San Miguel Alto es el cerro que, por encima del Albaycín granadino, observa imperturbable los cambios que el paso del tiempo ha imprimido sobre la ciudad de Granada. Un camino escarpado de empedrado y tierra lleva hasta una colina que esconde bajo su suelo decenas de cuevas habitadas, cuya propiedad llevan años disputándose ocupantes y Ayuntamiento. Un conflicto histórico que en la madrugada del pasado 20 de marzo se saldó con la detención de uno de sus moradores en una operación policial que de momento, no ha logrado expulsar del terreno a sus ocupantes, que trabajan ahora para reivindicar su derecho a poblar las cuevas y denunciar la brutalidad de la que dicen, fueron víctimas durante la actuación de la Policía municipal.
Habitadas en algunos casos por gente cuya titularidad ha sido acreditada en los tribunales, simplemente ocupadas en otros, o cedidas entre propietarios, las cuevas configuran un mosaico de situaciones jurídicas tan dispares que complican la resolución temprana de un conflicto que el Ayuntamiento de Granada, gobernado por el PP, ha decidido enmendar con operaciones policiales. No obstante, ninguno de los sucesivos intentos de desalojo realizados en 2007, 2010, 2013 y 2014 parece haber logrado otra cosa que acrecentar las tensiones y poner cada vez más en entredicho la forma de proceder y las motivaciones del Consistorio nazarí.
Obstinado en el sellado de las cuevas y en expulsar a sus moradores, el Ayuntamiento de Granada apenas invierte recursos en el acondicionamiento de la zona. Un acceso visiblemente deteriorado, carente de cualquier alumbrado y con nulas condiciones de seguridad pública, son muestras visibles del estado de abandono en el que viven buena parte de los vecinos de una de las zonas históricas de la ciudad de la Alhambra. Las quejas de los vecinos ya son poco más que un rumor resignado, cansados de que la Administración relegue sistemáticamente todas sus peticiones de mejora. "Llevamos años pidiendo que nos pongan al menos farolas, son años subiendo a nuestras casas con una linterna”, protesta una vecina que lleva más de seis décadas viviendo en una de las casas próximas a las cuevas. “Y de la policía olvídate, aquí jamás suben", reprocha. Una situación que el concejal de IU, Paco Puentedura, sólo explica con el “interés del Ayuntamiento en que se degrade la zona para generar un problema social”, creando un campo abonado que perjudica a sus vecinos tradicionales y genera conflicto.
Operación policial y declaración de ruina inminente
Amparados en “motivos de seguridad” y en un informe de riesgo de ruina inminente elaborado por el Ayuntamiento, la madrugada del pasado 20 de marzo un dispositivo de la Policía municipal, equipado con material antidisturbios y acompañado de maquinaria para proceder al sellado de siete cuevas, despertó a los vecinos que habitan la colina. Un despliegue que la concejala de Urbanismo del Consistorio de Granada, Isabel Nieto, calificó como “necesario” a fin de “evitar que aquello se convirtiera en un en un campo de batalla”. Justo el escenario que paradójicamente describen indistintamente los vecinos del cerro. “Yo me desperté con el sonido de una pelota de goma”, relata uno de los moradores de las cuevas.
“Llegaron a las seis y pico y a las siete ya estaban dando palos”, recuerda. Hechos que Nieto desmiente: “Se acudió a las siete de la mañana con autorización judicial y con Policía”, reconoce, pero precisa que fue “a efectos de evitar que se organizara un ejército de personas, de manera que en unas cuantas horas todo había terminado sin ningún tipo de enfrentamiento.” Un punto de vista que tampoco coincide con el de alguno de los vecinos de la zona, que afirman que la Policía lo cercó todo, cerrando las salidas, lo que hizo que algunos de los muchachos que viven allí se pusieran nerviosos.
Maquinaria pesada en una zona de especial protección
“Destruyen las cuevas. No lo permitiremos”, rezan varios carteles al que acompaña el logotipo de una máquina excavadora. Lo han creado los moradores para denunciar el uso de maquinaria pesada sobre el cerro de San Miguel, una zona que está especialmente protegida y sometida a “cautela arqueológica”. Una catalogación que obliga al Ayuntamiento a presentar ante la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía un “proyecto de intervención arqueológica”.
Se trata de un documento que según esta Administración “no consta” en su registro. “El Ayuntamiento no respetó todas las cautelas que establece Cultura”, declaró a infoLibre Paco Puentedura, que anuncia que presentarán una denuncia por incumplimiento de las exigencias de esta Administración. En este sentido, los testimonios de los vecinos del cerro coinciden con las afirmaciones del edil.
Un paraje privilegiado amenazado por la especulación
La necesidad urgente de sellar algunas de las cuevas para garantizar la seguridad de la gente, es el principal argumento que emplea el Ayuntamiento de Granada. Sin embargo, tanto para los moradores como para Paco Puentedura, la declaración de ruina inminente es sólo una maniobra del Consistorio para forzar el desalojo y disponer de un terreno de gran valor turístico y especulativo y que hasta la fecha, se ha mantenido fuera los circuitos habituales de una de las ciudades que acoge más turistas de toda España.
En este sentido, el edil alude a un documento redactado por el Consistorio en el año 2007 y anulado por la Junta de Andalucía que explicaría el interés especulativo de la zona. “El Ayuntamiento lo dejó escrito negro sobre blanco en el Plan Especial AlbaycínPlan Especial Albaycín, donde ya se definía la intención de hacer una zona de alojamientos turísticos”. Una sospecha que se ve reforzada con la existencia de un antiguo proyecto hotelero en la colina. Un plan que por el contrario, desmiente con rotundidad la concejala Nieto: “Eso es imposible porque es una zona de especial protección paisajística y es una zona de suelo no urbanizable, de manera que allí no se puede construir nada”
Doble venta del terreno y múltiples propietarios
Ni la declaración de ruina inminente, ni las operaciones policiales serán suficientes para clarificar los derechos de titularidad de un terreno, cuya suma de propietarios legítimos, sugiere los tribunales como único escenario posible para dirimir los derechos de unos y otros. El Ayuntamiento, parcialmente propietario de unos 26.000 metros cuadrados, adquiridos en la subasta que la Delegación del Gobierno realizó en la década de los setenta, tiene que lidiar con propietarios cuyos derechos de titularidad sobre las cuevas –situadas en el mismo área–, se derivan de la venta a los moradores que en los años 50 realizó el Patronato de Santa Adela, entonces propietario de la colina. Un proceso de doble venta sobre un mismo territorio que sólo puede resolverse a través de procedimientos judiciales. En este sentido, al menos siete vecinos de San Miguel ya habrían logrado demostrar la titularidad de las cuevas.
El Cerro de San Miguel se enfrenta ahora a una compleja situación administrativa en la que la convivencia entre propietarios legítimos con moradores okupas y vecinos tradicionales, dificulta la acción conjunta en nombre de la defensa de los derechos de quienes se han hecho llamar trogloditas. Una coyuntura que ha degenerado en un abandono que perjudica a sus más antiguos y legítimos vecinos, al tiempo que allana el terreno al Ayuntamiento para justificar futuras acciones de desalojo como las acontecidas el pasado mes de marzo. De momento, los vecinos junto con el respaldo de Stop Desahucios Granada luchan por combatir el derecho a habitar las cuevas de San Miguel.
Quién, qué y cómo
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Quién:@LasCuevasResist
Qué:
Cómo
San Miguel Alto es el cerro que, por encima del Albaycín granadino, observa imperturbable los cambios que el paso del tiempo ha imprimido sobre la ciudad de Granada. Un camino escarpado de empedrado y tierra lleva hasta una colina que esconde bajo su suelo decenas de cuevas habitadas, cuya propiedad llevan años disputándose ocupantes y Ayuntamiento. Un conflicto histórico que en la madrugada del pasado 20 de marzo se saldó con la detención de uno de sus moradores en una operación policial que de momento, no ha logrado expulsar del terreno a sus ocupantes, que trabajan ahora para reivindicar su derecho a poblar las cuevas y denunciar la brutalidad de la que dicen, fueron víctimas durante la actuación de la Policía municipal.