La UCO interroga a funcionarios que junto con Cifuentes dieron un contrato al exjefe de la patronal madrileña

La investigación sobre la presunta financiación del PP madrileño en el marco de la Operación Púnica ha colocado bajo la lupa a los funcionarios que, en 2011 y junto con la hoy presidenta del Ejecutivo regional, Cristina Cifuentes, integraban el "comité de expertos" cuya valoración de ofertas inclinó la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid en favor del entonces jefe de la patronal autonómica, Arturo Fernández. 

Donante de la fundación Fundescam, a través de la cual el PP captó fondos para las campañas de Esperanza Aguirre desde 2003, el año del tamayazo, y adjudicatario de múltiples contratos de la Comunidad de Madrid, Arturo Fernández ya declaró en calidad de investigado hace dos semanas ante el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, 

Fuentes conocedoras de lo sucedido han confirmado a infoLibre que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha interrogado al menos a uno de los tres empleados de la Cámara autonómica relacionados con aquella decisión, aunque otras fuentes indican que ya han declarado los tres: la jefa de servicio M.M. y el técnico asesor A.Z., que formaban parte del comité, y la letrada T.R. De momento, no consta que el instructor de Púnica, Eloy Velasco, les haya citado a comparecer o haya decidido hacerlo, aunque algunas fuentes conocedoras del caso indican lo contrario.

A través de los portavoces oficiales de la Asamblea de Madrid, este diario ofreció el martes a los tres empleados públicos aportar su versión de los hechos. Ninguno de ellos accedió.

Bajo el argumento de que la causa permanece bajo secreto de sumario, la Cámara autonómica declinó asimismo corroborar si ha puesto a disposición de alguno de ellos o de los tres los servicios jurídicos de la institución.

El equipo de Cristina Cifuentes también rehusó cualquier pronunciamiento, aunque sus portavoces siempre han remarcado que la jefa del Gobierno madrileño pertenecía a aquel comité de expertos de 2011 por su condición de vicepresidenta de la Asamblea. Y que se guió por el criterio de los técnicos.

La participación de Cifuentes en ese comité trascendió el 28 de septiembre de 2016. Dos medios digitales –elconfidencial.com e informacionsensible.com, este último vinculado al célebre comisario José Manuel Villarejo– publicaron ese día el acta del comité de expertos que, el 21 de junio de 2011, otorgó a la empresa de Arturo Fernández la puntuación más elevada en el concurso para la concesión de la cafetería y el comedor de la Asamblea de Madrid. 

Dos concursos en competición y el tercero, en solitario

El pliego de condiciones de aquella licitación establecía cinco criterios como "base para la adjudicación". Uno de ellos –el precio ofertado– era de "valoración automática". Los otros cuatro implicaban un "juicio de valor".

Uno de esos cuatro criterios, el número 3, era el de las referencias de trabajos efectuados de forma satisfactoria en los tres años previos cuya certificación pudiera aportar cada aspirante. La puntuación máxima asignable era de 30 puntos. Uno de los tres licitadores, el grupo Clece, obtuvo en ese apartado la nota más alta: 28,5 puntos, 3,5 más que Cantoblanco Colectividades, la empresa de Arturo Fernández que resultó finalmente adjudicataria.

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Otro de los criterios subjetivos, el número 2, medía la "calidad de los alimentos y de los suministradores", valorado con hasta 20 puntos. Ahí, Clece, la empresa que había logrado la máxima puntuación en lo relativo a trabajos previos desarrollados con éxito, cosechó un 0. La misma nota recibió en el apartado relativo a mejoras adicionales ofrecidas. infoLibre preguntó este miércoles a los portavoces de Clece qué factor podría explicar la enorme discrepancia de notas parciales. La empresa, que en 2009 ya había quedado por detrás del ganador Cantoblanco Colectividades en el concurso convocado aquel año para adjudicar igualmente la cafetería y el comedor de la Asamblea de Madrid, no dio respuesta.

A la licitación lanzada en 2013 por la Cámara Autonómica con el mismo objetivo –adjudicar por un año la gestión de la cafetería y el comedor– solo optó ya Arturo Fernández. Pero esta vez lo hizo a través de otra de sus empresas, Grupo Cantoblanco Restauración, que se alzó con el contrato en julio de aquel año.

El 14 de diciembre de 2012, la Asamblea de Madrid había recibido de la Seguridad Social una orden de embargo por 400.000 euros contra la facturación de la mercantil de Fernández que entonces todavía gestionaba el servicio de restauración de la Cámara, Grupo Cantoblanco Colectividades SL. Poco después de que la Guardia Civil requiriese a la Asamblea de Madrid los contratos otorgados a empresas del exjefe de la patronal CEIM, Fernández aseguró a este diario que había saldado aquella deuda con la Seguridad Social y que, por tanto, cumplía los requisitos exigidos para obtener adjudicaciones públicas.