La mayoría de comunidades autónomas no cumple con lo establecido en la normativa estatal de dependencia. Más de tres lustros después de su aprobación, trece de los diecisiete territorios siguen superando ampliamente los plazos máximos fijados por ley para la resolución de este tipo de expedientes. En 2021 se tardó a nivel nacional de media más de un año en solventar cada petición, frente al medio año que la legislación fija como máximo. Solo cumplieron Castilla y León, Euskadi, Cantabria y Baleares. En el resto de casos, las diferencias son enormes. De hecho, hay comunidades en las que la espera supera incluso los dos años. ¿Los motivos de estos enormes retrasos? Por un lado, los sucesivos recortes en la financiación de la Ley de Dependencia. Por otro, el enrevesado entramado burocrático al que tienen que hacer frente personas con algún grado de dependencia y sus familias.
Aprobada en diciembre de 2006, durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, la normativa estatal fija, en su disposición final primera, la barrera de demora en las tramitaciones que se tiene que evitar superar. "El plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones", se recoge en el texto.
Pero la ley se incumple sistemáticamente. Según el último Observatorio de la Dependencia, que anualmente elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en trece de las diecisiete comunidades autónomas los expedientes tardaron mucho más de seis meses en ser resueltos durante 2021, el primer ejercicio tras el zarpazo más duro de la pandemia. En concreto, el tiempo medio de espera a nivel nacional desde que se hace la solicitud hasta que se resuelve la prestación ha sido de 421 días, unos catorce meses. Desde que se publican estas cifras, la mejora ha sido muy tímida. En 2020 y 2019, los plazos de resolución se situaban en 430 y 426 días, respectivamente. Y, en ambos casos, fueron quince los territorios que superaban ampliamente la barrera fijada en la normativa estatal.
Hasta dos años y medio para resolver un expediente
Los tiempos difieren enormemente entre las distintas comunidades. Así, cerca de cumplir con la ley se sitúan Navarra o La Rioja, con esperas inferiores a los 250 días. En el otro extremo, Canarias, Andalucía, Cataluña, Murcia o Extremadura, con más de 18 meses de demora. El caso canario es el más alarmante: se tarda de media más de dos años y medio en resolver un expediente, una cifra que ha ido escalando progresivamente –en el año más complicado de la crisis sanitaria eran 927 días–.
"Estos datos explican que, a pesar del incremento paulatino del número de personas atendidas de los últimos años, el ritmo sea claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones", señalan desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Unos "impresentables retrasos" que, en opinión del colectivo, son consecuencia de los "sucesivos recortes sufridos" en la financiación de la Ley de Dependencia, que generaron "enormes bolsas de desatención", y del "disparatado y proceloso entramado burocrático". "Lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios", sostienen.
Más de 45.000 personas mueren esperando
Ahí, atascadas en las listas de espera, se encontraban el pasado año 317.942 personas. Seis de cada diez, en el denominado "limbo" –personas valoradas con algún grado y que están pendientes de recibir la prestación o servicio al que tienen derecho–. El resto, a la espera de recibir una valoración. De hecho, el 44% de todos aquellos que se encontraban en el limbo eran personas con grados II y III de dependencia. Es decir, aquellas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria o que, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial requieren del apoyo indispensable o continuo de otra persona.
"La interminable dilación de muchos procedimientos tiene como consecuencia el que muchas personas salen de la lista de espera por causa de fallecimiento sin haber recibido las prestaciones o servicios a los que tenían derecho", apunta la asociación de profesionales. Es lo que sucedió el pasado año con 46.300 personas. Son 127 muertes diarias a la espera de la resolución definitiva de su caso. Una cada once minutos. En el último lustro, han fallecido en esta misma situación 201.187 personas, según los datos recopilados por el colectivo en sus diferentes informes.
Un Plan de Choque a medio cumplir
El sistema de dependencia sufrió, a golpe de recortes en plena crisis económica, una "fase de parálisis y retroceso generalizado", de la que comenzó a recuperarse a mediados de 2015. Pero en 2019 comenzó a retroceder nuevamente. Y así siguió en el año negro de la pandemia. Ahora, sin embargo, parece haberse iniciado otra vez un periodo de recuperación. Una activación que desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales atribuyen a la puesta en marcha del Plan de Choque en Dependencia 2021-2023, el acuerdo nacido al calor del diálogo con los interlocutores sociales al que Gobierno –en concreto, el Ministerio de Derechos Sociales– y comunidades autónomas dieron luz verde hace poco más de un año y que contempla una inversión de 3.600 millones de euros en el sistema.
"Desde hace una década no se obtenían datos tan positivos. Hay 97.912 personas atendidas más que a principio de año, lo que supone multiplicar por diez el aumento de personas atendidas en el año anterior", recoge el último informe del colectivo. Del mismo modo, las listas de espera se han visto reducidas en estos doce meses. En concreto, hay 38.807 personas menos, una disminución del 16,7%. Aragón, Madrid y Cantabria fueron las que más recortaron estas bolsas, con disminuciones que se movieron entre el 42,2% de la primera y casi el 65% de la última. En el extremo contrario, Castilla y León, Navarra y Canarias, con incrementos por encima del 20%. A pesar del aumento, la primera región se mantiene en "atención plena". Su tasa de cobertura es del 99,8%.
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A pesar de ello, algunos de los objetivos del Plan de Choque se quedaron a medio cumplir. En primer lugar, se esperaba que la disminución de las listas de espera fuera del 25,8%, unas 60.000 personas. "La burocracia y tres comunidades autónomas impiden cumplir", resalta el colectivo de profesionales. Tampoco se ha logrado incrementar hasta el 100% la cobertura de la teleasistencia. Si bien en el último año se han aumentado en 37.825 este tipo de servicios, todavía quedan 760.000 personas para alcanzar la atención plena. "Se necesitarían 23 años para alcanzar el objetivo previsto a este ritmo", resaltan desde la asociación. Lo que sí se ha logrado es "mejorar la intensidad" del Servicio de Ayuda a Domicilio. En 2020, la media mensual se situaba en 33,45 horas. En 2021, alcanzó las 39,6 horas.
Más de 75 millones sin ejecutar
El colectivo calcula que el tijeretazo acumulado en dependencia por la Administración General del Estado asciende a 6.321 millones de euros desde 2012. Unos recortes que el Gobierno de coalición se ha encargado de comenzar a revertir con un incremento importante de la partida destinada a la dependencia. Sin embargo, y es algo que escandaliza a la asociación, en el pasado ejercicio no se ejecutó totalmente el presupuesto aprobado para el Sistema de Atención a la Dependencia. En concreto, se dejaron sin gastar 75,7 millones de euros del denominado nivel mínimo garantizado, por el que el Estado transfiere a los diferentes territorios determinadas cantidades en función de la atención que vayan prestando. Con esa cantidad, dicen, se podría haber atendido a 13.000 personas más.
El informe también destaca que la actividad asistencial sigue sin recuperarse totalmente de los efectos de la crisis del coronavirus. "En 2021, no todas las comunidades autónomas recuperan las plazas de atención residencial, ni de centro de día, perdidas como consecuencia de la pandemia", resalta el Observatorio. Las que menos plazas en los geriátricos recuperan son Galicia, Castilla y León o Madrid. En cuanto a los centros de día, son Andalucía y Cataluña las regiones a la cola. Por lo general, resalta el informe, muchas de las comunidades que las recuperan en un servicio las pierden en el otro. Con dos excepciones: Castilla y León y la Comunidad de Madrid, que no recuperan ni unas ni otras.
La mayoría de comunidades autónomas no cumple con lo establecido en la normativa estatal de dependencia. Más de tres lustros después de su aprobación, trece de los diecisiete territorios siguen superando ampliamente los plazos máximos fijados por ley para la resolución de este tipo de expedientes. En 2021 se tardó a nivel nacional de media más de un año en solventar cada petición, frente al medio año que la legislación fija como máximo. Solo cumplieron Castilla y León, Euskadi, Cantabria y Baleares. En el resto de casos, las diferencias son enormes. De hecho, hay comunidades en las que la espera supera incluso los dos años. ¿Los motivos de estos enormes retrasos? Por un lado, los sucesivos recortes en la financiación de la Ley de Dependencia. Por otro, el enrevesado entramado burocrático al que tienen que hacer frente personas con algún grado de dependencia y sus familias.