Una "falta de respeto", una "descalificación" e incluso una "injerencia". Así de duras han sido las asociaciones de jueces y magistrados a la hora de valorar las declaraciones de Carlos Floriano, vicesecretario general de organización, y Alfonso Alonso, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, acerca de la decisión del juez Santiago Pedraz de no archivar la causa que investiga la muerte del cámara José Couso en 2003 a pesar de la reforma de la justicia universal aprobada en las Cortes hace unos días, que establecía el sobreseimiento de todos estos procesos.
En su auto, el magistrado justificó su decisión al asegurar que el archivo del caso que prescribe la reforma de la ley contravendría la IV Convención de Ginebra, suscrito por España. "Dada la primacía de los tratados y que un tratado no puede ser modificado por una norma interna, resulta inaplicable la nueva norma, subsistiendo la disposición del tratado", explicaba Pedraz en su auto, que Carlos Floriano ha calificado de "fuera de lugar". Y no se ha quedado ahí: el dirigente conservador ha denunciado que en España "dependiendo de dónde caiga un asunto" puede saberse cómo se va a resolver, porque se conoce el "perfil ideológico del juez", ya que éstos pueden decidir integrarse en asociaciones con "sesgo ideológico".
Las afirmaciones del vicesecretario general no han caído bien entre jueces y magistrados. En este sentido, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha asegurado a infoLibre que quien está "fuera de lugar" en este asunto es Floriano y no Pedraz, y ha recordado que "en una democracia el poder político no es absoluto" y que es la Justicia la encargada de "interpretar y aplicar las leyes". De la misma opinión es Marcelino Sexmero, presidente de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, que ha asegurado que "no se puede tolerar" que se ponga en duda la independencia de los jueces.
"Las declaraciones que últimamente proliferan de algunos políticos evidencian una falta de respeto absoluta hacia los jueces y magistrados", denuncia Sexmero, quien reprocha a Floriano que haya insinuado que el "sesgo" ideológico de los jueces puede influir en su aplicación de la ley. Tanto él como Bosch admiten que jueces y magistrados tienen su propia ideología, pero el portavoz de Jueces para la Democracia es tajante al afirmar que sus decisiones –y en concreto, la de Pedraz– no son "ideológicas", sino que "se basa en valoraciones jurídicas".
Inacción del CGPJ
Bosch y Ángel Dolado, presidente de la asociación Foro Judicial Independiente, son los más activos a la hora de defender la interpretación que ha hecho Pedraz de la legislación, y apoyan al juez al explicar que "una convención internacional está por encima del reglamente interno". Dolado se queja de que con este tipo de "injerencias" provocan que no quede "garantizada la separación de poderes", mientras que Bosch ha retado al PP a que presente "argumentos jurídicos" para contrarrestar los que están reflejados en el auto del instructor del caso Couso.
"Toda acción puede ser criticable", explica por su parte Sexmero, "pero lo que nunca se puede decir es que ha sido tomada por cuestiones políticas". ¿La finalidad de estas declaraciones? El presidente de la Fracisco de Vitoria lo tiene claro: ejercer "presión" sobre los jueces "para que se haga lo que los partidos quieren".
Por ello, los tres representantes lo tienen claro: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debería mostrar su apoyo al juez Pedraz de forma pública, ya que su función es "defender la independencia judicial", según explica Bosch. Pero no muestran muchas esperanzas, ya que en palabras de Sexmero el Consejo adolece precisamente de "falta de independencia". De la misma opinión es Dolado, que explica que los jueces están "sufriendo ataques" últimamente y que, pese a ello, el CGPJ "no hace absolutamente nada en defensa de la separación de poderes".
"Pero qué vamos a esperar de un presidente del Consejo que dijo que los jueces estábamos al palo y la zanahoria", remacha el presidente de Foro Judicial Indpendiente, en referencia a las declaraciones de Carlos Lesmes el pasado día 17 en el diario El Mundo, donde aseguró que "el Consejo se crea para dos funciones que se considera que no pueden estar en manos del Gobierno: el nombramiento de cargos judiciales y el ejercicio de la disciplina, porque al juez se le controla con el palo y la zanahoria".
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"Lo que plantea Alonso sí que es extravagante"
Sobre las declaraciones de Alfonso Alonso, que ha señalado que si Pedraz si entiende que la nueva legislación vulnera la Carta Magna debe “plantear una cuestión de inconstitucionalidad”, los representantes de las asociaciones judiciales lo tienen claro: ésta es una opción válida para el juez, pero no la única. Bosch, que apostilla que Alonso "no es quién" para decirle al magistrado "cómo aplicar la ley", señala que, además, en este supuesto Pedraz ha explicado ya que fundamenta su decisión en que los tratados internacionales prevalecen sobre las normas internas. "Y la jurisprudencia lo avala", opina el portavoz de Jueces para la Democracia.
Sexmero, por su parte, tira de sorna. "Lo que plantea Alonso sí que es extravagante", asegura el presidente de la Francisco de Vitoria, que señala la contradicción que existe entre la petición del PP de que se sobresea el caso y la exigencia de que Pedraz presente una cuestión de inconstitucionalidad en lugar de mantenerlo abierto, ya que este procedimiento "sólo se podrá plantear si el procedimiento sigue vivo". "No se pueden plantear las cuestiones de inconstitucionalidad si el proceso se ha cerrado", reitera.
Una "falta de respeto", una "descalificación" e incluso una "injerencia". Así de duras han sido las asociaciones de jueces y magistrados a la hora de valorar las declaraciones de Carlos Floriano, vicesecretario general de organización, y Alfonso Alonso, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, acerca de la decisión del juez Santiago Pedraz de no archivar la causa que investiga la muerte del cámara José Couso en 2003 a pesar de la reforma de la justicia universal aprobada en las Cortes hace unos días, que establecía el sobreseimiento de todos estos procesos.