Entre los años 2013 y 2018, en España han sido identificadas 1.181 personas víctimas de trata con fines de explotación sexual –el 99,4% mujeres y niñas–, todas ellas dentro de las 624 diligencias incoadas en el mismo periodo de tiempo. Es una de las cifras que pone sobre el papel la Fiscalía General del Estado en su última memoria y es uno de los número que este lunes, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, se recuerdan. La trata es un problema estructural que no ceja, mientras en la búsqueda de estrategias para su erradicación entra en juego, un año más, el debate en torno a la prostitución.
De acuerdo al criterio de la Fiscalía, que califica el problema como "esclavitud de las mujeres", desde que en España se tipificó el delito de trata de seres humanos "se han ido desarrollando en buena medida las acciones requeridas", pero los datos generales revelan resultados "decepcionantes, sobre todo en relación a la protección y al reconocimiento de los derechos elementales de la mujer". Para el Ministerio Fiscal, el proxenetismo es "una actividad atípica en constante e imparable expansión" que además "constituye un negocio boyante" que alcanza unos beneficios diarios "que superan los cinco millones de euros", según fuentes policiales.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género cuenta con ocho medidas vinculadas a la trata y otras tres relacionadas con la prostitución. Entre sus promesas se encuentra la aprobación de una ley orgánica de lucha integral y multidisciplinar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, "que establezca mecanismos adecuados para la prevención, refuerce la persecución de oficio del delito, promueva la eliminación de publicidad de contenido sexual y ponga en marcha servicios y programas de protección social y recuperación integral de las víctimas". Aunque la creación de la norma no ha dejado de estar en la agenda, lo cierto es que a día de hoy sigue sin ser una realidad.
Sensibilización y conciencia
Enrique Javier Díez es profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de León y promueve diversos proyectos contra la prostitución y la trata. Para el docente, unas de las claves a la hora de combatir la trata está en la pedagogía. "En España se consume tantísima prostitución que es un fenómeno admitido socialmente, no sólo no se penaliza, sino que hay cierta complicidad", lamenta. A su juicio, educar a los más jóvenes "en la cultura de la prostitución y la pornografía" conlleva dosis lamentables de violencia. Por contra, apuesta por fomentar la "educación afectivo-sexual desde las escuelas", a través de dinámicas "realmente positivas que generen relaciones de igualdad".
Díez participa actualmente en la Red Estatal de Municipios Libres de Trata, que intenta combatir la explotación sexual a través de campañas y ordenanzas municipales. "Muchas de las campañas se dirigen a hombres", explica el docente, pero también se ponen en marcha estrategias en centros educativos y se intenta fomentar "la formación afectivo-sexual".
Sobre los mensajes que apelan directamente a los hombres habla Francisco Carrasco, de Médicos del Mundo. Su organización acaba de lanzar una campaña dirigida al entorno de quien consume prostitución. "En muchas campañas anteriores se siguió la estrategia de dirigirse a hombres que pagan por sexo, pero sin mucho éxito, puesto que en los últimos tiempos se amplía el campo de demanda", explica en conversación telefónica. Por eso, Médicos del Mundo ha optado esta vez por interpelar a los hombres que no pagan por sexo, pero que conviven junto a quienes sí lo hacen y aún así "no dicen nada o les ríen la gracia". La idea, detalla, consiste en "apelar a la conciencia de estas personas para que digan que esto es violencia".
En cuanto a las recetas para poner remedio al problema, Carrasco reconoce la complejidad de la situación y entiende que se resuelve actuando en distintos frentes. "La sensibilización es importante como paso previo" a las medidas legislativas, afirma.
Y en esa tarea de sensibilización entra en juego Genera, una organización "que busca la redefinición de los roles sociales desde una perspectiva de género a través de la defensa y reivindicación de los derechos de las mujeres partiendo del ámbito del trabajo sexual". Por su definición, es fácil deducir que la asociación parte de una idea: la trata no es prostitución. "Es importante separar los conceptos y entender que las realidades son distintas y por tanto hay que abordarlas de manera distinta", explica una de sus portavoces, que prefiere no revelar su nombre. "Una cosa es la prostitución voluntaria y otra es la coacción, que deriva en violencia", sostiene. Y matiza: es cierto que la prostitución voluntaria es en ocasiones "producto de necesidades económicas, pero como sucede con toda la clase trabajadora".
En este sentido, la portavoz cuestiona el concepto de "explotación sexual", un término que considera "ambiguo y que permite mezclar fenómenos con total legitimidad, produciendo confusión". De esta manera, la representante de la asociación prefiere hablar de "prostitución forzada" y de la trata como "una forma de violencia machista", cuyo abordaje debe dejar a un lado cualquier tipo de "perspectiva persecutoria o policial" y poner el foco en "garantizar los derechos de las mujeres, sin necesidad de que haya denuncia". Es importante, entiende, blindar la "seguridad física de las víctimas y sus familias" a través de "recursos básicos de subsistencia".
Carrasco difiere en la forma de abordar el problema. Médicos del Mundo vincula la prostitución con la trata. "Hacemos una campaña muy orientada a la prostitución para evidenciar que una y otra cosa están ligadas", sostiene Carrasco. El propio Ministerio Público se inclina, en su memoria anual, por esta óptica: "Se olvida que al admitirse el proxenetismo consentido están admitiendo que la mujer pueda autorizar su propia explotación, esto es, que sea reconvertida en mercancía de granjería".
El organismo recomienda no olvidar que "la prostitución, bajo el manto del proxenetismo consentido, en España afecta fundamentalmente a mujeres extranjeras, sin recursos económicos y extraordinariamente vulnerables". La experiencia en los juzgados "acredita que la atipicidad de ese negocio constituye un escudo protector del tratante que –salvo excepciones muy significativas– gozará siempre de la presunción de consentimiento de la mujer".
Respuesta de los poderes públicos
En la búsqueda de soluciones, los municipios han tomado el timón. Uno de los ejemplos más recientes está en Getafe (Madrid), donde a finales de agosto se aprobó una Ordenanza de Convivencia que incluye sanciones a los clientes de prostitución con multas de entre 1.500 y 3.000 euros. Asimismo, comunidades como Navarra, Castilla-La Mancha o Madrid contemplan la prostitución como forma de violencia de género en sus leyes autonómicas, mientras que otras como Canarias, Castilla y León, Galicia o la Comunitat Valenciana abordan el problema de la trata en las suyas.
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Sobre las fórmulas legislativas reflexiona Genera. ¿Tiene que haber una ley?, se pregunta. Y duda en la respuesta. "Depende siempre de quién la haga y con qué perspectiva", sostiene, pero de los ejemplos que dejan otros países no resultan experiencias positivas. La portavoz se refiere concretamente al caso de Irlanda del Norte, que desde el año 2015 persigue a los clientes de prostitución. Las trabajadoras sexuales "sufren más violencia, se sienten más inseguras, ha aumentado el estigma y no se ha reducido la demanda de servicios sexuales ni la trata", relata la portavoz, quien reconoce sentir "miedo al pensar en una ley contra la trata". Las multas a los demandantes de servicios sexuales, al final, "acaban repercutiendo en las trabajadoras", incentivando peores condiciones y trabajo clandestino, con la consiguiente "criminalización del colectivo".
El profesor Díez, por el contrario, encuentra en este tipo de modelos un ejemplo a seguir. Apuesta por medidas concretas que se plasmen en una ley integral que, sobre todo, no distinga entre trata y prostitución, "porque la demanda de prostitución alimenta a la trata y ambas constituyen el mismo tipo de violencia de género extrema contra mujeres y niñas". Díez menciona modelos como el francés o el sueco, todos ellos enfocados en "la persecución de la demanda, porque si no hay demanda no hay oferta". También a la propuesta francesa apunta la Fiscalía. Un modelo de referencia lo constituye legislación francesa, dice, "en la que no solo se persigue al proxeneta, sino que también se da un tratamiento adecuado a otro de los implicados en este fenómeno, el llamado cliente de la prostitución".
Otra de las líneas que el docente cree necesario seguir es aquella que busca ofrecer "alternativas reales y realmente dignas para las mujeres que quieren salir". Algo que significa "fondos y apoyo económico" que no debe ir ligado a una denuncia. "Muchas mujeres migrantes tienen que denunciar a quienes trafican con ellas, cuando muchas veces su familia está secuestrada y sus vidas en riesgo", sostiene Díez, quien añade la importancia de "perseguir a los proxenetas de oficio". Si hay un punto que no admite debate es precisamente la protección de las mujeres, el lugar común donde convergen todas las reflexiones en torno a la trata.
Entre los años 2013 y 2018, en España han sido identificadas 1.181 personas víctimas de trata con fines de explotación sexual –el 99,4% mujeres y niñas–, todas ellas dentro de las 624 diligencias incoadas en el mismo periodo de tiempo. Es una de las cifras que pone sobre el papel la Fiscalía General del Estado en su última memoria y es uno de los número que este lunes, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, se recuerdan. La trata es un problema estructural que no ceja, mientras en la búsqueda de estrategias para su erradicación entra en juego, un año más, el debate en torno a la prostitución.