68,8 millones de euros. Esa fue la valoración que aceptó el Ayuntamiento de Murcia como coste del traslado y cese de actividad de tres granjas de cerdos. Un caso que investiga el fiscal anticorrupción murciano, Juan Pablo Lozano, y en el que está imputado el alcalde murciano, Miguel Ángel Cámara (PP). Un funcionario municipal ha presentado ahora una querella para intentar apartar del caso al fiscal y al juez.
Las tres granjas eran propiedad de las sociedades Cárnicas, Lo Navarro y Castillo de Larache. En 2006, el entonces jefe de Planeamiento del Ayuntamiento de Murcia Joaquín Peñalver aceptó una alegación presentada "fuera de plazo", según la Fiscalía, de los propietarios de la sociedad Cárnicas "y sin que consten más informes de valoración extrapola sin justificación suficiente –más que por su mera voluntad– tal coste a las otras dos explotaciones porcinas". El fiscal anticorrupción murciano, Juan Pablo Lozano, asegura que los 68,8 millones son un valor "desorbitado", pues dividido por las explotaciones porcinas le da un valor de 191 euros el metro cuadrado, pese a ser un terreno rústico. Tanto Peñalver como el actual alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, están imputados en esta investigación, conocido como caso Umbra.
Precisamente, el fiscal Juan Pablo Lozano y el juez que instruye el caso, David Castillejos, han sido objeto este lunes de una querella por parte del imputado Joaquín Peñalver. La denuncia, que busca apartar del caso a los dos investigadores, se ha presentado en el momento en el que la Fiscalía centraba sus pesquisas en conocer el patrimonio del regidor, según confirman a infoLibre fuentes jurídicas relacionadas con el caso. La querella, que todavía no ha sido admitida a trámite, solicita que se aparte de forma cautelar a juez y fiscal de la instrucción del caso Umbra, según informa Europa Press. Esta iniciativa del funcionario imputado solo ha logrado, por el momento, paralizar durante tres días la investigación, pues este miércoles el juez Castillejos anunció su intención de retomar las pesquisas.
La interposición de la denuncia se produce apenas unos días después de que la representación legal del Ayuntamiento de Murcia, en calidad de acusación particular como perjudicado, haya presentado un escrito al juez en el que califica de "extravagante" un escrito del fiscal anticorrupción. Fuentes del caso han argumentado que la postura del Ayuntamiento, cuyo alcalde está imputado, ha sido en todo momento de obstrucción al trabajo realizado por la justicia. En concreto, han asegurado que el Ayuntamiento se adhirió a la petición de uno de los imputados de que se anulara el secreto de sumario. El fiscal ha llegado a asegurar por escrito que no descarta que el Ayuntamiento esté cometiendo "fraude procesal".
Este periódico ha contactado con el jefe de gabinete del Ayuntamiento de Murcia, Eduardo Martínez Oliva, quien aseguró que el alcalde "estaba ocupado con diferentes actos", por lo que no iba a atender la petición de infoLibre para que diera su versión de los hechos. No obstante, se remitió a un comunicado realizado por los servicios jurídicos del Consistorio, en el que se ponía de manifiesto que no habían formulado "ninguna petición de nulidad de todo o parte de las actuaciones".
Las pesquisas desarrolladas por el fiscal anticorrupción determinan también que los propietarios de las instalaciones porcinas incluidas en el caso solicitaban, para que fuera rentable su negocio, unos planes especiales en un ámbito de 152.865 metros cuadrados y con media densidad. Sin embargo, los funcionarios del Ayuntamiento imputados le justificaron 360.444 metros cuadrados y con alta densidad. "¿Cómo es posible que se les ofrezca más del doble de lo que solicitan?", se pregunta en un escrito del pasado julio el fiscal Lozano.
El máximo responsable es el alcalde
El regidor murciano está imputado en el caso Umbra por este acuerdo, pero también por ser el responsable de otros convenios que se encuentran bajo sospecha, como por ejemplo el que dio paso a la construcción del estadio del Real Murcia (Nueva Condomina) por el empresario Jesús Samper. "Miguel Ángel Cámara es el máximo responsable de la adopción de algunas decisiones que se tachan de delictivas por no responder al interés general", destaca el fiscal anticorrupción.
Además del alcalde de Murcia, entre los imputados figura el exconcejal de Urbanismo Fernando Berberena. Según el sumario, este exedil recibió regalos de los empresarios presuntamente beneficiados por un valor superior a los 85.000 euros. Relojes "de alta gama" y varios cuadros en concepto de "gratificaciones" de los empresarios imputados: Según la investigación de la Fiscalía, el empresario imputado Renato del Noce le hizo un regalo valorado en 15.000 euros el 10 de diciembre de 2004, mientras que la empresa Residenciall Mira Llevant le dio tres relojes valorados en 20.000 euros. Estos regalos coinciden con fechas próximas a la aprobación inicial y definitiva de un plan parcial: "Existiendo importantes descuadres en los gastos diarios de Fernando Berberena, que permiten inferir que disponía de dinero metálico de origen desconocido", resalta Juan Pablo Lozano, quien recuerda que todavía está pendiente de análizar el origen de las más de 30 obras de arte encontradas en su domicilio, cuyo valor se estima superior a 30.000 euros, "además de dos pinturas supuestamente regaladas por un valor de más de 30.000 euros".
Dominó en un yate de lujo
La investigación del fiscal ha logrado demostrar la existencia de encuentros entre el exconcejal de Urbanismo imputado y algunos de los empresarios presuntamente favorecidos tras requisar fotografías que se encontraban en el ordenador de Renato del Noce tomadas en el interior del yate de lujo propiedad de Ramón Salvador, máximo accionista de la sociedad Mira Llevant, beneficiada según la Fiscalía por los convenios urbanísticos bajo sospecha. Algunos de estos encuentros "lúdicos", donde las imágenes muestran al exedil jugando al dominó con los empresarios, se produjeron días antes de que el pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobara alguno de estos acuerdos.
"Conviene hacer simple referencia a la actuación del [ex jefe de Planeamiento de Murcia imputado] Joaquín Peñalver con respecto a Ramón Salvador al haberse encontrado las facturas y los contratos privados, en los que se muestra cómo el planeamiento tramitado por el Ayuntamiento de Murcia ha sido un verdadero fraude en muchos de sus proyectos. Puesto al servicio exclusivo de sus promotores y de personas vinculadas al Ayuntamiento de Murcia y al margen del verdadero interés general de la ciudadanía, destruyendo cualquier posible atisbo de imparcialidad en las decisiones sobre las que en principio se presume en la actuación municipal", indica el fiscal, que especifica que el funcionario imputado y su mujer recibieron de este empresario al menos 136.000 euros.
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Plusvalías de 26,8 millones
El nombre de la empresa del empresario propietario del yate cuyas fotos se incluyen en el sumario de la operación Umbra aparece también en un informe del Banco de España sobre el Banco de Valencia, incluido en el sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en el que se destaca que la entidad financiera entonces controlada por el banquero Domingo Parra sufrió un quebranto de 27,6 millones de euros con una operación en el término municipal de Murcia. Y en pleno pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
A finales de 2010, la empresa Hábitat 2018 –propiedad al 55,6% de Banco de Valencia, 32% de Bancaja y un 11,8% de una sociedad del grupo Ramón Salvador– adquirió por 29,8 millones suelos rústicos en Murcia a Residencial Mira Llevant. El Banco de España especifica que Residencial Mira Llevant –cuyo máximo accionista era el propio Ramón Salvador– había comprado unos días antes los terrenos que vendió a Hábitat 2018. Pero el precio que pagó Residencial Mira Llevant a las inicialmente propietarias de los terrenos fue de tres millones de euros. Gracias a esta operación, que estaba subordinada a la reclasificación de los terrenos por parte del Consistorio de Miguel Ángel Cámara, Ramón Salvador obtuvo, “en tan corto periodo de tiempo, plusvalías de 26,8 millones de euros", especifica el informe del Banco de España.
68,8 millones de euros. Esa fue la valoración que aceptó el Ayuntamiento de Murcia como coste del traslado y cese de actividad de tres granjas de cerdos. Un caso que investiga el fiscal anticorrupción murciano, Juan Pablo Lozano, y en el que está imputado el alcalde murciano, Miguel Ángel Cámara (PP). Un funcionario municipal ha presentado ahora una querella para intentar apartar del caso al fiscal y al juez.