¿Qué pasará con el Valle de los Caídos una vez sean exhumados los restos del dictador Francisco Franco? ¿El mausoleo fascista seguirá teniendo el mismo sentido que ha tenido durante los últimos 40 años? Estas son las preguntas que, desde hace semanas, intenta resolver el Gobierno de Pedro Sánchez. Las respuestas continúan en el aire, pero ya hay algunas cuestiones que el líder del Ejecutivo tiene claras. Por ejemplo, que el Valle de los Caídos no va a albergar un museo de la memoria por la dificultad de arrancarle la connotación franquista que le acompaña. O que España creará, al menos esa es la intención, una Comisión de la Verdad "que sea lo más plural posible e incorpore todas las perspectivas históricas sobre la Guerra Civil y la dictadura" para que, "de una vez por todas, se cierren esas heridas", según explicó el propio Sánchez.
Lo dijo este miércoles tras su paso por Chile. El país latinoamericano, a juicio de Sánchez, está más avanzado que España precisamente por haber constituido hace años la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada en 1990 para reparar el daño de la dictadura de Augusto Pinochet. Años más tarde, en 2003, se estableció también la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
España, 43 años después de la muerte del dictador, no ha iniciado un camino ni ligeramente parecido, y eso que lo recomendó hasta Naciones Unidas. El relator especial de la ONU sobre la Promoción de la verdad, la justicia y la reparación, Pablo de Greiff, destacó en su informe de 2014 tras su visita a España que no existían datos de víctimas ni estadísticas oficiales que recogieran el alcance que tuvo la Guerra Civil y la dictadura que le siguió. Además, algunos temas ni siquiera se atendían, como los trabajos forzosos de presos o los niños robados. Instó, por ello, a "conseguir un entendimiento exhaustivo de las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario que ocurrieron durante la Guerra Civil y el franquismo". ¿Cómo? Una de sus propuestas, precisamente, era la creación de una Comisión de la Verdad.
Pero, ¿qué son exactamente las comisiones de la verdad? Según el Centro Internacional para la Justicia Transicional, "son organismos oficiales, no judiciales y de vigencia limitada que se constituyen para esclarecer hechos, causas y consecuencias relativos a pasadas violaciones de los derechos humanos. Al brindar especial atención al testimonio de las víctimas, las comisiones aseguran su reconocimiento; con frecuencia después de largos periodos de recibir estigmatización y ser escuchadas con escepticismo". Su trabajo finaliza siempre con la redacción de un informe en el que se recogen conclusiones de hecho y recomendaciones.
Entre 1974 y 2010 se crearon un total de 40 comisiones de la verdad, según constató Amnistía Internacional en un informe publicado en el año 2010 [y que se puede consultar en este enlace]. La mayoría de ellas en países latinoamericanos, aunque africanos y asiáticos también las han puesto en marcha. En Europa, sin embargo, sólo se ha establecido una en Alemania. España, así, podría ser el segundo país en hacerlo.
Para Sánchez, Chile es un ejemplo. Pero hay otros. La organización destaca, en el documento, 19 comisiones que contribuyeron activamente al inicio de enjuiciamientos por crímenes de derecho internacional. Pero son especialmente tres las que, de verdad, se han convertido en un ejemplo que España, ahora, podría importar: Argentina, Sri Lanka y Perú.
Además de estos tres países, los que han constituido y llevado a cabo comisiones de la verdad son: Uganda (1974 y 1986), Bolivia (1982), Uruguay (1985 y 2000), Nepal (1990), Chad (1990), El Salvador (1991), Alemania (1992 y 1995), Haití (1995), Sudáfrica (1995), Ecuador (1996 y 2007), Guatemala (1997), Nigeria (1999), República de Corea (2000 y 2005), Sierra Leona (2000), Panamá (2001), República Federativa de Yugoslavia (2001), Timor Oriental (2001), Granada (2001), Ghana (2002), Argelia (2003), Chile (2003), Paraguay (2003), Marruecos (2004), República Democrática del Congo (2004), Burundi (2004), Indonesia (2004), Liberia (2005), Canadá (2006), Islas Salomón (2008), Kenia (2008) y Togo (2009).
infoLibre repasa las más destacadas:
Comisiones de la verdad en el mundo.
Argentina, 'Nunca más'
El dictador Jorge Rafael Videla en un desfile militar en Buenos Aires (1978). | Presidencia de Argentina
El 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado militar encabezado por el general Jorge Rafael Videla derrocó el Gobierno de la presidenta María Estela Martínez de Perón, al frente del país desde la muerte de Juan Domingo Perón en 1974. A partir de ahí, se instaló lo que denominaron Proceso de Reorganización Nacional. El poder fue ocupado por una junta militar cuyo mayor objetivo era, como en toda dictadura, eliminar al enemigo. Pero para ello, no optaron por los asesinatos, sino por las desapariciones. Se calcula que hubo alrededor de 30.000.
Esta fue la tónica argentina hasta 1982. A la ocupación de las Islas Malvinas le siguió la afrenta de Inglaterra, tras lo que se desató una crisis de la junta militar que acabó con Reynaldo Bignone, el último dictador al mando, convocando elecciones. El 30 de octubre de 1983, con Raúl Alfonsín como ganador de los comicios, se restaura la democracia. Y se constituye la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.
La comisión pudo entregar a los tribunales más de 1.086 expedientes, lo que hizo posible el juicio de nueve exmiembros de las juntas militares. Bignone, por ejemplo, murió tras pasar años en la cárcel cumpliendo una cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. El informe final de la comisión, Nunca más, concluyó que, contrariamente a lo sostenido por los dictadores que ostentaron el poder de la junta militar, "no solamente se persiguió a los miembros de organizaciones políticas que practicaban actos de terrorismo".
"Se cuentan por millares las víctimas que jamás tuvieron vinculación alguna con tales actividades y fueron sin embargo objeto de horrendos suplicios por su oposición a la dictadura militar, por su participación en luchas gremiales o estudiantiles, por tratarse de reconocidos intelectuales que cuestionaron el terrorismo de Estado o, simplemente, por ser familiares, amigos o estar incluidos en la agenda de alguien considerado subversivo". Reconoce, además, la implantación de la desaparición como medida represiva para todas estas personas.
Perú, dos décadas de violencia
El expresidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por crímenes de lesa humanidad. | E.P.
El periodo comprendido entre los años 1980 y 2000 fue especialmente duro en Perú. El conflicto entre el Estado peruano y los grupos armados de oposición, el Partido Comunista del Perú (Sendero Luminoso) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), llevaron, según comprobó Amnistía Internacional, a "violaciones sistemáticas y a gran escala de derechos fundamentales de amplios sectores de la población". Por parte del Estado se produjeron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y malos tratos. Por parte de los otros dos grupos, asesinatos y otros atentados contra la integridad física.
Esa "crisis de derechos humanos" y "quebrantamiento del Estado Derecho", según lo calificó Amnistía, requería acabar con la impunidad de las violaciones de Derechos Humanos y reparar a quienes las habían sufrido, así como a sus familiares. Para ello se creó, en el año 2001, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, un ejemplo para Amnistía Internacional porque creó una unidad de investigaciones especiales para reunir asuntos penales para el inicio de enjuiciamientos y estableció un convenio formal con el Ministerio Público que servía de marco jurídico para la transferencia de asuntos totalmente documentados a los tribunales. Además, a raíz de los trabajos llevados a cabo por la comisión, se conformó el movimiento ciudadano Para Que No Se Repita, que lleva un seguimiento del desarrollo de las recomendaciones dictadas.
El informe final de la comisión reveló que durante los 20 años de conflicto "se cometieron miles de serios abusos de derechos fundamentales por los grupos armados de oposición, principalmente Sendero Luminoso y en menor escala el MRTA, así como graves violaciones de derechos humanos por agentes del Estado, en particular las Fuerzas Armadas". Fueron, además, sistemáticas y generalizadas.
Sri Lanka, tres comisiones geográficas
Un miembro de los Tigres para la Liberación de la Patria Tamil. | E.P.
Aproximadamente, 62.000 fallecidos, 800.000 familias desplazadas y 16.000 desaparecidas. Ese es el resultado que dejó el conflicto de Sri Lanka entre los años 1988 y 1993. El país trató de reparar este daño con la creación en 1994 de tres Comisiones Presidenciales de Investigación sobre el Traslado o la Desaparición de Personas en las Provincias Occidental, Meridional y de Sabaragamuwa. Cada una de ellas con su propio presidente y su propio informe, aunque en 1997 se presentó el documento final con las conclusiones y las recomendaciones de cada uno de ellos. El conflicto, no obstante, continuó presente, pero aun así, para Amnistía Internacional, los tres organismos son un caso destacable entre las 40 comisiones creadas en todo el mundo: su trabajo permitió incoar, al menos, cuatro causas.
El conflicto que tuvo lugar durante estos cinco años fue de carácter étnico. Se enfrentaron en una guerra civil –que duró hasta 2009– el Gobierno y los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil. Cingaleses contra tamiles. La mayoría budista contra la minoría hindú. Ambas, igual de sanguinarias. Así lo dijo la ONU, que acusó a las dos partes de crímenes de guerra, una denuncia que ya venían realizando distintas organizaciones.
Además, Naciones Unidas no valoró tan positivamente las comisiones presidenciales de 1994. Para el Comité de Derechos Humanos no fue suficiente porque, según afirmó, no se contemplaron las violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas desde 1984 y hasta 1988.
Pero hace tres años, en 2015, el Gobierno de Ranil Wickremasinghe anunció la creación de otra comisión, aunque sin la presencia internacional de Naciones Unidas. Esta, al contrario que las de 1994, investigará desde 1983. "El Gobierno establecerá una comisión de busca de la verdad, la justicia, la reconciliación y para prevenir una situación de conflicto, con la consulta de relevantes autoridades del proceso de reconciliación en Sudáfrica", dijo el primer ministro.
¿Qué debe hacer España?
España parece estar ahora más cerca que nunca de sumarse a la lista de países que han creado comisiones de la verdad para hacer justicia y reparar a las víctimas de los conflictos armados. La Transición que siguió a 39 años de franquismo no lo hizo. Pero el PSOE puede ahora hacer realidad la proposición no de ley que presentaron en 2013 junto al Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA y el Grupo Parlamentario Vasco. Caducó dos años después de presentarse ante el Congreso, porque nunca llegó a entrar al Pleno. En ella se pedía "crear una comisión de la verdad, integrada por expertos independientes, con el mandato de restablecer la verdad histórica acerca de las desapariciones forzadas ocurridas en España durante la Guerra civil y el franquismo, así como formular las propuestas y recomendaciones a los poderes públicos para que la defensa de los derechos de las familias de las víctimas no sea sólo una tarea particular, sino una responsabilidad colectiva".
Ni calles, ni estatuas, ni mausoleos: ¿qué queda de los dictadores en Sudamérica?
Pero según el escritor y periodista Alfons Cervera, no es tarea fácil. "Lo complejo de España es qué lugar ocupa la memoria democrática en las políticas públicas y en el imaginario de la gente". El problema principal, entiende, está en la base del planteamiento. "Está todo por hacer. Todo. Si no sabemos qué hacer con Cuelgamuros, ¿cómo vamos a echar a andar una Comisión de la Verdad con garantías de paz social y compromiso político? La comisión, además, mezcla la guerra y la dictadura", critica en declaraciones a infoLibre.
Según un informe publicado por Amnistía Internacional en el año 2007 [que se puede consultar en este enlace], las comisiones de la verdad, además de no poder sustituir procesos judiciales dirigidos a establecer responsabilidades penales internacionales, deben contar con el "pleno apoyo" de las autoridades legislativas, gubernativas y judiciales nacionales. Además, deben participar en ellas organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, así como grupos de víctimas y organizaciones no gubernamentales. Su informe final, por último, debe incluir "medidas de rehabilitación, indemnización y satisfacción". Entre ellas, explica Amnistía, "figurarían las encaminadas a impedir las violaciones ocurridas en el pasado –como la reforma de la legislación, de los procedimientos administrativos y de las prácticas–, el reforzamiento del sistema judicial y la promoción de la educación en derechos humanos".
Sólo con estas directrices, una Comisión de la Verdad será capaz de alcanzar la verdad, la justicia y la reparación. Para empezar, queda por saber si las palabras del Ejecutivo pasarán a las acciones.
¿Qué pasará con el Valle de los Caídos una vez sean exhumados los restos del dictador Francisco Franco? ¿El mausoleo fascista seguirá teniendo el mismo sentido que ha tenido durante los últimos 40 años? Estas son las preguntas que, desde hace semanas, intenta resolver el Gobierno de Pedro Sánchez. Las respuestas continúan en el aire, pero ya hay algunas cuestiones que el líder del Ejecutivo tiene claras. Por ejemplo, que el Valle de los Caídos no va a albergar un museo de la memoria por la dificultad de arrancarle la connotación franquista que le acompaña. O que España creará, al menos esa es la intención, una Comisión de la Verdad "que sea lo más plural posible e incorpore todas las perspectivas históricas sobre la Guerra Civil y la dictadura" para que, "de una vez por todas, se cierren esas heridas", según explicó el propio Sánchez.