cada uno de los municipios de la región, por si en algún momento se quisiera apostar por esta unidad territorial. En el desglose por localidades, de los criterios a valorar exclusivamente se facilita el del número de casos por cada 100.000 habitantes a dos semanas. Un indicador que, por sí solo, no permite evaluar el nivel de riesgo.