El Tribunal de Cuentas (TCu) ha aceptado este martes devolver a Esquerra Republicana, tras admitir los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), los 2,1 millones de euros que depositó como garantía de la presunta responsabilidad contable de exaltos cargos del Govern por el presunto desvió de fondos para la acción exterior --las 'embajadas catalanas' y el Diplocat-- durante el procés, según informa Europa Press.
El Departamento Segundo de Enjuiciamiento del TCu ha estimado en un auto la petición del exconseller catalán Raül Romeva; después de que denegara una petición en el mismo sentido del partido político independentista, por tener que partir de los propios encausados.
Una decisión del órgano fiscalizador que llega después de que durante la vista oral celebrada el pasado 12 de julio la Fiscalía cambiara de criterio para apoyar la devolución del dinero a ERC.
El motivo de esa vista fue que el exconseller pidió que se devolvieran a ERC los 2,1 millones que depositó por su presunta responsabilidad contable y las de las demás personas que responden solidariamente con él, otros 19 demandados. Hasta entonces, el Ministerio Fiscal se había mostrado en contra de la devolución.
En su auto, contra el que no cabe recurso, el TCu estima la solicitud de medidas cautelares de Romeva al considerar que con las garantías del ICF, dependiente de la Generalitat, sí se cumplen los requisitos legales y son suficientes si los encausados son luego condenados. Esos avales, según el TCu, tienen carácter solidario, una duración indefinida y son pagaderos a primer requerimiento.
Sobre el cumplimiento del requisito de la suficiencia de la medida cautelar sustitutoria, el órgano fiscalizador ha comprobado que la cantidad total reclamada al exconseller por Sociedad Civil Catalana (SCC) en su demanda asciende a 939.797,80 euros, mientras que, en el escrito del Ministerio Fiscal, es de 1.390.452,08 euros.
Y, por otro lado, el TCu precisa en el auto que la cantidad total máxima garantizada por la suma de los 9 avales del ICF otorgados a aquellos concretos demandados que han pedido expresamente la sustitución del depósito constituido por ERC por los avales públicos que les ha otorgado individualmente, asciende 1.400.766,13 euros.
El giro del fiscal
Según aseguró el fiscal en la vista, "las cantidades reclamadas ya están aseguradas y no tiene ningún sentido mantener este dinero depositado por ERC", por lo que no se opuso a la sustitución que habían solicitado los miembros del partido independentista.
Entre sus motivos, el fiscal esgrimió que los 2,1 millones depositados por la formación política, "aunque nos hayamos acostumbrado a minimizar su importe, es demasiado importante para no hacer fácil la actividad patrimonial de quien lo ha aportado".
El abogado de Romeva, también en nombre del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, consideró "absolutamente razonable y acertada" esa nueva postura de la Fiscalía y explicó que ERC aportó esos 2,1 millones para impedir que se embargaran bienes a sus miembros. "No se trata de sustituir el depósito por los avales", sino de asegurar un método y no mantener una "duplicidad de garantías", indicó.
Y señaló que el aval es mejor garantía porque es "indefinido", mientras que ERC, con el depósito, no ofreció un plazo de duración y lo aportó "de manera preventiva", por lo que "está legitimada" para pedir esa devolución. Si el dinero no se le devolvía al partido, "restringiría de modo grave su actividad patrimonial", afirmó.
El mismo parecer tuvo la defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont, favorable a admitir los avales y a devolver el dinero a ERC para "evitar duplicidades" en el procedimiento, que se sigue contra 35 personas, en su mayoría excargos del Govern, por el presunto desvío de fondos públicos para sufragar el referéndum del 1 de octubre de 2017 y las denominadas 'embajadas catalanas'.
Por su parte, SCC se ratificó durante la vista en oponerse a los avales presentados por el ICF, defendió que el depósito es "la forma más sencilla de cumplir con lo mandado por el Tribunal" y a la salida mostró su "asombro" por el cambio de opinión del fiscal.
Demandas de la Fiscalía y SCC
Fiscalía reclama a los excargos catalanes, de forma conjunta y solidaria, 3,4 millones de euros en concepto de responsabilidad contable por los fondos presuntamente desviados para el procés, rebajando así la cifra estimada por el órgano fiscalizador, que la fijó en 9,5 millones de euros.
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Según explicó entonces el Ministerio Público, la responsabilidad contable de algunos de los encausados disminuyó "de manera considerable respecto del importe reclamado por la instructora" del Tribunal de Cuentas y respecto de la demanda de SCC porque "los demandados y las cuantías son divergentes".
Sociedad Civil Catalana, por su parte, presentó demanda contra 11 exaltos cargos del Govern, entre ellos los expresidentes Puigdemont y Artur Mas, y el exvicepresidente Oriol Junqueras, a los que reclama 5,3 millones en concepto de responsabilidad contable.
Inicialmente, el TCu fijó en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable por la acción exterior de Cataluña a través de las denominadas 'embajadas catalanas' y el Diplocat, y cifró en 4,1 millones los gastos vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017. Al haberse fusionado ambas actuaciones en un solo procedimiento, el importe total alcanzaba los 9,5 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas (TCu) ha aceptado este martes devolver a Esquerra Republicana, tras admitir los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), los 2,1 millones de euros que depositó como garantía de la presunta responsabilidad contable de exaltos cargos del Govern por el presunto desvió de fondos para la acción exterior --las 'embajadas catalanas' y el Diplocat-- durante el procés, según informa Europa Press.