Después de más de un año de perfil bajo encerrado en un despacho de la comisaría de Les Corts, el major de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero reapareció este jueves en público en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. El que fuera jefe del cuerpo policial autonómico hasta su destitución tras la aplicación del artículo 155, cuyo nombre ha sido uno de los más citados junto al de Carles Puigdemont en el juicio del procés, prestó declaración en calidad de testigo a petición de la acusación popular y de las defensas del exconseller de Interior Joaquim Forn y de los líderes sociales independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Durante su larga intervención, el major defendió el tan cuestionado dispositivo montado por los Mossos el 1-O. Además, cargó contra Forn, al que acusó de actuar con “un punto de irresponsabilidad”, dijo que se avisó sobre los “riesgos para la seguridad” de la consulta y aseguró que dos días antes de la declaración unilateral de independencia el cuerpo policial tenía preparado “un plan” por si había que detener a los miembros del Ejecutivo catalán.
Aunque fue llamado a declarar como testigo, Trapero no estaba obligado a pronunciar palabra alguna frente al tribunal. Su condición de principal investigado por un delito de rebelión en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra los jefes políticos y policiales de los Mossos le permitía acogerse a su derecho a no declarar para no perjudicar su defensa en dicho proceso judicial. Sin embargo, el alto mando del cuerpo policial, para el que la Fiscalía pide once años de cárcel por diseñar “de forma deliberada unos mecanismos de actuación” que impidieron cumplir con el mandato judicial de impedir el 1-O, rechazó mantenerse en silencio. Y más, después del traje que le hicieron en sede judicial el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo, el exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto o el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos –coordinador de los cuerpos policiales para el 1-O–, que acusó a Trapero de “alinearse” con la Generalitat, de poner “palos en las ruedas” y de preparar para el día de la consulta un dispositivo “insuficiente e ineficaz”.
Después de que en las últimas sesiones del juicio dos de sus subordinados en aquél otoño independentista, Emili Quevedo y Manuel Castellví, defendiesen la labor de su exjefe y se alejasen de los políticos independentistas enjuiciados en el Supremo, Trapero se esforzó por limpiar el nombre del cuerpo policial autonómico. En este sentido, y al ser preguntado por el fiscal Javier Zaragoza sobre la ineficacia del dispositivo montado por los Mossos para el 1-O, Trapero intentó ser lo más claro posible. “No tenía otra finalidad que la de hacer cumplir el mandato judicial y de la fiscalía (impedir la consulta)”, aseguró el exjefe del cuerpo policial autonómico, que añadió: “¿Nos hubiera gustado tener mejores resultados? Sí, por supuesto, pero hubo lo que pudimos conseguir entre todos”. Trapero defendió también la labor de los binomios mandados a los centros de votación –“hicieron su función y la hicieron bien”– y aseguró que en ningún caso el dispositivo buscaba, como dijo la acusación popular, “facilitar” el referéndum.
El interrogatorio, en el que Trapero confirmó complicada relación que mantuvo desde el primer momento con el coronel Pérez de los Cobos –“tensión dialéctica”, apuntó en una ocasión–, fue especialmente técnico. El único momento en el que se acercó a cuestiones políticas fue cuando la Fiscalía se interesó por los motivos del relevo que se produjo en la Conselleria de Interior en julio de 2017, cuando Jordi Jané fue sustituido por Forn. “Yo pienso que por la deriva política y llegó el momento [en el que Jané] no quería correr riesgos y estaba incómodo. Estábamos incómodos los dos”, afirmó el exjefe de los Mossos. En este sentido, señaló que Forn tuvo claro en todo momento “qué iba a hacer el cuerpo” y “respetó” esa decisión. Sin embargo, criticó algunas declaraciones públicas realizadas por Forn en las que aseguraba que el 1-O se podría votar con normalidad se encajaron “muy mal” en la policía autonómica, que tenía “órdenes judiciales concretas”. “Pienso que había un punto de irresponsabilidad”, señaló el major.
Pero a preguntas de las defensas, el alto mando policial dejó claro que no recibieron instrucciones políticas sobre lo que tenían que hacer de cara a la consulta independentista. “¿Forn intentó incidir en la actuación de ustedes, os dio instrucciones?”, preguntó el abogado del exconseller de Interior. “No”, respondió tajante Trapero. En todo momento, el major dio la cara por el cuerpo policial autonómico. Es más, aseguró que los Mossos d’Esquadra tenían desde el 25 de octubre montado “un plan” por si debían detener al expresident Puigdemont y a los exconsellers. Así, relató que el 27 de octubre, el día de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), se puso en contacto con el fiscal superior de Cataluña y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para comunicarles que el cuerpo policial estaba a disposición tanto del Ministerio Público como del órgano judicial “por si había que hacer un operativo” para la “detención” de los miembros del Ejecutivo catalán.
Un error de Vox impide a las partes abordar las preguntas clave
Uno de los puntos clave del interrogatorio, justo el que se centraba en apuntalar el relato de violencia sobre el que la Fiscalía del Supremo sostiene el delito de rebelión, se produjo en tres actos. El primero, antes de comer, cuando el Ministerio Público pretendió abordar las reuniones mantenidas por Trapero los días 26 y 28 de septiembre con el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras y el exconseller de Interior. Citas en las que, según aseveraron la semana pasada los subordinados del major, el entonces jefe de los Mossos d’Esquadra alertó a los dirigentes políticos de la posibilidad de que se produjeran actos violentos si se mantenía el referéndum. Trapero confirmó tales encuentros, detalló qué personas habían participado en ellos y aseveró que se produjeron a petición suya. Sin embargo, cuando el fiscal Zaragoza quiso entrar al contenido de las reuniones, la defensa de Forn intervino diciendo que las preguntas sobre este hecho desbordaban “el marco de la testifical”.
La protesta del letrado Javier Melero vino motivada por un error garrafal de la acusación popular, que es la que había solicitado junto con algunas de las defensas la testifical de Trapero. El abogado y número dos de Vox, Javier Ortega-Smith, fue el primero en cuestionar al testigo, limitando con sus preguntas el alcance del interrogatorio, según la aplicación que ha sentado el tribunal en las últimas semanas. Sin embargo, el secretario general del partido de extrema derecha se olvidó de poner sobre la mesa las dos reuniones clave. La queja de Melero obligó al magistrado Manuel Marchena a suspender la sesión hasta después de comer para deliberar al respecto. Con la reanudación del juicio a primera hora de la tarde, el presidente del tribunal anunció la decisión unánime: “El hecho de que este testigo haya sido propuesto solo por la acusación popular sitúa a la Fiscalía y Abogacía del Estado en los mismos límites (…). Las preguntas [en relación con las reuniones] desbordan los límites de la prueba testifical”.
Entonces, comenzó el segundo acto en el Salón de Plenos del Supremo. El fiscal Javier Zaragoza, tras exponer la “protesta” del Ministerio Público por esta decisión, retomó el interrogatorio con la vista puesta en el estrecho campo de juego fijado por el tribunal. Y aprovechó el envío de información a Forn sobre el referéndum del 1-O para abordar los hechos tratados en esas reuniones a través de un informe elaborado por los Mossos sobre el riesgo para la seguridad que suponía la consulta. En este sentido, Trapero apuntó que tanto “la impresión de Información” como la suya propia “de sentido común” es que habría “resistencia pasiva”. Sin embargo, añadió que era de esperar que en algunas zonas donde estaban implantados “algunos grupos” podría producirse “una resistencia activa”. “La actuación policial por un lado y dos millones de personas con la intención de hacer algo iba a provocar problemas de orden público y seguridad ciudadana”, explicó Trapero, que añadió que eso es lo que trasladó a Puigdemont en la reunión del 28 de septiembre.
En ese momento, el magistrado Manuel Marchena volvió a parar el interrogatorio. Esos encuentros, recordó el presidente del tribunal, “han quedado descartados” del ámbito de las reuniones, por más que se intente aclarar esos hechos a través de la “habilidad de interrogar al testigo” o por más que éste “muestre su disposición a responder”. Pero el fiscal intentó, en más de una ocasión, esquivar esa restricción buscando que el major confirmase por medio de otro tipo de cuestiones que los Mossos avisaron al Ejecutivo del riesgo de violencia de cara al 1-O. No tuvo suerte. La lupa de Marchena estuvo en todo momento analizando cada una de las cuestiones. No le dejó preguntar por una reunión mantenida en la sede central de los Mossos a mediados de octubre de 2017. También vetó el último intento de cuestionar por la Junta de Seguridad del 28 de septiembre. Y, por supuesto, frenó en seco al fiscal Zaragoza cuando inquirió al major: “¿Dijo Puigdemont que si se producía violencia se declararía la independencia?”.
Pero, cuando el interrogatorio había finalizado, el magistrado Manuel Marchena dio la sorpresa y arrancó el tercer acto. Agarrándose a un precepto legal, el presidente del tribunal preguntó a Trapero por el contenido de las dos reuniones. Y el major comenzó a hundir el ánimo de las defensas. En el encuentro del día 26, el alto mando policial explicó que se puso sobre la mesa que los Mossos habían recibido instrucciones para el 1-O y, viendo que el Ejecutivo catalán no daba marcha atrás, “les instamos al cumplimiento de la legalidad”. Como no salieron muy contentos de ese encuentro, solicitaron uno más el 28 al que acudieron Puigdemont, Junqueras y Forn. En esa segunda reunión, contó Trapero, les trasladaron la “preocupación” de que el referéndum pudiera “ocasionar conflictos graves de orden público y de seguridad ciudadana”, les emplazaron de nuevo “al cumplimiento de la legalidad” y les comunicaron que los Mossos no iban a quebrar “nunca” con “la legalidad y la Constitución”.
Se montó un dispositivo “seguro” en la Conselleria
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Buena parte del tiempo que el abogado de Vox utilizó en su turno de preguntas lo dedicó la actuación de los Mossos d’Esquadra en la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017, otra de las piedras angulares de la Fiscalía para sostener la existencia de violencia. En este sentido, el exjefe del cuerpo policial autonómico confirmó que mantuvo varios contactos con el entonces líder de la ANC, Jordi Sànchez, que se ofreció a “ayudar en la medida que pudiera” para mantener el orden. También señaló que recibió una llamada del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña expresando su “preocupación” y pidiendo que garantizase la salida de la comitiva judicial que estaba efectuando un registro en el departamento. “Me implico más personalmente porque recibo esa llamada del presidente. (…) Me implico más de lo que me hubiese implicado en otra concentración”, sostuvo el major.
En este sentido, explicó que diseñaron un dispositivo “seguro” para sacar del edificio a la comitiva judicial que consistía, principalmente, en organizar un cordón de voluntarios que separase al cordón policial montado de los manifestantes y “entre 15 y 20 agentes del servicio de escolta” que estaban “dentro de la Conselleria” montar una “cápsula en la que irían las personas de la comisión” que querían abandonar el edificio y que evitase “que el lanzamiento de una botella o de algo” pudiese golpear a ninguno de los miembros de la comitiva. “Considerábamos seguro este dispositivo”, explicó Trapero, que detalló que el cordón policial, aunque comenzó a ponerse en marcha a primera hora de la noche, no se completó porque les llegó la información de que “el registro podía alargarse durante horas”. “Y mantener un cordón de la Brigada Móvil (los antidisturbios) durante horas… En algunas protestas, se aprovecha para lanzarles cosas. Por eso no se culminó”, sentenció el que fuera jefe de la policía autonómica catalana.
Sobre estos acontecimientos, las acusaciones también abordaron la salida del edificio de la secretaria judicial del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que en sede judicial declaró que tuvo “miedo” de abandonar la Conselleria y que la sacaron a través de un patio exterior, saltando “un murete” para llegar a la azotea del Teatro Coliseum. “El motivo de ofrecerle esta salida alternativa no era porque considerásemos inseguro el dispositivo que habíamos pensado montar”, aseveró Trapero, que al ser preguntado por “hechos violentos alrededor de la Conselleria” se limitó a reseñar el “lanzamiento de alguna botella” y algún “empujón”. “Hubo algunos lanzamientos, también se lo digo”, reconoció el major de los Mossos d’Esquadra.
Después de más de un año de perfil bajo encerrado en un despacho de la comisaría de Les Corts, el major de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero reapareció este jueves en público en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. El que fuera jefe del cuerpo policial autonómico hasta su destitución tras la aplicación del artículo 155, cuyo nombre ha sido uno de los más citados junto al de Carles Puigdemont en el juicio del procés, prestó declaración en calidad de testigo a petición de la acusación popular y de las defensas del exconseller de Interior Joaquim Forn y de los líderes sociales independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Durante su larga intervención, el major defendió el tan cuestionado dispositivo montado por los Mossos el 1-O. Además, cargó contra Forn, al que acusó de actuar con “un punto de irresponsabilidad”, dijo que se avisó sobre los “riesgos para la seguridad” de la consulta y aseguró que dos días antes de la declaración unilateral de independencia el cuerpo policial tenía preparado “un plan” por si había que detener a los miembros del Ejecutivo catalán.